La certificación de licencias se externaliza

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este lunes el nuevo Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades que permitirá la entrada de entidades privadas como certificadoras de los permisos. La oposición había presentado dos enmiendas a la totalidad y advierten que la situación podría acabar e un tribunal contencioso-administrativo.

La oposición manifestó que, con la nueva ordenanza, podrían aumentarse los precios públicos por la tramitación de licencias  y que esto derive en una parálisis a la hora de crear empresas y, por lo tanto, empleo. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, argumentó que la norma contraviene la Ley del Suelo. Así, apeló a la autonomía de la Administración local, a lo que sumó que la ordenanza "se inspira en la filosofía de liberalización de servicios de la Unión Europea y en la Ley Omnibus que el Consejo de Ministros aprobó en mayo tras realizar una transposición de la directiva".

Bravo defendió, además, que la entrada de entidades certificantes privadas en esta gestión no es una fórmula nueva, ya que este sistema se aplica tanto en la Administración regional -con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y con la de Vehículos (ITV)- como en la central, ya que los informes de valoración del estado de los usuarios en la Ley de Dependencia son realizados por empresas externas.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, puso el acento en la "dejación de parte de sus funciones" que, con esta nueva norma, introduce el equipo de Gobierno. Para IU, el problema actual de las licencias —con más de 21.000 atascadas a finales de 2008— es la "diversidad normativa, la falta de recursos y la descreencia en lo público".

"Institucionalizar el 'Guateque"
Por su parte, el portavoz socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez, sostuvo que con la nueva ordenanza "se institucionalizará el 'Guateque' al dejar en manos privadas lo que ya estaba en manos privadas"  Además sostuvo que con la nueva norma se "alargará la tramitación y no se garantizará una mayor imparcialidad" y que, al cohesionarse esta nueva ordenanza de licencias de actividad con la ya existente, de 2005, degenerará en "confusión e inseguridad".

Bravo negó que los precios por la tramitación de licencias vayan a subir, algo que dijo que "se demostrará cuando, en otoño, se fijen los nuevos precios públicos". Juan Bravo añadió que con lo aprobado "se reforzará el papel de la función pública en disciplina urbanística".