Canalda ha subrayado que, si alguien planteara la objeción de conciencia contra la asignatura, habría un "problema" para las Administraciones, ya que es obligatoria y la escolarización también lo es hasta los 16 años y, por otro lado, está el derecho de los padres a que los hijos sean formados según sus convicciones.
Ha explicado que la asignatura tiene unos contenidos mínimos, establecidos por la Administración central, que las Comunidades Autónomas pueden adaptar y elaborar los propios según sus competencias. "Hay que trabajar en consensuar un modelo que no genere ninguna duda en ningún ciudadano", ha insistido el Defensor del Menor.
La enseñanza es un derecho y una obligación y "no debería generar controversias", pues con la "educación y los niños no se juega", ha concluido.