MDO/E.P. | Miércoles 05 de noviembre de 2008
La concejala de Seguridad Ciudadana de Leganés, Laura Oliva, declaró este miércoles que el Ayuntamiento mantendrá al centenar de agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (BESCAM) realizando las mismas funciones que hacía hasta el momento, a pesar del anuncio del consejero de Justicia, Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, de que el Ejecutivo autonómico amonestará pero no sancionará al Consistorio por el presunto uso inadecuado de estos agentes, que se crearon exclusivamente para labores de seguridad.
La edil manifestó, en declaraciones a Europa Press, que "la decisión de la Comunidad de Madrid demuestra que el municipio no incumplió el convenio", ya que "de lo contrario no hubiese realizado una mera amonestación". Oliva consideró que la seguridad "es un concepto muy amplio" que puede englobar funciones como la vigilancia de infraestructuras o labores para atender la violencia de género.
En este sentido, recordó que, el pasado 24 de octubre, los concejales de seguridad de la zona Norte de Madrid pidieron una ampliación de competencias de las BESCAM en una reunión que mantuvieron con el portavoz del Grupo popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez.
La asignación de estas funciones a las BESCAM motivaron a la Consejería de Interior a incoar un expediente al Consistorio leganense en 2007 y a amenazar con retirar la financiación del centenar de agentes que haya signados en la localidad.
Fuentes municipales de Leganés insistieron en que "las BESCAM son agentes de Policía local con las mismas atribuciones y funciones que el resto de miembros de la plantilla".
La reacción en el Consistorio se produce después de que Granados señalase el pasado martes que el expediente a Leganés fue abierto para dotar a la Comunidad de una mayor seguridad jurídica y para conocer cómo se destina realmente el dinero de la Administración pública. Así, advirtió de que, cuando entre en vigor la nueva Ley de Coordinación de la Policía Local, se establecerá un régimen sancionador con multas tipificadas para los casos en que se incumplan los convenios.
Al respecto, Laura Oliva subrayó este miércoles que el proyecto de Ley de Coordinación "es una auténtica barbaridad" que no contó con el "consenso" y sí con el "rechazo de casi todos los sindicatos policiales que hay en la región".
La concejala leganense fue más allá al afirmar que si prosperase la Ley, ésta "podría declararse inconstitucional porque -según alegó- atenta contra el principio de autonomía de los Ayuntamientos".
Por otro lado, el alcalde de Fuelabrada, Manuel Robles agredeció "que se archive" el expediente propuesto hace un año por el ex director de Seguridad Sergio Gamón, por un presunto mal uso de los agentes de la BESCAM en la policía de esta localidad, que "nunca tuvo que abrirse".
A este respecto, un portavoz de la consejería Presidencia, Justicia e Interior ha precisado este miércoles que el expediente no se ha archivado, aunque no se ha sancionado al Ayuntamiento de Fuenlabrada al que sí se le "ha apercibido" por el mal uso de la BESCAM.
El alcalde insistió en que el expediente nunca debió ser abierto "porque la labor de la Policía de Fuenlabrada ha sido siempre motivo de felicitación por parte de numerosos responsables del gobierno regional y ha servido como modelo a otros cuerpos de seguridad del país".