Madrid

IU pide un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del Canal

MDO/E.P. | Sábado 22 de noviembre de 2008
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid propondrá a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, presentar un "recurso de inconstitucionalidad contra la creación de una Sociedad Anónima en el Canal de Isabel II", por suponer "una invasión clara de las competencias del Estado y del Ministerio que ella dirige, al incumplir la Directiva Marco del Agua", según informó este sábado el partido.

Igualmente, recordaron que están presentando mociones en todos los municipios de la Comunidad de Madrid solicitando que manifiesten su "total oposición a la privatización del Canal de Isabel II" y "exigiendo al Gobierno regional que de marcha atrás en su intenciones contrarias al interés público".

Esta moción, propone que ante la pérdida de la condición de empresa de titularidad pública del Canal de Isabel II, los ayuntamientos estudien "las consecuencias futuras que de ello se deriven, en cuanto a la posible extinción o modificación de la actual relación existente de los ayuntamientos madrileños con una empresa que cambia sustancialmente su accionariado y naturaleza jurídica".

El secretario de política municipal de IU-CM, Gerardo del Val, lamentó que "una vez más, el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, privatice un bien público de máxima necesidad social, no sólo por el mero hecho de haber endeudado a la Comunidad de Madrid hasta límites insostenibles, sino sobre todo para que el capital privado pueda tener nuevas oportunidades de negocio mediante la apropiación y mercantilización de bienes públicos".

"Canal de Isabel II es un empresa pública que ofrece plenas garantías de servicios y cuyos retos son la mejora constante de la calidad del servicio público, sobrando por completo cualquier intervención privada en la gestión de un bien esencial y estratégico como es el agua", agregó Del Val. Por ello, insistió en que "la idea de la privatización perjudicará a los consumidores, traerá graves consecuencias ambientales y sociales sin aportar a cambio ningún beneficio para el interés de los ciudadanos madrileños".

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