A juicio de estos colectivos, las aclaraciones que les ha facilitado el concejal delegado de Urbanismo de Getafe, Santos Vázquez, "no sólo no tranquiliza, sino que crea más inquietud", ya que -indican- "su plan de soterramiento, el escudarse en una pretendida situación de herencia histórica, la justificación del elevado costo de la solución y la ocupación de espacio público, más parece el escrito de alguien que pretende escaparse de su responsabilidad que el de un responsable público".
Asimismo, mencionaron que el Ayuntamiento de Getafe es el competente para distribuir este tipo de actividades y que éstas se ajusten a las normas de salud y medio ambiente. "Las corporaciones municipales que eluden esta obligación pueden estar incurriendo en una posible dejación de funciones y en una presunta prevaricación por omisión", añadieron.
Por otro lado, apelaron a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Constitución Española, que en sus artículos 15 y 18 protege y defiende la integridad física y la inviolabilidad del domicilio. También aluden al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Nocivas (R.A.M.I.N), que dice que para instalar los transformadores "se debe exigir a las empresas un estudio del impacto medioambiental, y una información pública por si hay alguien afectado por esta actividad peligrosa".
Por estos motivos, estas asociaciones y plataformas vecinales, solicitaron a Castro, que , "ante los graves riesgos que para la salud de los ciudadanos y del medio ambiente" pueden estar ocasionando estos centros de transformación, "tome urgentemente las medidas que sean necesarias para solucionar este problema".