La Comunidad de Madrid niega la mayor y reta a que cualquiera que tenga pruebas sobre la existencia del supuesto grupo de ex policías que realiza labores "parapoliciales" a las órdenes de la Consejería de Interior, que las lleve a los tribunales. En caso contrario "si alguien nos imputa hechos falsos sin pruebas feacientes, actuaremos en derecho como corresponda". Incluido Alberto Ruiz Gallardón.
Este jueves, Ignacio González y Francisco Granados salieron al paso contra las informaciones que el diario El País en una multitudinaria rueda de prensa en la que quisieron lavar la imagen del Ejecutivo autonómico y ponerse entre "los primeros" que quieren explicaciones inmediatas sobre lo que está ocurriendo.
No teorizaron sobre quién es el responsable de la figurada red parapolicial ["Ya me gustaría saberlo" dijo González]. No anunciaron una querella contra el diario de Prisa [sí dos cartas de rectificación en las que Marcos Peña, el supuesto director de la supuesta red, asegura que sus palabras se han desvirtuado y que él no pertenecía al Ejecutivop cuando comenzaron las vigilancias]. No anunciaron ceses en el departamento de Interior bien por incompetencia [admiten que el vicepresidente sí fue vigilado] o bien por negligencia ["Hemos hablado con el personal y todos niegan categóricamente que se hayan producido esas funciones]. Ahora bien, dejaron muy clara la tesis del Ejecutivo: todo es un "montaje" que tiene como objetivo "hacerme daño personal o intentar quitarme de enmedio" en el caso de Ignacio González y, además, "atacar al Gobierno de Esperanza Aguirre".
El equipo de la presidenta no está dispuesto a rebatir una por una las acusaciones que se le están lanzando, y menos aún que Alberto Ruiz-Gallardón las aproveche como arma arrojadiza. Hasta en diez ocasiones reclamaron González y Granados en su rueda de prensa que se lleven a los tribunales los documentos que probarían esas actividades ilegales si es que alguien los tiene. Lo único que parece probado, advirtieron, es que el vicepresidente sí habría sido seguido en su viaje al Caribe con el ánimo de imputarle actividades delictivas y un supuesto "blanqueo de capitales".
Explícitamente exigieron una disculpa inmediata al alcalde de la capital: "Salvo que alguien tenga una prueba que acredite la existencia de una trama de espionaje, de un servicio de espionaje o cualquier otra circunstancia, no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de la que hizo el alcalde y si se ha hecho, que rectifique". La advertencia, recalcaron, vale con caracter general para todos los actores implicados, incluído el ex consejero Alfredo Prada -que este jueves aseguró a Madridiario que el hecho de que "el Gobierno espíe a uno de sus miembros es ilegal"- y el vicealcalde Cobo.
Los gobiernos de Leguina y Gallardón
Por si desde el Ayuntamiento se quería culpar a Granados de montar la estructura de la polémica, el consejero tenía preparado un dardo envenenado: la actual Dirección General de Seguridad y Política Interior es la misma que se reformó bajo el mando de Pedro Calvo, actual delegado de Seguridad municipal. Si hay un equipo parapolicial "es el mismo y realiza las mismas funciones que había cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad". Además, recalcó que fue el Gobierno de Joaquín Leguina el primero en establecer una dirección general para velar por la integridad de las autoridades y los edificios oficiales desde la que se contrató a ex miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El PSOE considera que tanto apuntar a Leguina como la acusación de que el Ministerio del Interior está detrás de las filtraciones a El País, obedece una maniobra de distracción. Por ello José Luis Rodríguez Zapatero ha instado a Mariano Rajoy a que desde el PP "miren a quien tienen que mirar, que asuman responsabilidades, que tomen decisiones en la dirección del partido".
Al Juzgado número 47
Por otra parte, la denuncia que la Comunidad de Madrid ha interpuesto en relación con el supuesto seguimiento y espionaje de altos cargos del Gobierno regional, incluido el vicepresidente Ignacio González, ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular es José Sierra.
Este magistrado es el instructor, entre otros asuntos, del caso en el que se investigan supuestas irregularidades en la práctica de intervenciones voluntarias de interrupción del embarazo en clínicas de Madrid.
La denuncia fue presentada este martes en el juzgado de guardia, que lo envió a reparto, según han informado fuentes jurídicas, que han señalado que el Juzgado número 47 se encontraba este jueves de guardia, por lo que Sierra aún no ha podido examinar el escrito.