9 de agosto de 2020, 4:16:55
Opinión


Pandilleros de Alcorcón

Por Ángel del Río


Todavía hay sectores que quieren ver en los disturbios de Alcorcón un brote de racismo. Este fin de semana, Telecinco insistía en el peligro de que se extiendan por otros lugares esos brotes de racismo, esa batalla de grupos de jóvenes españoles contra inmigrantes, teoría que favorece los intereses del Ministerio de la Interior y de la Delegación del Gobiero, para que no se hable de inseguridad ciudadana, sino de enfrentamientos racistas, en cuyo caso la responsabilidad se derivaría a otras administraciones que no han sabido luchar para la integración. Esos sectores, esos medios de comunicación, deben desconocer el informe promovido por el Ayuntamiento de Alcorcón en que se describe la composición de las al menos ocho bandas reconocidas en este municipio y a través del cual nos enteramos de que en algunas de esas bandas, como los Ñetas y los Latin King hay jóvenes españoles entre sus componentes, lo que desmonta cualquier teoría de la conspiración racista.

El asunto de Alcorcón está derivando ya hacia pandilleros callejeros empeñados en organizar algaradas, como ocurrió el pasado sábado, cuando grupos de gamberros dieron en destrozar el mobiliario urbano, romper cristales y tirar piedras a la policía. El domingo, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, volvió a reiterar su disposición a pagar de las cuentas de la Comunidad a 3.000 nuevos policías nacionales en nuestra región, que es lo que lleva demandando desde que asumió el cargo, porque son los policías necesarios que se hacen precisos para garantizar la seguridad en las calles. Pues, ni contigo ni sin ti tienen remedios los males de la seguridad, porque el Ministerio de Interior, ni dota a la Comunidad de más policías, ni deja que el gobierno regional cargue con los gastos de los mismos. La responsabilidad de la seguridad ciudadana es del gobierno central y tiene la obligación de garantizarla y no escudarse en un reaccionismo racista, porque no es el caso de Alcorcón, pese a que algunos quieran ignorar los hechos o distorsionarlos, y pese a que el alcalde de la localidad niegue la evidencia escrita en un informe promovido por el propio Ayuntamiento.
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