Una torre con 30 plantas y cuatro sótanos en plena Plaza de Castilla con la que financiar un parte importante del Campus de la Justicia. Este es el proyecto que la Comunidad ha presentado al Ayuntamiento de Madrid para poder sacar adelante uno de los proyectos estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre, que se encuentra ralentizado por falta de financiación.
La propuesta, que este jueves desveló el alcalde
Alberto Ruiz-Gallardón, supone levantar en el solar de 3.000 metros cuadrados de los juzgados madrileños una torre de 30 plantas con una edificabilidad de 43.145 metros cuadrados, que superaría en altura a las Torres Kío. Esto supondría derribar el edificio situado en el número 1 de la Plaza de Castilla, mientras que el edificio anexo se entregaría al Consistorio como siempre que hay una recalificación con aprovechamiento lucrativo.
Según el Ayuntamiento, el Ejecutivo autonómico está pidiendo un aumento de la edificabilidad de los aprovechamientos lucrativos y cesiones para pasar de los 39.000 metros cuadrados actualmente edificados hasta 62.000 metros cuadrados, así como que la parte de edificabilidad sobre la que quieren tener aprovechamiento lucrativo (43.145 metros cuadrados) sean en un nuevo edificio con sólo usos terciarios, sin viviendas como se había observado en un principio. Ahora bien, como parece difícil que no exista fricción entre ambas administraciones,
Esperanza Aguirre niega que haya solicitado "ni un metro cúbico más de edificabilidad", y reprocha a Gallardón que hable de ello "como si quisiéramos dar un pelotazo urbanístico".
El proyecto de la torre ha causado "preocupación" en el PSOE, que ve en estas discrepancias un "nuevo enfrentamiento, y no será el último" entre Aguirre y Gallardón.
Maru Menéndez anunció en la Asamblea de Madrid que pedirá la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, para que expliqué por qué no se ha resuelto aún la financiación del Campus cuando éste ya está en marcha. El propio
Francisco Granados preguntó en los pasillos de la Cámara a la portavoz socialista si las operaciones de Campamento o la cárcel de Carabanchel -suelos de defensa recalificados para viviendas- no han sido un "pelotazo".
Pide más recalificaciones
La Comunidad de Madrid necesita que el Ayuntamiento autorice un cambio de uso del suelo de los juzgados (de dotacional para servicios públicos a terciario) para
sacar la idea adelante y financiar el Campus, aunque no es la única, ya que también se han presentado solicitudes de recalificación de los inmuebles ubicados en las calles Capitán Haya, 66 y Pradillo, 66. El área de Urbanismo es la que estudia si las recalificaciones se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana de la capital. Si es así, la decisión pasaría después por la Junta de Gobierno municipal, por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional.
"Esto es lo que se ha solicitado, pero tiene un expediente más extenso porque hay que estudiar los aparcamientos, las zonas verdes, las cesiones obligatorias, la afección al entorno... y naturalmente ahora estamos viendo qué informes complementarios hay que pedir a la Comunidad y cuáles podemos hacer desde nuestros departamentos para poder valorar directamente la propuesta", explicó Ruiz-Gallardón tras la reunión de su Junta de Gobierno. El alcalde apuntó además que otras sedes "no están sobre terrenos dotacionales, sino terciarios", por lo que no necesitarán el permiso municipal en caso de que se quiera utilizar su suelo para fines como el de Plaza de Castilla.