Cobrar por trabajar

Ya ve usted, qué excentricidad: las trabajadoras de ayuda a domicilio de Pinto quieren cobrar por su trabajo. Resulta que llevan cuatro meses haciéndolo gratis, lo cual es duro siempre pero seguramente lo es aún más en casos de economías débiles. La historia se ha repetido en muchos municipios distintos: el ayuntamiento de turno ofrece un servicio a sus ciudadanos, destina parte de los impuestos locales a financiarlo, pagando a una empresa privada para que lo lleve a cabo, y luego se despreocupa absolutamente de lo que acontezca en dicha firma, de las condiciones laborales de sus trabajadores o de cualquier otra circunstancia que tenga que ver con su marcha.

Muchos gobiernos, locales y regionales, encabezados por políticos de diferentes signos, han optado porque parte de sus servicios públicos los gestionen empresas privadas, o que sean éstas las que directamente los presten, a cambio de una cantidad prefijada. Lo normal y lo legal es que la empresa en sí se elija por concurso público, en libre concurrencia de ofertas. Y eso lleva muchas veces a seleccionar a la que ofrece dar el servicio por menos dinero, en el mal entendido de que así se cuidan más los intereses ciudadanos y se invierte mejor el dinero público.

Desgraciadamente, en muchas ocasiones se comprueba cómo lo más barato resulta que se consigue a base de tener menos trabajadores, o peor retribuidos. Y no es la primera ni la segunda vez que dichos empleados acaban haciendo huelga para conseguir unas condiciones salariales más dignas, ocasionando de paso el cese temporal de la prestación que se debía dar a los ciudadanos, con lo que al final los impuestos no se han aplicado bien.

En el caso de Pinto, al parecer la empresa que tiene adjudicado el servicio a domicilio no paga a sus trabajadoras desde hace cuatro meses porque dice que no tiene dinero. Me cuesta entender cómo es que desde el Gobierno municipal no se controla más de cerca el funcionamiento de las empresas a las que se adjudican servicios; cómo no se dio la voz de alarma al primer retraso, a la primera duda sobre su solvencia; por qué entienden los consistorios que pueden entregar a una empresa la prestación de un servicio y después olvidarse de ello, como si no siguiera siendo una responsabilidad municipal.

Hay situaciones que a los gobiernos, locales, regionales y centrales, les resultan especialmente molestas o gravosas. Suele coincidir con aquellas que salen en los papeles y ponen la cara roja a algún dirigente político. En esos casos, es común que el interesado en acallar las críticas encuentre raudo un atajo entre los interminables pasillos de la burocracia. Cuando se quiere, se puede. Eso mismo deben pensar las trabajadoras de Pinto. Cuatro meses trabajando y sin cobrar: pónganse en su caso.