MDO/E.P. | Jueves 01 de octubre de 2009
Las ex concejalas socialistas de Cultura, Rita Salinas, y Empleo, Yolanda Sevilla, declararon este jueves como imputadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ni el secretario municipal del Ayuntamiento, Honorato Ramos, ni la interventora, Teresa Pascual, informaron de que se podía estar cometiendo una irregularidad con la aprobación del pago de 100.000 euros a la empresa 'Cuadrifolio' en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura.
Las ex concejalas socialistas de Cultura y Empleo en la anterior legislatura, Rita Salinas y Yolanda Sevilla, respectivamente, declararon hoy como imputadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ni el secretario municipal del Ayuntamiento, Honorato Ramos, ni la interventora, Teresa Pascual, informaron de que se podía estar cometiendo una irregularidad con la aprobación del pago de 100.000 euros a la empresa 'Cuadrifolio' en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura.
Las dos ediles ratificaron la versión que ayer ofreció en su comparecencia el ex regidor de Leganés y actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez.
En este sentido, Rita Salinas explicó que el secretario se limitó en aquella Junta a "enumerar los puntos del orden del día". "De lo contrario, si hubiese sido irregular, podría haber paralizado la aprobación del pago y haberla dejado sobre la mesa".
Por la sala del TSJM han pasado ya el ex alcalde y los que fueran concejales de Urbanismo, Florencio Izquierdo; Obras, Mariano Maroto; Empleo, Yolanda Sevilla; y Cultura, Rita Salinas. Queda pendiente para el próximo día 6 la comparecencia, también en calidad de imputado, del ex concejal de Medio Ambiente, Francisco Arroyo.
Por su lado, según el portavoz del PP, Jesús Gómez -personado en la causa-, la ex concejala de Cultura habría contradicho hoy la versión de Pérez Ráez al admitir que tanto el secretario municipal como la interventora sí emitieron un informe negativo sobre la contratación y el pago.
El Tribunal intenta averiguar si el pago de estos 100.000 euros se realizó de manera irregular al no convocarse concurso público para la contratación del servicio -el alquiler de unas carpas en el polígono 'Leganés Tecnológico'- y al eludirse la reserva de crédito previa en Intervención.
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