26 de octubre de 2021, 22:55:45
Economía


Los pensionistas madrileños rechazan el nuevo acuerdo: "Es muy lesivo porque empobrecerá cada vez más a los mayores"

Por Fernando Morales


Un preacuerdo para reformar las pensiones que llega tras ocho meses de negociaciones entre los agentes sociales pero que no cuenta con el respaldo de los propios afectados, los pensionistas. Es el balance que se hace apenas 48 horas después de que sindicatos y gobierno alcanzaran un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones y cambiar así la reforma que impulsó en 2013 el ejecutivo de Mariano Rajoy.

El acuerdo se insinuaba inminente ya a finales de la próxima semana, por lo que los pensionistas de diferentes puntos del país, entre ellos los madrileños, decidieron convocar protestas contra un pacto que, denuncian, "se pretende imponer a trabajadores y pensionistas al hacerse "a espaldas de los pensionistas y ciudadanos". Pero el principal motivo por el que rechazan esta nueva medida es porque supone "una nueva vuelta de tuerca en la pérdida de derechos sociales y económicos de los ciudadanos".

"Estamos en desacuerdo, es muy lesiva porque tanto en su modelo estructural como en los parámetros económicos se modifica el sistema público de pensiones y las condiciones de vida de los pensionistas", denuncia Leopoldo Pelayo, portavoz de comunicación de la Coordinadora General de Pensionistas Madrid, que ve que con esta nueva reforma lo que se persigue es beneficiar a los planes privados, agrietando aún más el sistema público de pensiones y empobreciendo cada vez más a los mayores.

Considera que uno de los principales problemas que hay en España con el sistema de pensiones, y al que no se pone remedio con este acuerdo, es la cuantía que destina el Estado a esta partida. Y avisa: "Lo que quieren es que esta cuantía se vaya destinando a los planes privados", lo que aumentaría, a su juicio, la diferencia entre los colectivos de pensionistas ya que "no todo el mundo podrá suscribir esos planes privados.

Pelayo, sin embargo, rechaza que esta reforma modifique de manera total a la que se suscribió en 2013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Explica que los dos aspectos fundamentales de esa Ley era la introducción del 0,25 por ciento -índice de actualización de las pensiones establecido con Rajoy- y el factor de sostenibilidad, un factor de empobrecimiento", en palabras de Lepoldo. Y aunque en el nuevo acuerdo se suprime lo del 0,25 por ciento y se plantea la revalorización de las pensiones en función del IPC, no se proyecta "la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo durante los años de esta medida".

"Va a haber un empobrecimiento aún mayor de nuestros mayores"

Lo cierto es que esta nueva norma pretende cambiar el factor de sostenibilidad -el gobierno prometió quitarlo- por un factor de equidad intergeneracional que empobrece las pensiones a mayor edad. "Se cuantifica la pensión en función de la esperanza de vida que tengan las personas", explica Leopoldo, que ve como consecuencia directa que "evidentemente" se vaya hacia un empobrecimiento aún mayor de nuestros mayores.

Esto se produce en un contexto, razona Conchita Ribera, portavoz de COESPE, en el que muchas empresas están poniendo en marcha planes de prejubilación de sus plantillas, algo que afectará negativamente al trabajador: "Los están obligando a tener una vida de miseria, los van a penalizar por jubilarse antes de tiempo cuando en realidad es la empresa quien los está prejubilando".

Además, para acercar la edad de jubilación legal a la real -según el Ministerio de Seguridad Social esto cubrirá buena parte de lo que cueste mantener el poder adquisitivo de las pensiones-, se pretende atrasar la edad de jubilación con un pequeño incentivo así como penalizar la jubilación anticipada con la pérdida de derechos sociales. Es decir, aquellos trabajadores que se jubilen antes de la edad que les corresponde sufrirán una reducción en la pensión, mientras que aquellas personas que decidan retrasar la jubilación serán bonificados con hasta 12.000 euros.

De este modo, y según el anteproyecto, para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes), y para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes). Además, serán mensuales, lo que significa que la penalización será mayor por cada mes que se adelante la pensión hasta el mencionado máximo de cuatro años Todo ello a pesar de que España es uno de los países europeos que cuenta con los niveles de paro juvenil más altos. "No es de recibo que con la situación de paro juvenil por encima del 40 por ciento en España exista esa prolongación de la edad de jubilación", apuntan desde la Coordinadora.

Esto, junto con la actualización contributiva en función del IPC, son las bases de un acuerdo para el que todavía falta el visto bueno de la patronal. Actualmente, el texto se está ultimando y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Pero desde la Coordinadora General de Pensionistas Madrid consideran que esta nueva norma no mejora ninguna de las anteriores, donde en el 2011, con un gobierno también socialista, se instauró una reforma que "ha supuesto una pérdida de en torno a un 20 por ciento en el poder adquisitivo de los pensionistas". En esa reforma se aumentó el periodo de cómputo de 15 a 25 años, y en esta nueva "no solo se mantiene ese periodo para el cálculo de la pensión sino que plantea que se calcule la pensión sobre toda la vida laboral, no solo los 25 últimos años". Esto supone, para Leopoldo, "una nueva vuelta de tuerca en el recorte de las pensiones públicas".

No se soluciona "la cantidad de pensiones indignas que hay en España"

De igual modo que en palabras de Conchita, tampoco se soluciona "la cantidad de pensiones indignas" que hay en España. Leopoldo cifra en tres millones el número de pensionistas que tienen prestaciones por debajo del umbral de la pobreza, "una situación indigna" a la que, como denuncia, no se pone solución en la nueva normativa y por lo que están plateando lo que han denominado un "otoño caliente".

"Estaremos el tiempo que sea necesario luchando para derogar los puntos que son lexivos para los pensionistas españoles y pediremos que se suban la cuantía puesto que no es real que el sistema de pensiones sea insostenible. "El sistema es sostenible, lo que ocurre es que no hay una aportaciones con arreglo a lo que se debe de aportar por parte del Estado al sistema".

CEIM lo valora pero lo ve "insuficiente"

Por su lado, desde CEIM, y como la segunda parte de la reforma se negociará en el próximo año, aunque aplauden el acuerdo, lo ven "insuficiente". En declaraciones a 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press, el presidente de la patronal madrileña subrayó que este principio de acuerdo ofrece soluciones "a algunos aspectos" pero "desde luego no con la profundidad que se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema que sea sostenible y que sea pagable", además de satisfacer las necesidades de las personas que se jubilan y que también "nos lo podamos permitir el resto de los ciudadanos".

"Yo creo que se da un paso para conseguir alargar la edad de jubilación real, etcétera, pero creo que las medidas en profundidad están por llegar", ha alegado Garrido sobre un principio de acuerdo que, entre otras cuestiones, plantea una partida de 21.0000 millones de los impuestos para pagar lo que necesita la Seguridad Social.

En cualquier caso, defendió que se trata de "un pacto que transciende el propio pacto entre los agentes sociales" y ha recalcado la necesidad de "comprometer" a todas las fuerzas políticas ya que se trata de una cuestión que "va a tener mucha incidencia en los 15, 20 ó 30 años" próximos de la vida de los ciudadanos.

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