El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó este martes que la dirección de la Policía nunca ordenó cupos de extranjeros detenidos por el único hecho de encontrarse en situación irregular, aunque reconoce que pudo haber órdenes en ese sentido en lugares como Vallecas.
Ante la comisión de Interior del Congreso, Rubalcaba dijo que "no existe ninguna instrucción, circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita dictada por los responsables policiales, que son el director general y el director adjunto operativo" para establecer un número de detenidos por no tener 'papeles'. Aseguró que la dirección de la Policía la constituyen su titular, Francisco Javier Velázquez y el director adjunto Operativo, Miguel Angel Fernández Chico.
En este sentido, Rubalcaba negó que el Ministerio haya rectificado porque nunca dio una orden en ese sentido. De esta manera, el ministro da a entender que la iniciativa surgió del jefe superior de Madrid. El objetivo prioritario que marca Interior, añadió Rubalcaba, es fijarse como "objetivo prioritario" los extranjeros, legales o ilegales, que delincan en España.
Investigar en Vallecas
El ministro reconoce que ha podido haber órdenes
en alguna comisaría como Vallecas donde se obligaba a los agentes a detener a 35 irregulares a la semana pero que se han dado instrucciones para clarificar la política seguida desde el ministerio. "La Policía española no hace redadas ilegales", concluyó tras recordar que en España estas actuaciones están prohibidas por la Constitución e invitó al PP a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia si tiene constancia de lo contrario.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, no se cree las palabras del responsable de Interior porque "si hay un ministro que controla lo que pasa en su Ministerio es Rubalcaba". Sáenz de Santamaría dijo confiar en que el PSOE haga "propósito de enmienda" y anuncie un cambio hacia una "política de inmigración sensata y serena". "Este asunto debe servir para dar un giro de 180 grados a la política de inmigración y tender a una política que favorezca la inmigración legal", agregó.
Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP aseguraron que informaron hace tiempo al Ministerio del Interior que se estaban llevando a cabo redadas indiscriminadas de inmigrantes sin papeles y que este departamento no ha hecho nada hasta que el asunto ha sido de conocimiento público. Los firmantes del texto señalan, concretamente, al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y al director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández, a los que aseguran que informaron del asunto en una reunión del Consejo de la Policía celebrada el pasado 27 de enero "sin que hasta la fecha hayan dado respuesta alguna".
Contra la Constitución
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció que las redadas policiales masivas contra inmigrantes "atentan contra la Constitución". Aclaró asimismo que la Ley de Extranjería no contempla la detención anterior al inicio de un procedimiento de expulsión e impone que sólo procede detener al sujeto como medida cautelar, una vez incoado el expediente y con las formalidades y requisitos previstos. En este sentido, recuerda el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, según el cual "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad" y que sólo prevé la privación de libertad, cuando se trate de la detención preventiva o del internamiento de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o que vaya a ser expulsada del mismo.