Los nuevos túneles de la M-30 seguirán en su sitio tanto si los tribunales deciden ratificar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 22 de Madrid en la que se declaran ilegales las obras de soterramiento como si no. Ecologistas en Acción no pedirá ejecutar la sentencia si gana el caso, sobre lo que se muestra optimista. La asociación lamenta el funcionamiento de la justicia que emite en este momento su primer fallo cuando la denuncia se presentó antes del comienzo de las obras.
Ecologistas en Acción aseguró este miércoles que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 22 de Madrid en la que
se declaran ilegales las obras de soterramiento de la M-30 rebate la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se basa el Ayuntamiento para afirmar que el recurso que presentará le dará la razón finalmente.
El Ayuntamiento de Madrid afirma que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha dado la razón en otras dos sentencias sobre la M-30 y que en esta ocasión también lo hará. En esas resoluciones se indica que los recursos relativos a los proyectos de obras anulados en un principio, por no haberse sometido a evaluación ambiental, habían perdido su finalidad y utilidad, al haber alcanzado el Ayuntamiento de Madrid un acuerdo con la Comisión Europea para hacer los estudios una vez comenzadas las obras.
Sin embargo, Ecologistas en Acción argumentó este miércoles que en este caso la sentencia es muy diferente, por lo que el recurso presentado por el Ayuntamiento podría no darle la razón o incluso también se podría recurrir al Tribunal Supremo.
Según explicó, el portavoz de Transportes de la asociación, Francisco Segura, uno de los motivos por los que se diferencia esta resolución judicial de otras sobre la M-30 es que por primera vez en España se ha planteado una cuestión prejudicial relativa al medio ambiente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), y la sentencia se basa en los criterios trasladados por la que es la máxima autoridad judicial.
Además, el propio juez de lo contencioso administrativo utiliza hasta 14 páginas de la sentencia para rebatir la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que alude el Ayuntamiento de Madrid. Por último, el magistrado considera que nada exime al Consistorio de no haber respetado la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, al haber realizado obras sin declaración de impacto ambiental en una zona declarada como bien de interés cultural por los yacimientos arqueológicos que alberga.
Sin ejecución de la sentencia
Los ecologistas aclararon que aunque finalmente los tribunales les den la razón y declaren nulos los proyectos que dieron pie a las obras, no pedirán la ejecución de la sentencia, es decir, que su intención no es que ese espacio vuelva al estado anterior a las obras, ya que produciría de nuevo molestias a los vecinos.
Por este motivo, la organización se quejó de que "el sistema judicial no permite la defensa del medio ambiente ni de la salud". Según relató Segura, el proceso judicial comenzó antes de las obras y la sentencia llega una vez que están acabadas. Además, criticó que la Unión Europea fomenta los comportamientos de los "insumisos ambientales", en referencia a Alberto Ruiz-Gallardón y a Esperanza Aguirre, por la actuación en la remodelación de la M-501.
Aunque las actuaciones judiciales no tendrán repercusiones tangibles, la asociación ambientalista sí exigió que Ruiz-Gallardón pida perdón, así como su dimisión, al considerar que se ha declarado ilegal la obra estrella de su mandato como alcalde, que no ha resuelto los problemas que se proponía solucionar, como los atascos o la contaminación, y que "ha supuesto la ruina" del Ayuntamiento de Madrid.
Tema "finiquitado"
La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se refirió este miércoles a la sentencia que declara ilegales las obras de soterramiento de la M-30 y dijo que el tema está "finiquitado" porque recurrirán al TSJM y esperan que siga la doctrina que asentó en los casos anteriores.
Por su parte, su homóloga de Medio Ambiente, Ana Botella, afirmó que las obras de la M-30 fueron "legales", y se mostró convencida de que el Consistorio madrileño ganará el recurso. "El Ayuntamiento consideró que la M-30 era una calle y que por tanto, no necesitaba este requisito. Después, por otra sentencia de la UE, se dictó que la declaración se podía hacer a posteriori con lo que las obras son legales y espero que ganemos el recurso", dijo la delegada.