Los okupas, que calculan que el desalojo podría producirse a principios de marzo, sostienen que con esta orden "peligra el estado de las construcciones históricas, ya que no entran en el plan especulativo del denunciante".
Según explican en un comunicado, el pasado 8 de febrero el Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo del Escorial dictaminó un auto de desalojo preventivo de todas las viviendas del poblado de Navalquejigo, alegando que los inmuebles habitados se encontraban en estado de "ruina" y amenazaban la "integridad física" de sus ocupantes.
Los okupas aseguran, sin embargo, que las viviendas habitadas por ellos fueron restauradas y están en "perfecto estado de habitabilidad". El litigio comenzó en 2005, cuando uno de los propietarios denunció ante el juzgado el estado ruinoso de las viviendas, sin especificar cuáles eran de su propiedad y si eran éstas las que están en estado ruinoso, según los vecinos.
Los okupas argumentan que el auto de desalojo esta basado en un informe realizado por un técnico municipal, fechado en marzo de 2000, que presenta "evidentes deficiencias de forma y contenido".
Según señalan, en ese informe se especifica que se hizo una inspección "no exhaustiva" y se refleja que falta un "notable" número de datos relevantes para conocer si el supuesto estado ruinoso afecta a la totalidad, a casi todas, o sólo a alguna de las casas.
"Tampoco especifica (el informe) qué casas son y dónde están exactamente ubicadas, sino que tan sólo se alude a un vago varias casas y se afirma no haber accedido a ninguna de las viviendas, así que no sabemos cómo se puede concluir que el interior de éstas implica riesgos para las personas", argumentan los okupas.
El informe sí cita una casa que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, de la cual se ignora su ubicación y propietario o morador, apuntaron los vecinos, que defendieron que la situación de esa casa "no puede extenderse al resto del pueblo".