17 de junio de 2021, 0:11:21
Educación


La Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa arranca su tramitación este miércoles frente a la Ley Celaá

Por MDO/E.P.


El Ejecutivo regional llevará mañana al Consejo de Gobierno la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes el inicio de la tramitación de esta nueva normativa durante un visita al Centro Público de Educación Especial María Soriano de Madrid.

Según ha señalado la presidenta regional, la nueva ley "garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular".

"Queremos que sean las familias las que decidan dónde escolarizar a sus hijos. Nadie mejor que ellos saben cuál es el mejor centro", ha afirmado la presidenta, quien ha remarcado que el sistema educativo de la región está basado, principalmente, en "la libertad", así como "la excelencia académica, el mérito y el esfuerzo", lo que ha asegurado seguirá siendo así pese a la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

La nueva ley del Gobierno regional pretende que las familias puedan elegir entre las diferentes modalidades de escolarización existentes en la Comunidad de Madrid para los alumnos con necesidades educativas especiales: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días).

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno, ha indicado la Comunidad de Madrid. De esta manera, según el Gobierno regional, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial en la región, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal.

"Es imprescindible para muchos alumnos, no vamos a permitir, como pretende soterradamente la Ley Celaá, que estos centros se vayan vaciando", ha señalado Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que la "Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales". Además, ha señalado que "se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos".

Un sistema similar al de la zona única educativa

Con esta ley se pretende establecer un sistema similar a la zona única educativa que, tal y como ha recordado Ayuso, "ahora mismo está vigente en la Comunidad de Madrid y que permite que nueve de cada diez familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción".

Desde el Gobierno regional han reiterado que la Consejería de Educación adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias antes de la aprobación de la nueva ley educativa. A este respecto, han señalado que el Gobierno regional fue el primero en aprobar el pasado 4 de diciembre las instrucciones para este proceso dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos. También se garantizará la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, "teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social, concepto que ha quedado excluido en la LOMLOE".

La Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional, han precisado desde el Gobierno regional.

La presidenta ha anunciado que también se realizarán evaluaciones externas con el objetivo de mejorar "aún más la calidad y la excelencia una educación que presume de tener la tasa más baja de abandono escolar de toda España".

La Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa "reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal ya en vigor, que la educación diferenciada no rompe la igualdad, al ser conforme con nuestro texto constitucional, ya que, según el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos".

Además, desde la futura normativa madrileña se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España, términos suprimidos en la Ley educativa estatal, para lo que se prevé la suscripción de convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión del castellano. "Nuestra lengua es nuestro mejor patrimonio, nos abre las fronteras del mundo y nos da acceso a una de las culturas más ricas de la Historia", ha señalado Ayuso.

La Mesa de la Asamblea rechaza el debate

Este martes, asimismo, la Mesa de la Asamblea de Madrid y la Junta de Portavoces han rechazado debatir en el Pleno que la Cámara regional recurra al Tribunal Constitucional la Ley Celaá, como pedía el Grupo Parlamentario Vox.

Para la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, la Ley Celaá vulnera el derecho fundamental a la libertad de Educación recogido en el artículo 27 de la Constitución. "La ley pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada, diferenciada, la educación especial y la educación en español", recuerda el escrito presentado por Vox.

La LOMCE, a juicio de Vox, "no solo elimina el criterio de demanda social para la elección de centro educativo, vulnerando así el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, sino que también extiende al resto de comunidades la situación ilegal que, de facto, se da en Cataluña, al eliminar el español como lengua vehicular".

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