Asimismo, puntualizó que son los ayuntamientos los que "se ocupan de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento", y son quienes "deciden cómo trasladar a los ciudadanos el coste del saneamiento y del abastecimiento, y tienen un importante papel en la fijación de los precios".
La ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe "ayudar a avanzar en su uso eficiente", y así lo recogerá la reforma de la Ley de Aguas. Así, la modificación legislativa contemplará "una modificación del régimen económico y financiero", pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua.
La ministra aseguró que se tendrá que analizar "cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura", y el efecto de este cambio legislativo será "distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad".
La responsable gubernamental de Medio Ambiente recordó que según la directiva europea "los precios del agua deben reflejar la totalidad de sus costes", y que se pueden plantear excepciones como en el caso de España donde "habrá que plantear excepciones en el ámbito de la agricultura".