El abogado de Correa solicitará la nulidad del proceso por escuchas ilegales

La defensa del presunto 'cerebro' de la trama Gürtel, Francisco Correa, solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la vía de recursos "la nulidad de las actuaciones" del proceso penal instruido por el juez Antonio Pedreira por "las escuchas ilegales" que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.

"No hay apoyo legal ni constitucional para las escuchas", aseveró el letrado José Antonio Choclán, quien baraja la posibilidad de interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez Garzón y contra la Fiscalía Anticorrupción. La primera querella se basaría en un delito contra las garantías constitucionales, recogido en el artículo 536 del Código Penal. Choclán cree que Garzón quebrantó las garantías constitucionales al permitir unas escuchas en prisión sin previa autorización.

Este precepto legal establece que "la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años".

Según el abogado, el magistrado dictó un auto para autorizar las intervenciones telefónicas al anterior abogado de Correa, Manuel Delgado Solís, y al letrado del ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el 'segundo' de la trama corrupta. Iniciado el procedimiento judicial, Delgado Solís pasó la venia de la defensa de Correa a Choclán, sin emitir un nuevo auto que autorizase intervenir sus conversaciones. "Garzón tendrá que explicar por qué ha intervenido unas comunicaciones sin dictar un auto para autorizarlo", apostilló Choclán, a lo que añadió: "LLegaré hasta donde pueda en este asunto porque quebranta las garantías constitucionales".

La querella contra la Fiscalía Anticorrupción se basaría en la omisión del Ministerio Público por no actuar a sabiendas de las presuntas ilegalidades de las intervenciones de las conversaciones en la cárcel de Soto del Real.
Asimismo, el abogado de Correa emplazó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a emitir "una reacción" al respecto, puesto que "este asunto va más allá" del 'caso Gürtel'. "Estos hechos son gravísimos porque afectan al ejercicio del Derecho de Defensa en un Estado de Derecho. No existe precedente alguno", apuntó Choclán, quien ha recibido el apoyo de miembros de la carrera judicial y de la Abogacía.

Control del procedimiento desde prisión
Estas escuchas ilegales destaparon que Correa y Crespo trataron de controlar el procedimiento desde prisión. En una de las conversaciones intervenidas en el locutorio de la prisión, fechada el 2 de marzo de 2009, Correa y su abogado tratan cuestiones como el material comprometido y la coordinación de abogados "a nivel global", que importa "mucho que no haya fugas", porque "muchas veces, lo que perjudica una línea de defensa son las mismas".

En otra conversación, Crespo y su letrado hablan de controlar las relaciones con el juez y las fiscales del caso, teniendo en cuenta que Choclán es ex magistrado de la Audiencia Nacional y mantuvo relaciones profesionales con Concha Sabadell, una de las fiscales de la instrucción en el TSJM.

Sin perjuicio para arcas públicas
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, afirmó este jueves que "no se ha producido ningún perjuicio para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid que requiera ninguna actuación de reintegro".

Después de que el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid afirmara que pedirán que se devuelva a las arcas públicas los fondos públicos presuntamente utilizados "de forma, al menos torticera" en la trama Gürtel, Muñoz defendió que "tanto la comparecencia en la Asamblea del Interventor General de la Comunidad de Madrid, José Manuel Barberán, así como la del Consejero de Hacienda, Antonio Beteta, dejaron muy claro que todos los contratos afectados se habían ejecutado y habían prestado los servicios correspondientes".

Muñoz, que lamentó que Franco "haya entrado en la dinámica de entender la política desde la manipulación, la mentira y la incoherencia", se preguntó si "desde el PSOE pedirán explicaciones por los escándalos de los alcaldes y ex alcaldes socialistas de Pinto, Leganés, Ciempozuelos, Getafe y Torrejón".

Además, según explicó Muñoz Abrines, de acuerdo al ordenamiento jurídico, "el PSOE debería devolver una cantidad equivalente al doble del exceso percibido". En este sentido, consideró que "el PSM estará haciendo ahora los trámites oportunos para pagar y devolver 500.000 euros".