13 de junio de 2021, 2:54:07
Política


Fin de un año político marcado por la pandemia, algunas dimisiones y muchos rumores

Por MDO


El año 2020 recaía sobre el Gobierno regional a través de una emisora de radio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudía el 2 de enero a una entrevista en la Cadena SER en la que indicaba: “Nadie ha muerto tampoco de esto [contaminación atmosférica]. No quiero que se genere una alarma de salud pública, porque no la hay. Acto seguido, comenzaban a registrarse una ristra de críticas por parte de los grupos de la oposición y se daban cientos de reacciones de asociaciones ecologistas y la ciudadanía en general. Dentro del mismo Ejecutivo regional, unos días después, se entonaban comentarios al respecto y se volvían a levantar las alfombras.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se desmarcaba de los socios de Gobierno y sentenciaba que “tenemos que ser serios a la hora de hablar de contaminación", al tiempo que enfatizaba que “todos tenemos que ser bastante serios cuando hablamos sobre la contaminación, sobre las muertes que causa, y sobre todo poner soluciones”, dijo. En la misma línea, Ángel Garrido indicaba que “es evidente que hay una correlación directa entre enfermedades y por tanto también mortalidad con la contaminación", aunque echaba una capote a la mandataria señalando que "por supuesto que la presidenta también lo sabe".

Se dejaba ver de nuevo la brecha entre los dos socios de Gobierno, cuya relación ha sido “difícil” al principio por “los egos” de unos y otros, tal y como indicó la propia mandataria. Sin embargo, estas reticencias se agudizaban y marcaban un punto y a parte en su historia el 21 de enero, cuando la presidenta regional anunció el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez, comocido popularmente como 'MAR', como su jefe de Gabinete. El portavoz y secretario de Estado de Comunicación del expresidente José María Aznar ya había mostrado en varias ocasiones su aversión a la formación 'naranja', llegando incluso a faltar al respecto a través de las redes sociales al vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

Este indicó en rueda de prensa su “disconformidad” con la decisión de la presidenta, pero aseguró “respetar” su voluntad por estar “en pleno derecho” para hacerlo. Por su parte, Ayuso evitaba dar más explicaciones sobre su decisión y expresaba que su decisión de incluir entre sus asesores a Miguel Ángel Rodríguez, quien ya la asesoró durante la campaña electoral de las autonómicas de mayo de 2019, dependía únicamente de que “para mis mensajes, mi agenda, mi trabajo, creo que es el que mejor va a hacer el papel en estos momentos”.

Cambios, destituciones y dimisiones

Este movimiento daba lugar a una serie de cambios internos dentro de la Real Casa de Correos, pues hasta ese momento la labor de asesoramiento y gestión de agenda de la mandataria la había llevado a cabo José Luis Carreras. Este pasó a ser jefe de prensa de Ayuso, un cargo de nueva creación, lo que obligó a que Jennifer Santos, hasta entonces jefa de prensa de Ignacio Aguado, quien no ocupaba un cargo público sino del propio partido Ciudadanos, ostentara también uno.

Lejos de ser los únicos movimientos dentro del Gobierno regional, a finales del mes de septiembre se dio la destitución a petición propia de Ignacio García Mostazo, hasta el momento al cargo de la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Mostazo había entrado a liderar el área a finales del año anterior, en diciembre de 2019, ocupando el cargo de Pablo Balbín. Así, en la actualidad, Sandra Fernández Hernández ocupa la DGM siendo hasta su nombramiento Jefa de Gabinete de la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

Asimismo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado ha dejado por el camino varios cargos a lo largo de este año. El 7 de mayo, Yolanda Fuentes dimitió como directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en protesta por la gestión de una pandemia, y pocos días después, el 13 de mayo, era cesado el director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu. Tras la salida de ambos, la consejería de Sanidad, liderada por Enrique Ruiz Escudero, acogió una nueva estructura en la que incluyó a Antonio Zapatero, uno de los directores médicos del Hospital temporal de Ifema, como viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19.

La nueva Viceconsejería aglutina las direcciones generales de Salud Pública y de Coordinación Socio-sanitaria y, además, implementa la estrategia en los centros socio-sanitarios y residencias de mayores para hacer frente al coronavirus. Por ello, la nueva directora de Salud Pública, Elena Andradas, forma parte de este nuevo área, de la misma manera que Francisco Javier Martínez, nombrado en el mes de mayo director general de Coordinación Socio-Sanitaria.

Pero no solo la consejería de Sanidad ha sufrido cambios durante estos meses. La consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, ha sido la más trasformada durante este año. La primera cesión -ocurrida el 14 de mayo, un día después de la de Carlos Mur de Víu- fue la de Miguel Ángel Jiménez, secretario general técnico de Alberto Reyero y "máximo responsable" del error que llevó a la publicación de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola, propietario de los apartahoteles de lujo en los que se alojó la presidenta madrileña durante la crisis sanitaria.

El 26 de junio, algo más de un mes después, el jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno, presentaba su dimisión alegando "motivos personales" y, argumentando no estar de acuerdo con el enfoque otorgado al trabajo del Grupo Covid, formación creada en conjunto entre el Gobierno central y el regional, el 26 de septiembre dimiría Emilio Bouza como portavoz del mencionado grupo tan solo 48 horas después de aceptar el cargo.

Sin embargo, el cambio más sustancioso y para algunos esperado se daba el viernes 2 de octubre, pasadas las 20 horas, cuando Alberto Reyero anunciaba su dimisión como consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, deseando "suerte y acierto" a la presidenta regional y apelando a la "unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus". El cargo al frente de la Consejería recaía entonces en su número 2 y viceconsejero, Javier Luengo, quien tomaba posesión del cargo el día 10 del mismo mes indicando que “es un enorme reto y tremenda responsabilidad que afronto con toda la energía e ilusión del mundo”.

La influencia de Vox

Una de las personas que mostró públicamente su “alegría” por la dimisión de Reyero fue la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, socio preferente del Gobierno regional. “Por fin”, indicaba Rocío Monasterio a través de su cuenta oficial de Twitter minutos después de que se conociera la noticia y meses después de la primera solicitud pública que hizo a la presidenta regional de que fuera cesado. Aunque se escucharan campanas al respecto, el despido de un consejero de Ciudadanos por parte de la mandataria regional habría sido, sin duda, una importante fractura gubernamental.

En cualquier caso, la realidad es que la relación de los socios de Gobierno con Vox es una de las principales problemáticas dentro del Ejecutivo regional, en especial teniendo en cuenta que se requieren los votos favorables de la formación de Rocío Monasterio para sacar adelante unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. En enero de 2020, cuando volvía a estar sobre la mesa la necesidad de preparar las cuentas -que finalmente han vuelto a ser prorrogadas-, los de Vox volvían a reiterar sus 'líneas rojas' en torno al Pin Parental, entre otras cuestiones.

En febrero, la Comunidad de Madrid continuaba achacando la falta de borradores a la necesidad de tener información y “certezas” por parte del Gobierno de España, al tiempo que Aguado prefería no aventurarse a la tramitación y negociación de los mismos con Vox. “Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente”, decía Aguado, quien señalaba que antes de contar con las posibles condiciones que “pude poner el PSOE, Podemos o Vox, que cada día dice una cosa”, se debe contar con las entregas a cuenta definitivas y con unos presupuestos elaborados únicamente desde el Gobierno regional.

Pocos días después, el Gobierno regional llevaba a la Cámara de Vallecas su primer Proyecto de Ley –tras casi ocho meses de legislatura- para llevar a cabo tres deducciones en el tramo autonómico del IRPF, una iniciativa sobre la que en el mes de diciembre Vox había registrado una enmienda a la totalidad argumentando, entre otras cosas, que el Ejecutivo regional debía ser "más ambicioso tanto en las medidas concretas como en su alcance". En este marco, se presuponían negociaciones entre el Gobierno y Vox, pero el portavoz del Grupo parlamentario Ciudadanos, César Zafra, sentenciaba que “no va a haber ningún tipo de recorte y da igual lo que diga Monasterio. No va a haber ningún tipo de negociación con el grupo parlamentario Vox".

Como dijo entonces Zafra, el Partido Popular y Vox podrán estar negociando "lo que quieran", pero aseveró que desde Ciudadanos "no lo van a aceptar" ya que desde su formación “no vamos a permitir que se recorte ningún tipo de derecho por mucho que algunos quieran", lanzó. Esa misma semana, Aguado reiteró que el Gobierno regional no negocia con Vox la aprobación del proyecto de ley de rebajas fiscales, al tiempo que el portavoz del Grupo parlamentario Popular, Alfonso Serrano, reconoció que las negociaciones seguían su curso.

Por su parte, la líder de Vox anunció un día antes de que llegara la Proposición de Ley a la Asamblea que su Grupo parlamentario había llegado a un acuerdo con el consejero de Hacienda, “en representación del Gobierno regional”, pero que el señor Aguado había anunciado que él “no lo va a aprobar”. Finalmente, Vox tumbó en la Asamblea la Proposición de Ley al votar en contra junto con el resto de grupos de la oposición, dejando a la luz que la relación entre el Gobierno y el Grupo parlamentario Vox marca distancia entre Partido Popular y Ciudadanos, estos últimos mucho más reticentes a tener relación la formación de ultraderecha.

Llegada de la pandemia

Pero lejos de amainar las tempestades en la relación de Gobierno, la llegada de la pandemia del Covid-19 a la Comunidad de Madrid supuso otro oleaje en el Ejecutivo regional. La gestión de la crisis sanitaria supuso nuevos quebrantos entre ambos socios, en especial debido a las competencias y relación entre la Consejería de Sanidad -liderada por Enrique Ruiz Escudero- y la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, que recaía entonces en Alberto Reyero. Este último entró a formar parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la mano del vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y desde su cargo defendió medidas de corte social a favor de dar ayudas a los menores no acompañados, denominados 'menas', así como promovió las primeras sanciones por LGTBIfobia.

Sin embargo, la estrategia de gestión de la pandemia -en la que incluso el de Ciudadanos decidió pasar por encima de la Presidencia acudiendo directamente a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España- supuso el inicio de una serie de desencuentros de Reyero con la presidenta regional y el consejero de Sanidad. Y es que desde el inicio, Reyero defendió su gestión y criticó la falta de medios y medicalización de estos centros, contradiciendo las visiones que desde el Ejecutivo madrileño se daban en orno a las medidas asumidas. Por ese motivo, la mandataria regional decidió conformar un mando único en lo relativo a la gestión del Covid, incluyendo la gestión de las residencias de ancianos, y designó como cabeza del mismo a Escudero.

En el mes de junio, cuando comenzaban a descender las cifras de contagios, brotaban una serie de filtraciones a los medios de comunicación que dejaban al descubierto los entresijos de la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos. Una serie de “borradores” de un protocolo de derivación de residentes enfermos del Covid-19 a los hospitales de la Comunidad de Madrid, en los que se señalaba que los mayores de cierta edad o con según qué tipo de enfermedades no debían ser trasladados, salieron a la luz de la mano de la polémica. En aquellos días, el consejero de Sanidad acusó al consejero de Políticas Sociales de «fariseísmo político» y le reprochó la filtración de los correos electrónicos dirigidos a Escudero advirtiendo de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.

Escudero insistió en que “los criterios de derivación siempre son criterios clínicos” e indicó que los recursos en el ámbito sanitario se utilizaron “para tratar de salvar la vida y no para prolongar la agonía”, y “ahí siempre se ha actuado con ese criterio”. En lo relativo a la relación con Ciudadanos dentro del Ejecutivo regional, Escudero señaló que “cada uno tiene que ser responsable de lo que ha actuado dentro de esta crisis, y si alguien está más en estar en filtraciones de correos, de yo he dicho... aquí de lo que se trata es de los madrileños, de los pacientes”.

En cualquier caso, la realidad es que este hecho, además de provocar severas críticas de la oposición, llevó a la solicitud de reprobación de Enrique Ruiz Escudero en la Asamblea de Madrid -que fue denegada- y a la creación de una Comisión de Investigación de lo sucedido en dichos centros sociosanitarios en la Cámara regional. Además, el coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, anunció a principios del mes de julio que llevará a la presidenta regional a los tribunales por su gestión durante el pico de la pandemia de coronavirus en las residencias de mayores: “Vemos el talante de Ayuso cuando la Justicia le obliga a medicalizar unas residencias para que los mayores no se mueran ahogados y para darles medios sanitarios para mejorar la pandemia y no lo hace, con sentencias judiciales firmes”, declaró Santos.

Por otra parte, desde que Isabel Díaz Ayuso -quien se contagió de Covid- se reuniera con todos los portavoces parlamentarios el 9 de marzo por la noche en la Real Casa de Correos para informarles sobre su decisión de cerrar los centros educativos en la región a causa de la expansión del Covid-19, la mandataria no rindió cuentas de sus decisiones a la oposición hasta el mes de abril. Pasadas las primeras semanas de pandemia, se comenzó a solicitar de manera reiterada la reactivación de la actividad parlamentaria -suspendida desde el mismo mes de marzo-, un hecho que se llevó a cabo finalmente el 29 de abril con la celebración de un Pleno extraordinario a petición de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que las solicitudes públicas habían sido múltiples. Antes de la celebración de este Pleno extraordinario, el 23 de abril la Cámara regional trató de celebrar una sesión plenaria parcial de manera telemática, el cual tuvo que ser suspendido pocos minutos después de comenzar por problemas técnicos.

Durante más de una hora, la presidenta regional enumeraba las medidas adoptadas desde el mes de marzo, defendiendo las diferentes decisiones de su Gobierno, como el cierre de los colegios, los criticados menús de Telepizza para los menores de familias desfavorecidas, la medicalización de hoteles, la compra de material sanitario y la llegada de aviones con dicho cargamento a Madrid, la colaboración público-privada para la gestión de la crisis sanitaria, la creación de Ifema o la gestión de las residencias de ancianos, uno de los principales focos del virus. En su discurso en el Hemiciclo, en el que también estuvieron presentes el resto de miembros del Consejo de Gobierno, los portavoces de los Grupos Parlamentarios y algunos diputados, Ayuso solicitó a los presentes y al resto de madrileños que “estén orgullosos de todas las instituciones que han colaborado con nosotros”, haciendo mención entre otros a “Su Majestad El Rey y Su Majestad La Reina”.

No ha sido la única ocasión en este año en el que Ayuso ha mostrado su apoyo rotundo a la monarquía española y al Rey emérito, a pesar de las polémicas que han rodeado a este último en el año 2020. Sin embargo, si de algo habló Ayuso aquel día fue del “milagro” de Ifema, el hospital de campaña que sirvió “para siempre de ejemplo de lo que somos capaces de hacer los españoles” y que puso la primera piedra del proyecto más ambicioso de la presidenta regional: la construcción del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. La construcción de este centro hospitalario para atención de pandemias, a pesar de haber sido la principal apuesta de la presidenta regional, no ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, sindicatos o ciudadanos, un hecho que llevó a que parte de los representantes políticos no acudieran a su inauguración en Valdebebas.

¿Moción de censura?

La gestión de la crisis sanitaria y los encontronazos entre los socios de Gobierno, así como otras críticas de la oposición, derivaron en rumores de moción de censura a la presidenta. A principios del mes de mayo, cuando Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, llegaban a un acuerdo para prorrogar el estado de alarma en España, en el Gobierno regional comenzaban a temblar los cimientos por la posibilidad de que el acercamiento a nivel nacional no fuera algo ocasional. La lectura llevaba a pensar cuál era la moneda de cambio que Sánchez otorgaba a Arrimadas por su apoyo, habiendo quienes señalaban a que Arrimadas habría puesto a la Comunidad de Madrid como objetivo.

De darse una moción de censura, los votos de Ciudadanos serían necesarios para que esta saliera a flote, por lo que un pacto entre el PSOE y Ciudadanos sería necesario. El propio líder de la oposición y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró ese mismo mes que no descartaba emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer "bien" su labor, aunque creía que "no es momento de remover gobiernos" dada la situación de pandemia. Así, mientras Vox y Ciudadanos aseguraron que no la apoyarían, Podemos-Izquierda Unida y Más Madrid hicieron presión para que esta se llevara a cabo al tiempo que Gabilondo indicaba que seguía sin ser el momento, al tiempo que Aguado cerraba filas definitivamente con la presidenta.

Las declaraciones de Gabilondo, sin embargo, chocaron pronto con unas declaraciones del secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien en agosto aseguró: "No descartamos una moción de censura; no está decidida ni mucho menos, primero hay que hablar con otras fuerzas políticas, pero esta situación se hace insostenible", ofertando incluso el cargo de presidente a Ignacio Aguado. A raíz de ello, los mentideros de la Real Casa de Correos señalaron la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso tomara la decisión de convocar unas elecciones regionales anticipadas, evitando así pasar por la posible moción de censura. Por en contrario, de nuevo, Aguado este obvió la mano tendida del PSOE, por lo que la fuerza que adquirió la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura se ha diluido conforme el paso de los meses.

La firmeza de Ciudadanos a no dejar de lado a su socio de Gobierno, a pesar de todas las discrepancias entre unos y otros, ha hecho decaer la idea. De hecho, a principios de diciembre Gabilondo señalaba que no están "centrados en ese tema", sino en la pandemia y en que haya unos Presupuestos. “Nosotros tenemos otras prioridades pero si nos preguntan tenemos que contestar. Esto no es una cuestión para el PSOE irresoluble, el PSOE afrontaría la situación con toda normalidad", subrayaba el líder de la oposición. Por su parte, la presidenta de la Comunidad negaba su intención de adelantar las elecciones en Madrid. "Yo tengo lo que quiero en Madrid. Yo quiero un gobierno como el que tengo, que está creando entre PP y Ciudadanos y respaldado por Vox", señalaba en diciembre la mandataria en una entrevista en Telecinco, en la que también insistía en que ella cree que la unión del centro derecha es "el proyecto más sensato para España". "Quiero que sigamos unidos", sentenciaba.

Actos anuales

Llegaba entre tanto el mes de septiembre y la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, una cita parlamentaria en la que Isabel Díaz Ayuso hizo balance de de su primer año al frente del Ejecutivo madrileño y defendió el papel de su Gobierno a pesar de que, en ese momento, no se había aprobado ni una sola ley. En su discurso, de más de una hora y media de duración, Ayuso hacía especial hincapié en los meses en los que su Consejo de Gobierno ha tenido que enfrentar la crisis del coronavirus. “Los objetivos de nuestro gobierno se definen con palabras claras: libertad, reacción para buscar soluciones, y humanidad en la gestión”, indicaba Ayuso, al tiempo que mencionaba cada una de las consejerías que conforman su Gobierno recalcando que “no sobran ninguna”, un mensaje directo a Vox.

Al igual que en el Debate del Estado de la Región tan solo pudieron estar presentes en la Cámara vallecana un número muy escueto de diputados, el resto de celebraciones regionales se han llevado a cabo a puerta casi cerrada y sin invitados. Las restricciones y medidas de seguridad para frenar los contagios han marcado los principales actos institucionales, como la festividad del Dos de Mayo el Día de la Constitución. En el caso del primero, la Comunidad de Madrid decidió que, debido a la situación, no hubo grandes desfiles en la Puerta del Sol ni tampoco reuniones en el interior de la Real Casa de Correos, lo cual fue sustituido por un acto institucional más íntimo que el Gobierno regional decidió convertir en un homenaje a todos los héroes madrileños que están luchando contra la pandemia.

Asimismo, el acto se desarrolló en la Puerta del Sol pero, en esta ocasión, en el exterior de la sede del Gobierno regional. Sin público y con una pequeña representación institucional, el homenaje contó con la presencia de varios miembros de los colectivos que han estado trabajando por los madrileños desde que comenzó la crisis, como sanitarios, efectivos de emergencias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Protección Civil, además de otros trabajadores de sectores esenciales que han seguido ayudando para que la Comunidad de Madrid no se parara. Dos sanitarios fueron los encargados de portar este año la corona de laurel y depositarla como ofrenda para todos los héroes que este Dos de Mayo de 2020 son homenajeados.

El 4 de diciembre, por otro lado, el patio de la Real Casa de Correos acogió tradicional acto de conmemoración de la Constitución en el que, si bien estaban presentes todos los representantes regionales y autoridades, contó asimismo con un limitado aforo de invitados y medios de comunicación debido a las restricciones sanitarias. Lejos de perder la carga política y reivindicativa, las intervenciones de la presidenta regional y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid mostraron gran intencionalidad política. De hecho, el discurso de Isabel Díaz Ayuso fue criticado por varios miembros de la oposición al ser considerado “demasiado lleno de odio y rencor”. La mandataria regional indicaba en su intervención que la Constitución es "la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben" con el patrimonio de libertad, prosperidad, concordia y paz de España, lamentando que extremismos y grupos que "venían a destruir y detestaban el consenso" se sienten hoy en día en el Gobierno central.

Críticas al Gobierno central

Pero lejos de tratarse de una crítica nueva, lo cierto es que Ayuso se ha posicionado como férrea opositora al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde el principio. El año 2020 empezaba con ganas en este sentido, pues el día 8 de enero -un día después de que Pedro Sánchez fuera investido como presidente- Ayuso comparecía ante los medios de comunicación en la Real Casa de Correos para anunciar que se enfrentará con todos los recursos que tenga a su disposición contra el “Ejecutivo radical de izquierda, apoyado en independentistas” que considera que está dispuesto a “atentar contra el mayor bien de la Comunidad de Madrid, la libertad”. Una semana después, el 16 de enero, rodeada de las principales figuras del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizaba uno de los Desayunos de Europa Press -en el que fue presentada por el vicepresidente Aguado- y su discurso tuvo como objetivo claro afear el nuevo Gobierno de coalición.

Con la llegada de la crisis sanitaria, a pesar de las llamadas a la unidad, las reticencias entre el Gobierno central y el regional empeoraron. Durante el Pleno extraordinario sobre la gestión del Covid, Ayuso señalaba que desde el Gobierno central “insultaron a los madrileños corrientes y a las empresas que donaron lo que pudieron para paliar la pandemia, diciendo que era un “mercadillo” y que yo pedía “limosna”, cuando otros ministros han seguido nuestra estela de agradecimientos”. Pero, dijo la presidenta, “lo más infame fue cuando soltaron el bulo de que en Madrid se dejaba morir a los mayores para salvar a los jóvenes. O contar a los muertos madrileños como madrileños y no como españoles”.

“No debimos confiar en un Gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder”, dijo Ayuso, indicando que “reconozco mi error: fiarme de la izquierda. Les aseguro que no volverá a ocurrir”. De esta manera, la presidenta regional ha continuado mostrando la misma posición en todas sus intervenciones públicas, una de las últimas en la Asamblea de Madrid, en la que acusó al presidente del Gobierno de haber dejado “solas” a las comunidades autónomas. “Ni una reunión del consejo de presidentes. Eso sí, cuando las cosas vayan bien o haya un buen anuncio, 'Aló Presidente' sábado y domingo, verá", le espetó Ayuso.

Aunque, si ha habido un motivo de confrontación máxima con el Gobierno central, este ha sido protagonizado por la Ley Celaá y su aprobación. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, anunció a principios de diciembre que el Ejecutivo regional se planteaba llevar a los tribunales la nueva legislación educativa, pues entre otras cosas va contra la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en el artículo 27 de la Constitución, y "quiere romper el distrito único que, además, evita la segregación porque el alumno de cualquier barrio puede acceder y solicitar plaza donde considere oportuno". Por este motivo, hace escasas semanas el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba que se había iniciado la tramitación de un nuevo Decreto para elevar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos, cuyo objetivo es dar mayor "seguridad y tranquilidad" a las familias que optan por la educación concertada.

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