Los inspectores de residuos serán agentes de la autoridad

Los 300 inspectores medioambientales que se encargarán en breve de examinar los cubos de basura para comprobar si los vecinos reciclan serán agentes de la autoridad, según aclaró este martes la directora general de Gestión Ambiental Urbana, Fátima Núñez.

El Pleno de Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes la Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos, que sustituirá a la actual, de 1985. Entre las novedades de la nueva normativa destaca la elevación de las multas y la obligación de separar en origen los residuos, lo que ha generado gran polémica, ya que las sanciones por no reciclar pueden alcancar los 750 euros.

Para comprobar que se cumple la ordenanza, el Ayuntamiento encomendará a sus 300 inspectores de residuos a examinar los cubos de basura de las comunidades de vecinos, lo que según el PSOE puede causar inseguridad jurídica. La responsable del área de limpieza del Ayuntamiento aclaró este martes en la Comisión de Medio Ambiente que los inspectores tendrán con la nueva ordenanza condición de agentes de la autoridad para que puedan levantar actas.

Con la aceptación total o parcial de ocho enmiendas de la oposición, la comisión dio el visto bueno al texto de la ordenanza que ahora deberá aprobar el Pleno del Ayuntamiento. El objetivo de esta ordenanza es facilitar el reciclado e impulsar actitudes en la ciudadanía para que la ciudad esté más limpia, según apuntó la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, este miércoles.

Para ello, la normativa multará con hasta 6.000 euros a los grafiteros reincidentes y la cuantía de las sanciones de aquellos que rebusquen en la basura, tiren desperdicios o colillas a la acera o no reciclen en casa, entre otros comportamientos prohibidos, puede ascender hasta los 750 euros.

La cuantía de las multas es el principal foco de las críticas de la oposición a la ordenanza, que ha pedido que se retire. Así, la portavoz de Izquierda Unida, Raquel López, denunció que el Ayuntamiento "se sirve de argumentos ecológicos para recaudar fondos" y el PSOE exigió la reducción de las sanciones por considerarlas "desproporcionadas".

La delegada de Medio Ambiente, por su parte, defendió el uso de sanciones con el fin corregir comportamientos y puso como ejemplo la elevación de las multas por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir los accidentes de tráfico, el "único tema" del Ejecutivo central con el Ana Botella afirmó estar de acuerdo.