MDO/E.P. | Martes 13 de enero de 2009
El Ayuntamiento de Coslada aprobó este martes en sesión plenaria extraordinaria las conclusiones elaboradas por la Comisión de Investigación del 'caso Bloque'. En el transcurso del Pleno, el concejal de Seguridad, Antonio Murillo, de la Plataforma de Izquierdas, también al frente de esta área cuando se destapó la presunta trama de corrupción policial, anunció el abandono de su cargo para centrarse únicamente en otra de las carteras que dirige, la de Urbanismo.
A pesar de su anuncio, la decisión de Murillo se ha desligado de las conclusiones de la Comisión de Investigación, en las que se afirma que los grupos políticos no han encontrado ninguna responsabilidad de los políticos cosladeños en el 'caso Bloque'. Ahora asumirá la dirección de esta Concejalía el socialista Manuel Torrús.
Antonio Murillo aseguró que estaba "asumiendo las responsabilidades propias" ya que a pesar de que la Comisión de Investigación no haya encontrado ninguna responsabilidad en los políticos, él estaba al frente de la Concejalía cuando se produjo la operación policial: "No se ha comprobado nada, pero en cualquier caso yo era el responsable en ese momento y tengo que reconocer que en una situación como esta no debo seguir en la concejalía".
El único concejal de la Plataforma de Izquierdas (PIC) en el Ayuntamiento aseguró además que ya tenía decidido dejar la Concejalía de Seguridad pero que consideró conveniente esperar hasta ahora para tomar esa medida.
"El modelo no ha funcionado y por eso ya desde antes de que saltara la Operación Bloque se estaba llevando acabo un proceso de remodelación del cuerpo y durante estos meses hemos avanzado en aspectos como la coordinación con la Policía Nacional y en el establecimiento de reglamentos disciplinarios; una vez puesto en marcha el proceso de cambio es el momento de que deje la Concejalía", aseguró.
A pesar de que en las conclusiones de la Comisión de Investigación se exime de responsabilidades a todos los cargos políticos cosladeños, Murillo sí realizó un ejercicio de autocrítica sobre la gestión del cuerpo de Policía Local e indicó que "es el momento de hacer autocrítica y reconocer que la estructura de la Policía Local no era la más adecuada al carecer de mandos intermedios y quedar todo en manos de la Jefatura".
Según el alcalde de la localidad, Ángel Viveros, el cambio en la dirección de la Concejalía de Seguridad se debe a que "este departamento requiere una dedicación exclusiva, sobre todo si se considera lo que ha ocurrido en los últimos meses". Además anunció que el cambio de concejales irá acompañado por nuevas medidas para reestructurar el cuerpo de Policía Local.
Sin responsabilidades de los políticos
Al margen de la dimisión del concejal de Seguridad, Antonio Murillo, las conclusiones de la Comisión de Investigación del Caso Bloque aprobadas en Pleno con los votos en contra del PP afirman que ninguno de los políticos cosladeños tuvo responsabilidades en la presunta trama de corrupción policial.
En los siete puntos de que constan las conclusiones, los únicos defectos detectados por la Comisión son a nivel administrativo y organizativo. Para solventarlos se plantean medidas como el incremento de los mandos intermedios creando tres nuevas plazas de sargentos y seis de cabos, una mayor claridad en la aplicación del régimen disciplinario, la mejora en la formación de los agentes y su coordinación con la Policía Nacional a través de la Junta de Seguridad Local.
Desestimada el recurso del PP
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la defensa del ex alcalde de Coslada, Raúl López, contra un auto judicial de octubre que ordena continuar tramitando la denuncia del PSOE por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.
La denuncia de los socialistas de Coslada contra Raúl López se refieren a la devolución del aval al oficial jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, ahora en prisión, por un presunto delito de corrupción policial. También hace referencia a la no ejecución de las sanciones que se le habían impuesto al citado funcionario policial cuando Raúl López era alcalde de Coslada, en la legislatura pasada.
En esta denuncia el PSOE acusó a Raúl López de "desistir del procedimiento judicial contra Ginés Jiménez por seis faltas graves que suponían una suspensión de empleo y sueldo de ocho meses y el pago de un aval de 24.000 euros". Según los socialistas, cuando el PP comenzó a gobernar en 2003 "a Ginés Jiménez le quedaban por cumplir 15 días de suspensión de empleo y sueldo y faltaba por embargarle todo el salario correspondiente".
El PSOE de Coslada con esta denuncia entiende que "Raúl López cometió prevaricación porque no realizó durante su mandato ningún acto administrativo para cumplir la sanción y tanto él como el grupo popular consintieron la devolución del aval de los 24.000 euros exigidos a Ginés Jiménez durante el proceso judicial, incurriendo en malversación de caudales públicos".