Cobrar mejor y, especialmente, ayudar a que los inquilinos paguen. El Instituto de la Vivienda de Madrid ha contratado a una empresa para garantizarse el cobro de todos los alquileres que gestiona, pero también para ayudar a las familias con dificultades a cumplir con sus obligaciones.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a esta iniciativa, que supone la creación de una red de cinco oficinas de cobro y asesoramiento. En las mismas el inquilino podrá
pagar su renta mensual y resolver sus dudas, y será especialmente asesorado en la
domiciliación bancaria de los pagos con el fin de combatir el 5% de la morosidad que existe entre todos los adjudicatarios. Esta cifra es muy reducida si se tiene en cuenta que otras promotoras de vivienda pública arrastran tasas de hasta el 50%, pero el IVIMA no renuncia a rebajarla hasta el 0%.
Hasta agosto de este año, el Instituto vio como la crisis empujaba al 10% de sus adjudicatarios a pedir una
rebaja en el alquiler mensual. Dado que la única oficina del IVIMA se encontraba en la calle Basílica, en la capital, no todos los inquilinos podían desplazarse para cursar sus peticiones u obtener información de cómo aplazar sus pagos.
Para paliar esta situación, la contratación de esta empresa supone la puesta en marcha de cinco oficinas
en las que un equipo de
trabajadores sociales harán un seguimiento a las familias con dificultades sociales o económicas, posibilitándoles aplazamientos del pago de deuda acumulada y asesorándoles para mejorar su situación. Según confirmaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a
Madridiario, estos locales estarán situados en
Aranjuez,
Alcalá de Henares y tres de ellos en
Madrid capital. Sus direcciones se conocerán en breve.
Alquileres entre 200 y 250 euros
El IVIMA gestiona hoy 47.000 inmuebles de titularidad pública entre viviendas en alquiler (23.000), plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). Los adjudicatarios de las mismas son en un elevado porcentaje, aunque no todos, personas con ingresos limitados o colectivos en riesgo de exclusión, y cada uno paga de media por el alquiler entre
200 y 250 euros.
El servicio que arranca con el acuerdo de este miércoles complementará el del
Servicio de Inspección de Viviendas, responsable de vigilar la correcta conservación de los inmuebles y de resolver los casos de conflictividad vecinal o las ocupaciones ilegales.