MDO/E.P. | Viernes 17 de octubre de 2008
La nueva tasa de basuras no convence a la oposición por considerarla recaudatoria. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, afirmó este viernes que las "extravagancias" del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en referencia al nuevo impuesto, contradicen el discurso del PP sobre la necesidad de reducir la presión fiscal. Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Raquel López, aseguró que "no es ambiental" y que se ha creado para solucionar la deuda municipal.
"Cuando el discurso del PP es que hay que reducir la presión fiscal y lo reclama una y otra vez al Gobierno de la Nación, Ruiz-Gallardón se permite la extravagancia en este momento de generar una nueva figura impositiva para las familias madrileñas", declaró Lucas en una visita al albergue San Martín de Porres, en el distrito de Carabanchel.
Lucas dijo "entender cada vez menos" al equipo de Gobierno de Gallardón porque en momentos de crisis económica "decide unilateralmente parar las inversiones públicas y recortar programas sociales" al tiempo que "crea nuevas figuras impositivas sin prestar nuevos servicios".
Izquierda Unida se opuso a la tasa de basura porque, en su opinión, no cumple uno de los objetivos que debe tener la gestión de residuos, su reducción. Según afirmó la portavoz de Medio Ambiente del Grupo, Raquel López, "no es una tasa medioambiental, sino que tiene intención recaudatoria".
Criterios de actuación
Además, López también se pronunció sobre las multas de 750 euros que se impondrán a las comunidades de vecinos que no reciclen y que este jueves volvió a destacar la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. Se preguntó por los criterios que rigen esas multas y aseguró que es positivo que se penalice a quien no recicla en origen, pero no que se creen conflictos entre los vecinos. "Habría que invertir en tecnología para hilar más fino", dijo.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se opone con firmeza a la creación del nuevo tributo ya que "responde a la incapacidad del consistorio para hacer frente a los efectos de la crisis económica como consecuencia, entre otras, de la deuda acumulada". La FRAVM considera inadmisible que la administración local ejerza mayor presión fiscal sobre las economías familiares en un momento de geeralizado empeoramiento de las condiciones de vida de los madrileños, especialmente de las personas más vulnerables.
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