La Cañada Real Galiana va a desafectarse sí o sí, pese a las protestas de los Ayuntamientos, aunque buscando "el mayor consenso posible". Tras la ruptura del acuerdo inicial y las denuncias de "engaño" por parte de Madrid, Rivas y Coslada, la Comunidad quiere que la solución al asentamiento ilegal se apruebe sin enfrentamientos, pero al tiempo presiona a los consistorios para sacar adelante la normativa.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre mostró este martes muy ofendido después de que los ayuntamientos implicados le hayan acusado de modificar por su cuenta el borrador que se firmó hace dos meses. La consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño,
calificó de "barbaridades" esas afirmaciones. Francisco Granados, consejero de Interior, aseguró tras reunirse con la Delegada del Gobierno que llamarles
mentirosos "sobrepasa los límites de lo permitido". La propia presidenta regional y del PP de Madrid aseguró que no se ha modificado ningún punto desde la primera reunión, salvo el añadido de que se contará con la
opinión de los vecinos para la desafectación, recalificación del suelo y posterior venta de parcelas.
El nudo gordiano de la cuestión es cómo se va a resolver la cuestión social, es decir, la infinidad de casos particulares que existen entre los 40.000 habitantes de la Cañada. Como informó
Madridiario, la ley propuesta por Esperanza Aguirre supone que la Comunidad decrete que el territorio deja de ser vía pecuaria para ser suelo patrimonial. Hecho esto, los consistorios implicados recalifican las parcelas y la Comunidad las cede, permuta o vende a quienes quieran comprarla o a quienes se les reconozcan derechos de propiedad. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se hace esto?
El problema pasa a los ayuntamientos
En la práctica, la Comunidad actúa como intermediario y garante en el proceso, pero son los ayuntamientos los que tendrán que asumir la gran mayoría de los servicios que darán a sus nuevos vecinos 'legalizados'. No deja de ser paradójico, recalcan los propios residentes, que muchos paguen incluso el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y estén empadronados pero no tengan ni si quiera luz o agua corriente.
La ruptura ha llegado porque Madrid, Rivas y Coslada (los asentamientos en terrenos de San Fernando y Getafe son mínimos) quieren asegurarse de que se pacten los realojos, permutas y servicios sociales de toda esa población antes de tener que encargarse del problema. En efecto, se pactó que la solución se alcanzaría en
un plazo de 2 años como máximo, pero exigen que la Comunidad no pueda negociar ni una sola parcela hasta que ello no se consiga. De lo contrario, recalcan, en cuanto recalifiquen el suelo se encontrarían con que el Ejecutivo vendería las parcelas mientras que ellos se quedarían de golpe con un
problema humanitario de enormes dimensiones.
La Comunidad exige ahora que los ayuntamientos
no se echen atrás, consciente tanto del gran problema social que solucionaría como de los réditos a nivel de imagen que supondrá poner fin a una situación que dura 50 años. El Ejecutivo asegura que ha cogido el toro por los cuernos y ha hecho "lo que los ayuntamientos venían pidiendo hace años: abanderar una solución. Por ello, está dispuesta a hacer variaciones en el proyecto de ley que ha provocado la ruptura del acuerdo y a mantener las reuniones que sean necesarias, pero no a plegarse a absolutamente todas las demandas municipales, porque de lo contrario no habría ley. Por el momento, Esperanza Aguirre tiene el apoyo del PSOE y la Delegación del Gobiero de Madrid.