El Gobierno regional rechaza los 'nuevos' estatutos de Caja Madrid remitidos por el presidente de la entidad, Miguel Blesa, por considerar que no se ajustan a la legalidad. En un plazo de 15 días los enmedará y enviará al Consejo de Administración para su aprobación. Si no, los aprobará unilateralmente "en cumplimiento de la ley".
El pasado día 29, Blesa
presentaba al Consejo de Administración su propuesta de estatutos, pero sin someterla a votación, y la enviaba a la Consejería de Economía. Su responsable, Antonio Beteta, advertía este martes que el documento estaba en estudio, pero adelantaba que no permitiría
una maniobra similar con la que Blesa pudiera mantenerse en el cargo. Este miércoles certificó que la propuesta de estatutos tiene defectos de forma y, lo más importante "serias discrepancias con la legislación vigente".
Una lectura inicial ha bastado a la Comunidad, según informaron fuentes de la Consejería de Economía a
Madridiario, para detectar las "incongruencias". "Se introducen cosas para las que no ha lugar. Se acepta la nueva ley, pero se dice que no entrará en vigor hasta que acaben las elecciones, pero claro, o estás en la ley y la aplicas o estas fuera de la ley", recalcan. "Además, se agarra a la LORCA para asegurar que no procede que Miguel Blesa sea designado candidato a la presidencia por el mismo sector que le nombró anteriormente la Asamblea de Madrid ) pero la propia LORCA dice que una vez se adapte la normativa a la LORCA y ésta se acepte, la Caja deberá regirse por la legislación autonómica, que sí obliga a esta designación", puntualizan.
Ir a los tribunales
Antonio Beteta compareció públicamente para valorar con satisfacción el informe del Consejo Consultivo regional, que avala que la normativa vigente y de obligado cumplimiento, incluída la renovación de los órganos de Caja Madrid, es la que entró en vigor el 1 de enero. Eso a pesar de que las elecciones se convocaron en el mes de octubre. Con este respaldo, y dado que el Ejecutivo no está dispuesto a que Blesa se salga con la suya, el consejero de Economía advierte que el Consejo de Administración puede recurrir si quiere al Tribunal Constitucional. "Éste es el camino y mientras tanto, la Ley tiene presunción de legalidad", sentenció.
Aunque se pretendía evitarlo, el conflicto ya ha llegado a los tribunales tras una denuncia interpuesta por IU y por la que el juez ya ha solicitado información a la Comunidad de Madrid.
Reunión sin acuerdo
Además, la última reunión entre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras sobre el futuro de Caja Madrid, celebrada anoche, terminó sin acuerdo, según diferentes fuentes políticas y sindicales.
La posición de Comisiones Obreras es trascendental en esta mesa, puesto que, además de ser origen de la tregua con UGT que ha puesto en 'stand by' la escalada jurídica dentro de la entidad, es quien rompió el bloque formado por los 'populares' seguidores de las tesis de Gallardón, el presidente de la entidad, Miguel Blesa, e Izquierda Unida; e intenta hacer de "bisagra" entre las dos partes enfrentadas.