Dos años y medio después de la entrada en vigor de la ley, las Administraciones siguen tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la financiación de la dependencia. Madrid no es una excepción.
Hay mucho que abarcar y poco dinero. La dependencia sale cara y garantizar ese nuevo derecho a los ciudadanos cuesta más de lo que podría parecer en un principio. El esfuerzo presupuestario que exige su puesta en práctica a las Administraciones ha levantado ampollas casi desde el primer momento entre el Estado y las comunidades autónomas.
La ley establece el copago de los servicios: una parte es sufragada por la Administración —a partes iguales entre el Estado y la comunidad autónoma— y la otra, por los propios beneficiarios en función de su renta. Hasta ahí, todo parece claro. Pero el dinero que ha entrado en Madrid para financiar la atención a la dependencia —
80,6 millones de euros entre 2007 y 2009,
además de la financiación automática por cada dependiente reconocido—
no le parece suficiente al Gobierno autonómico.
A juicio de la consejera del ramo, Engracia Hidalgo,
la financiación es “inadecuada e insuficiente”. Inadecuada, porque “no tiene en cuenta el coste unitario de los servicios, ya que el Estado aporta entre 70 y 264 euros al mes a las arcas regionales por cada persona reconocida, con independencia de la prestación que se reconozca”, es decir, tanto si se le van a dar unas horas de ayuda a domicilio como una plaza residencial, cuyo coste es mucho mayor. E “insuficiente, porque no se cumple con la premisa de que
Estado y Gobierno autonómico financien a partes iguales el coste de los servicios, una vez descontada la aportación del usuario”.
Congelación presupuestaria
Según UGT, el Gobierno regional solo destinó 720 euros en 2007 a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, mientras que el Gobierno ingresó ese año 23,4 millones en las arcas regionales por ese mismo concepto. Y en 2008, según el sindicato, Madrid destinó 17,5 millones mientras el Estado inyectó 28 en la Comunidad.
Y, por si todos estos meses de bronca política hubieran sido pocos, el Gobierno central apuntó este viernes que, "en principio",
el presupuesto para el desarrollo de la Ley de Dependencia quedará congelado en 2010, lo que provocó una protesta inmediata de la Comunidad de Madrid.
Broncas financieras aparte, la proverbial lentitud de la aplicación de la ley en Madrid, reflejada un mes tras otro en los datos del Sistema Estatal de Atención a la Dependencia (SAAD), ha provocado que tanto el PSM —a través de su portavoz de Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera— como IU y los sindicatos UGT y CCOO
acusen al Gobierno regional de “boicotear la ley con fines partidistas”. Las palabras “desastre” o “parálisis” salen a relucir cada vez que una de estas instituciones se refiere al avance de la norma.
Para Sánchez Acera, la solución pasa por
aumentar las plazas residenciales —“en Madrid no se ha creado ninguna nueva en dos años”— o
potenciar la colaboración con los ayuntamientos. Desde IU, su portavoz en la Comisión de Asuntos Sociales, Pepa Amat, reclama más inspectores en las residencias y una información más extensa y mejor a los ciudadanos.
Para Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales de UGT, “los trabajadores dedicados a elaborar los PIA (
Programas Individualizados de Atención) tienen capacidad para hacer 250 por semana, pero tienen el doble de trabajo sobre la mesa”. Para su homóloga de CCOO, Ana González, el problema es que “ya
se parte de una situación deficitaria en la que ni siquiera hay plazas concertadas suficientes”. Y todo ello, en una región donde
una de cada cinco plazas privadas está vacía, según el presidente de la Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE), José Luis Palacios.
Tanto la patronal como el Gobierno regional quieren
agilizar y mejorar la atención a los dependientes apostando por las
prestaciones económicas asociadas al servicio o
‘flexiplazas’. Estas consisten en un
cheque mensual para que el usuario busque en el sector privado la atención que necesita, “"únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado”. Un “búsquese la vida”, según sus detractores, o una solución, según sus partidarios, que permite al usuario elegir la residencia o el servicio que más le guste, en vez de tener que aceptar por principio —y con penalización si no lo hace— el que le ofrece la Administración.