No se rescindirá la licencia del teleférico por el 'caso Rosales'

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que no se rescindirá la licencia del teleférico, vinculado en la concesión del Ayuntamiento a Leisure Park con el permiso de uso de la discoteca Balcón de Rosales, aunque sí el restaurante anexo al lugar.

Según el primer edil, no existe incompatibilidad para que pueda seguir funcionando ni implica rescisión de contrato. Mientras, en el caso del Balcón se realizará de mutuo acuerdo con el concesionario. Tras la intervención del concejal del distrito de Moncloa, Álvaro Ballarín, en el último Pleno negando que ninguna de las 57 denuncias que pesaban sobre El Balón y las siete peticiones de cierre urgente fueran razón para decretar el cese de actividad, el alcalde explicó que "no es incompatible el argumento de que no existieran razones legales para el cierre con el hecho de que el mismo fallecimiento de Ussía suponga una razón suficiente para la rescisión de la concesión administrativa". 

"Evidentemente, ahí se produjo un incumplimiento de obligación de vigilancia, y ésa es nuestro motivo para decidir la rescisión. No es contradictorio cuando incluso el concesionario ha aceptado (la decisión)", apostilló. Por otra parte, el restaurante se cerrará también al público porque su espacio -anexo por una pared a la discoteca- se incorporará a la biblioteca pública Álvaro Ussía que se creará en el lugar como homenaje al joven asesinado el pasado 15 de noviembre en el lugar.

El regidor argumentó, en este sentido, sobre el precinto de locales de ocio realizados estos últimos días y las posteriores reaperturas establecidas por los jueces. "Ahora mismo- estimó Ruiz-Gallardón-, el Ayuntamiento es más estricto que las autoridades judiciales a la hora de juzgar el cumplimiento de los requisitos por parte de los locales para permanecer abiertos". Aunque subrayó que "en un Estado de Derecho siempre hay que respetar las resoluciones judiciales".

Precintos
En cualquier caso, recordó que los precintos levantados por las autoridades judiciales son sólo "medidas cautelares pendientes de un juicio contradictorio, donde técnicos del Ayuntamiento y los propietarios y gestores de la salas podrán alegar, explicar y profundizar sus razones antes de tener la resolución definitiva". "Nosotros sostendremos la necesidad de que los locales que no cumplan esos requisitos estén cerrados, pero acataremos la decisión judicial", apostilló el alcalde. Asimismo, aseguró que el Gobierno local seguirá "con la misma política de los últimos años", y cifró esos esfuerzos municipales en "el cierre de aproximadamente unos 80 locales por distrito y año". "Eso no ha tenido variación en Madrid, y no la va a tener en el sentido de que no se va a acelerar ni a retardar" el proceso de cierre de locales, añadió.

Sin embargo, a pesar de que Ruiz-Gallardón negó que haya ninguna campaña específico contra el ocio nocturno tal y como denuncian los empresarios, la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, dijo la semana pasada que el Plan Director de Disciplina Urbanística tiene entre sus funciones la puesta en marcha de distintas campañas para mejorar la transparencia en el ámbito, destacando tres campañas, la primera de ellas dedicada a la inspección de establecimientos del ocio nocturno. "No hay contradicción entre lo que yo estoy diciendo y el hecho de que coordinemos las acciones que hacemos para establecer criterios homogéneos de urbanismo, se hace desde el primer momento y seguiremos actuando igual", apuntó el líder popular, añadiendo que "lo que sí se está produciendo son nuevas actuaciones y un interés ciudadano por la evolución de lo que pasa con los locales que se cierran y la respuesta de los jueces, pero siempre se usan los mismos criterios".

Sin exclusiones
Ruiz-Gallardón afirmó que con el nuevo sistema de concesión de licencias "no habrá exclusión de nadie pero tampoco voluntad de entregar (la tramitación) en monopolio a un colegio profesional" al ser algo que "no podrán hacer solos". El primer edil se refería así a la modificación de la ordenanza de tramitación de licencias, que dará entrada a las entidades certificantes privadas y que supone un rechazo a la propuesta presentada por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), un informe, voluntario y de pago, en el que se establece que la obra cumple con las ordenanzas y puede recibir la licencia. El siguiente paso sería la concesión por parte del Ayuntamiento. "Con el proyecto que estamos haciendo, el COAM podría operar también como una empresa certificadora más, si cumple los requisitos. No se excluye a nadie y, por tanto, lo único que hacemos es no darle ni al COAM ni al Colegio de Ingenieros o Aparejadores ni a otro colegio profesional o institución el monopolio de certificación", aseveró Gallardón.

Esa imposibilidad de otorgar la concesión de licencias en monopolio se sustentaría, según el primer edil, en que esas empresas certificadoras que entrarán con la modificación de la ordenanza recurrirán a servicios de arquitectos y técnicos especializados "debidamente acreditados por colegios profesionales". El COAM sigue insistiendo además en que la entrada de entidades certificantes privadas en la tramitación de licencias conllevaría la modificación de la Ley del Suelo, algo que rechazó el primer edil madrileño. "Desde nuestro análisis jurídico entendemos que si no era necesario modificar la Ley para que el COAM tuviera el monopolio, mucho menos para que sea cualquier empresa la que lo realice", puntualizó.

"La Ley no contempla que el COAM pueda hacer nada que corresponde al Ayuntamiento salvo que el Ayuntamiento de Madrid, por disposición interna, lo autorice", matizó el primer edil. Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado el Código de Buenas Prácticas de la Administración que  incrementará la transparencia en la gestión pública e introducirá nuevos criterios de comportamiento ético. Entre otras aplicaciones prácticas se establecerán medidas precisas en la contratación y concesión de subvenciones, en la contratación administrativa, las subvenciones públicas, la gestión indirecta de los servicios públicos y la gestión urbanística.

Buenas prácticas
El Código unifica en un solo documento los principios e instrumentos en materia de buenas prácticas administrativas, evitando la dispersión normativa en este ámbito y fomentando el derecho que los ciudadanos tienen al Buen Gobierno en la línea establecida por el Código de Buena Conducta Administrativa de la Unión Europea. También se concretarán los mecanismos efectivos de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento del Código entre los que destacan la ampliación de las funciones de la Inspección General de Servicios, la creación de un Comité de Ética Pública y la información periódica al Pleno sobre el grado de cumplimiento de las medidas contenidas en el Código.