Palabras con borlas que muestran lo contrario de lo que expresan. El Centro de Adaptación Psicosocial del Jarama, en Paracuellos, ha salido en los papeles del Defensor del Pueblo porque parece ser que a los jóvenes rebeldes, que viven en estos correccionales cuando se pasan de la raya, se les aplican métodos coercitivos y castigos que poco tienen que ver con el tratamiento adecuado a estos adolescentes con problemas de conducta.
En los tiempos pasados y negros de la dictadura franquista, a los que se oponían a las rigideces de los amigos del régimen de oprobio e ignominia se les aplicaba La Gandula, la famosa Ley de Vagos y Maleantes, y eran conducidos a la cárcel. Cuando había que castigar a los jóvenes se les enviaba a correccionales o reformatorios, que eran establecimientos penitenciarios donde se recluía a los menores de edad que habían cometido un delito.
Ahora, en plena democracia, recurrimos a eufemismos para poner nombre a las actividades de la nueva era, y llamamos unidades de tratamiento de disfunciones sociales a lo que, en algunos casos, no son más que centros de reclusión con celdas de castigos, a las que denominan salas de contención, y métodos para amansar a las fieras adolescentes.
También ponen el nombre de “medidas educativas creativas” a las acciones punitivas. Nos engañamos escondiendo la realidad que denuncia el Defensor del Pueblo: niños a cargo de la Administración sufren castigos crueles en centros para menores. Muchos de estos reformatorios no son de titularidad pública y están a cargo de asociaciones privadas sin ánimo de lucro de las que desconocemos sus teorías.
Estos niños encerrados, nacidos en el seno de familias que poco pueden educar a sus retoños porque carecen de referentes emocionales positivos y sólo pueden enseñar lo poco que saben, se rebelan contra los que les meten en estos correccionales y en ocasiones se rayan y descontrolan. Entonces vienen las dudas. Algunos hacen lo que haría un vigilante de seguridad en casos similares, como contener la agresividad con violencia y tratos poco decentes y aplicar métodos alejados de los valores terapéuticos. Psicología, psiquiatría, psicoanálisis, antipsiquiatría y demás terapias alternativas sirven para intentar que la conducta de los menores más inadaptados tenga las menos aristas posibles. Existen. Pero eso cuesta dinero.
Tratar a los demás con palo y tente tieso demuestra poco conocimiento y deja el mensaje de que en estos centros parecidos a los antiguos correccionales prima el interés económico y no el del menor. Los cuidadores deberían cuidar a los internos, que seguro reaccionan de manera distinta si reciben más de los que dan, y contar con experiencia y formación para la tarea encomendada. Pero claro es más barato convertir un Centro de Adaptación Psicosocial en un Correccional, dejando atrás las mejores terapias y quedándose colgados en la etapa medieval.
Las denuncias del Defensor del Pueblo no deben caer en saco roto y han de servir para que las administraciones se replanteen su política con los menores conflictivos. Deberían invertir lo necesario para tratar de parar la escalada de conductas antisociales y a veces delictivas de estos chicos y chicas, porque aunque el gasto sea elevado la rentabilidad es superior. Nos ahorraríamos el montante total de los daños que un delincuente genera a su entorno familiar y a las futuras víctimas. Merece la pena tratarlos como seres humanos y no como animales descarriados.