En plena tormenta por el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores, la Comunidad anunció que firmará un convenio con la Fiscalía para mejorar los protocolos de control de estos dispositivos.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, dijo que este acuerdo será el fruto de tres meses de trabajo y explicó que con él se pretende demostrar que el objetivo del Gobierno autonómico es que los niños "estén lo mejor posible".
La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor encomienda a la Fiscalía las tareas de vigilancia de la tutela que ejercen las administraciones públicas sobre los menores. No obstante, el informe de Múgica señala que "la función de vigilancia atribuida al Fiscal respecto al ejercicio por la Administración de la tutela del menor, en la actualidad es en la práctica meramente formal, y no va más allá de la simple comunicación de las resoluciones administrativas que se adoptan, situación que se viene achacando a la falta de medios de la fiscalía en
materia de protección de menores".
Precisamente, según adelantaron a
Madridiario fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, el convenio que se firmará en los próximos días tiene por objeto mejorar la coordinación entre la Comunidad y la Fiscalía para ejercer esa función de vigilancia de la tutela.
Este protocolo se firmará una semana después de que el Defensor del Pueblo haya alertado de
situaciones anómalas en varios centros de menores, entre ellos el de
Picón de Jarama, en Madrid. En este sentido, la consejera quiso mostrar su respaldo a los trabajadores de estas instalaciones y negó que se haya maltratado a los adolescentes.
Por otro lado, la portavoz socialista de la comisión de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, llamó "irresponsable" a Engracia Hidalgo, por cuestionar el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores y, en concreto, las referencias que hace al Centro Picón del Jarama.
"Todos podemos coincidir en que no es propio de una responsable política intentar tapar los errores de su Administración intentando dejar en evidencia a la institución del Defensor del Pueblo de España", indicó.
La diputada afirmó que el informe "no habla de los 4.500 niños tutelados por la Comunidad de Madrid, ni de los 1.700 que viven 'repartidos' en 125 centros con más de 2.600 profesionales". Así, apuntó que el Defensor del Pueblo ha estudiado los centros terapéuticos de menores poniendo especial atención en el centro Picón del Jarama gestionado por la fundación O'Belén, "dependiente" del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y en el que actualmente hay 44 menores.