MDO/E.P. | Lunes 16 de febrero de 2009
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés, Ana Mercedes Merino, admitió este lunes a tramite la querella del concejal de Urbanismo y coordinador de IU en Leganés, Raúl Calle, por un presunto delito de injurias contra el ex concejal de la coalición Mariano Maroto, el ex senador Eduardo Cuenca y el afiliado Juan Antonio Mancheño.
La magistrado inicia las diligencias previas tras la querella presentada por Calle, que se fundamenta en que los tres imputados aseguraron en una nota de prensa difundida a través de la asociación vecinal 'Ciudadanos por el Cambio' que el servicio especializado en medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) habría llamado a declarar a Calle como concejal de Urbanismo a raíz de la denuncia que realizó el colectivo sobre la demolición de la ermita del siglo XVI en la Finca de la Mora.
Así, la juez pide que "se libre de oficio" al servicio especializado en Medio Ambiente de la Fiscalía "a fin de que certifique si ha citado en alguna ocasión al querellante al objeto de recibirle declaración por cualquier causa o asunto en calidad de concejal de Urbanismo e Industria del Ayuntamiento de Leganés".
Según 'Ciudadanos', la Fiscalía llamó a declarar al edil para preguntarle por las medidas adoptadas por su Concejalía tras la demolición de la ermita que llevó a cabo el titular de los terrenos durante unas obras para las que sólo tenía autorización de rehabilitación del complejo histórico.
El concejal negó los hechos y aseguró que la acusación sólo tenía como objetivo "dañar" su imagen y "poner en entredicho" la labor de los funcionarios y profesionales de la Concejalía de Urbanismo.
En su página web, el colectivo vecinal denunció la presunta "negligencia" de la Concejalía de Urbanismo "por no haber controlado las obras de rehabilitación del edificio histórico", y anunció que la Fiscalía pediría explicaciones por la "licencia de obra que se concedió" para unas obras que, finalmente, derivaron en la demolición.
La querella judicial llevó al Consejo Político local de Izquierda Unida de Leganés, el pasado 9 de junio, a iniciar un expediente sancionador contra sus tres afiliados al entender que las manifestaciones vertidas por 'Ciudadanos por el cambio' contra el coordinador, "atribuyéndole de manera falsa y a sabiendas la comisión de un delito de esquilmación del Patrimonio Histórico", suponen "un incumplimiento grave y reiterado tanto de los estatutos de IU Comunidad de Madrid como de los federales, en perjuicio de Izquierda Unida".
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