Carmen M. Gutiérrez/Agencias | Viernes 21 de noviembre de 2008
El sindicato UGT-Madrid afirmó este viernes que la salida a Bolsa del Canal de Isabel II "encubre favores a terceros" dentro del "capitalismo de amiguetes" que, a su juicio, practica el Gobierno Esperanza Aguirre. Además, critica que la Comunidad pretenda modificar hasta siete normativas con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009 presentada este jueves.
Según el sindicato, la "campaña de intoxicación" ideada por el Gobierno regional para privatizar el Canal en un momento de crisis responde a "intereses espurios". Así lo ha indicado la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid, Marisa Rufino, que no ve "ni un solo razonamiento en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que justifique la privatización del Canal".
En un comunicado, Rufino considera que sólo la "confusión de intereses públicos y privados que lastra el ideario" de Aguirre explica la "aberración económica" de privatizar una institución pública que obtuvo 80 millones de euros de beneficios durante el pasado ejercicio. Según UGT, las consecuencias de esta capitalización serán: la pérdida de calidad del agua, la reducción de la plantilla del Canal y el despilfarro por parte de los consumidores.
Tras insistir en que esta operación está "pensada para aumentar la cuenta corriente de unos pocos beneficiarios", el sindicato ha exigido al Gobierno regional que la paralice "antes de que perjudique de una forma irreparable los intereses de los ciudadanos que disfrutan de una de las mejores aguas de todo el territorio nacional".
Contra la Ley de Medidas Fiscales
Además, UGT se pronunció este viernes contra el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009, que aprobó este jueves el Consejo de Gobierno de Madrid. La secretaria de Políticas Sectoriales del sindicato, Carmen López, denunció que la Comunidad pretende modificar con esta ley "hasta siete leyes de gran trascendencia económica y social sin someterlas al debate público y político que precisan".
Según explicó López, afecta a las leyes de Tributos, Hacienda, Recursos Humanos, Organismos Públicos, Corporación Local o Actividad Administrativa; y regula aspectos como la privatización parcial del Canal, el absentismo laboral, políticas fiscales o altos cargos.
En cuanto a los beneficios fiscales para educación en colegios concertados o el pago de hipotecas y la eliminación del impuesto del patrimonio recogidos en el anteproyecto de ley, López señaló que "el Gobierno de Aguirre está dejando sin recursos a la Comunidad provocando déficit y recortes sociales para 2009".
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