20 de junio de 2021, 12:35:30
Social


Drama en las residencias y colas del hambre, un año de calamidad social

Por Lucía Martín


Días después de recibir la primera remesa de vacunas contra la Covid-19, la evolución epidemiológica en España sigue preocupando. Un descontrol generalizado en las reuniones navideñas puede derivar en un repunte de casos que ahonde no solo en la crisis sanitaria, sino también en la económica y social, en un país que ha experimentado este 2020 auténticos dramas visibles, como las colas del hambre, e invisibles, como el infierno en el que se convirtieron algunas residencias de ancianos durante el pico más duro de la pandemia.

El distrito de Latina se convirtió en protagonista involuntario de la emergencia alimentaria experimentada en los últimos meses en la Comunidad de Madrid. Esta situación comenzó a evidenciarse a principios de mayo en el barrio de Aluche, donde llegaron a contabilizarse hasta 700 personas esperando la entrega de una bolsa de comida de manos de asociaciones vecinales en un mismo día. Una impactante imagen de la que el Gobierno local se exculpó asegurando su ofrecimiento a atender a estas familias.

Desde el inicio del estado de alarma, el Ayuntamiento de Madrid habilitó cocinas en dependencias municipales desde las que salían miles de raciones diarias para los núcleos familiares más desfavorecidos, pero las despensas solidarias de las entidades vecinales y del Tercer Sector resultaron indispensables para evitar el hambre. Las donaciones de alimentos y el número de voluntarios de estas redes mermaron en verano, pero no la demanda, y las asociaciones se vieron saturadas tras asumir el sustento de más de 50.000 personas. Denunciaron la intervención insuficiente de las administraciones públicas y el Consistorio madrileño respondió con un refuerzo de los Servicios Sociales.

Los Pactos de la Villa recogieron la creación de una Tarjeta Familias con ayudas de hasta 630 euros para adquirir productos de primera necesidad de la que se beneficiarían hasta 27.000 hogares. Este instrumento se activó el 1 de septiembre, pero las primeras tarjetas no se distribuyeron hasta finales de noviembre, previas quejas por el colapso en su tramitación. Hasta la fecha, se han entregado unas 600 unidades.

Tampoco estuvo exenta de polémica la gestión por parte del Gobierno regional del reparto de menús a domicilio a 11.500 menores beneficiarios de la beca comedor por ser sus padres perceptores de la Renta Mínima de Inserción. La Comunidad de Madrid delegó en Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes su preparación, una decisión que le acarreó las críticas de los partidos de la oposición y de la FAPA Giner de los Ríos por dar comida rápida a los niños. Esta última incluso llegó a denunciar a la Consejería de Educación por esta causa. El Gobierno central envió un requerimiento a Isabel Díaz Ayuso para justificar que las raciones eran saludables y después de que hasta los hermanos Gasol se pronunciaran al respecto, la presidenta puso en marcha una alternativa más equilibrada dos meses después.

Miles de vidas se apagaron en las residencias

En paralelo a la emergencia alimentaria, en las residencias de mayores de la región se han vivido también momentos dramáticos. El virus se coló en los centros y atacó a los más débiles. Desde el minuto se convirtieron en el epicentro de la pandemia y la carencia de equipos de protección desembocó en una triste cadena de fallecimientos. A finales de marzo, 30 residencias madrileñas se encontraban ya en situación ‘límite’. La Unidad Militar de Emergencias y los Bomberos se afanaron en desinfectar estos recintos, pero en junio la cifra de ancianos fallecidos en estas dependencias superaba los 8.000, un 16 por ciento del total de internos.

La gestión de las residencias en el seno del Ejecutivo autonómico fue convulsa. Apenas diez días después de que se decretara el estado de alarma, el escenario ya era crítico y la Consejería de Sanidad retiraba las competencias a la de Políticas Sociales sobre estos centros. Así, el departamento de Enrique Ruiz Escudero asumía su control, haciendo a un lado a Alberto Reyero, que terminaría dimitiendo en octubre y siendo sustituido por Javier Luengo. Antes, el consejero había admitido en la Asamblea que las residencias “no estaban preparadas” y había señalado que la falta de EPIs se tradujo en la mayor causa de contagio en los centros de discapacidad. Estas declaraciones molestaron a Ayuso, quien afeó al diputado de Ciudadanos que diese a entender que las muertes de miles de mayores podrían haberse evitado.

Reyero admitió también el “revuelo” vivido entre los geriatras de la Consejería de Sanidad porque las órdenes para no derivar a los residentes con dependencia a discapacidad a los hospitales durante el pico de la pandemia “no se sostenían”. Al respecto, Ruiz Escudero incidió en que “no hubo exclusión en los hospitales para derivar a los mayores de las residencias”. En todo caso, la diligencia (o ausencia de ella) en la actuación de la Comunidad de Madrid con respecto a los centros de mayores se esclarecerá en la comisión de investigación abierta en la Cámara autonómica. Asimismo, la Fiscalía investiga por vía penal a 80 residencias regionales y los tribunales analizarán la gestión de Isabel Díaz Ayuso tras la denuncia de Podemos.

Ifema, reconvertido en albergue para 'sintecho'

La atención a las personas sin hogar se erigió como uno de los principales retos que tuvo que abordar el Ayuntamiento de Madrid. Antes de que entrara en vigor el confinamiento, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se anticipaba y ampliaba la Campaña del Frío dos meses para proteger a los ‘sintecho’. A esta medida se sumó la reserva de plazas en hoteles y pensiones para resguardarlos del Covid-19 y la apertura de un albergue temporal en un pabellón en Ifema con 150 camas para personas sin hogar asintomáticas, que permaneció operativo hasta el 31 de mayo. Pese a esto, centros de acogida municipales como Puerta Abierta denunciaron condiciones de hacinamiento y personal sanitario mínimo en este recurso. Ya en septiembre, el delegado Pepe Aniorte anunció un incremento del 18 por ciento en el número de plazas disponibles en la Campaña del Frío de este invierno.

Estas políticas sociales se vieron complementadas por otras orientadas al colectivo de los mayores. En los primeros compases de la pandemia, los ayuntamientos blindaron la atención a los ancianos con servicios de comida a domicilio y apoyo psicológico que se sumaron a las redes de solidaridad vecinal, que organizaron grupos para hacer la compra de alimentos y medicinas a los abuelos a fin de que estos no salieran de sus domicilios. Para aliviar su soledad sobrevenida, el Consistorio de la capital lanzó ‘Minutos en compañía’, una línea gratuita de acompañamiento telefónico operada por un centenar de voluntarios. Asimismo, se habilitaron apartamentos para las personas que perdieron a los familiares que cuidaban de ellos.

El coronavirus atravesó también los muros de las cárceles. Si en la primera ola la incidencia de casos no fue muy alarmante, en verano la situación se descontroló e Instituciones Penitenciarias se vio obligada a suspender las comunicaciones íntimas. Los funcionarios de prisiones reclamaron entonces que se les realizaran test, como sí se hacían a los internos, una petición que repitieron en octubre después de que surgieran brotes significativos en Navalcarnero y Soto del Real y la plantilla se viera muy mermada. La Consejería de Sanidad accedió a acometer un estudio serológico a los trabajadores, pero no a pagar sus PCR. En noviembre, los contagios se estabilizaron gracias al aislamiento de los módulos.

Frente al generalizado civismo exhibido por los madrileños durante el confinamiento, la desescalada trajo consigo manifestaciones sin la distancia de seguridad reglamentaria. Las primeras concentraciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez se produjeron a mediados de mayo en el barrio Salamanca cuando decenas de personas se plantaron en la calle Núñez de Balboa cacerolas en mano. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió su derecho a la protesta aunque pidió que se respetaran las restricciones. Pocos días después, Vox congregaba a miles de personas en una caravana en coche por el centro de la ciudad para criticar la gestión de la crisis del Ejecutivo nacional. Los negacionistas, por su parte, pasaban a la acción en agosto con concentraciones en contra del uso obligatorio de la mascarilla.

Casi tres meses sin luz en la Cañada Real

Al margen de los asuntos vinculados al virus, en la Comunidad de Madrid se han producido otros conflictos sociales destacados. Sin ir más lejos, la auténtica calamidad que viven ahora mismo centenares de familias en la Cañada Real, sin suministro eléctrico en sus infraviviendas desde hace más de dos meses y medio. Los enganches ilegales de las estufas de la marihuana provocan sobrecargas del 500 por ciento y la red se cayó a principios de octubre. Como protesta por los cortes de luz, los vecinos recibieron a la Policía con barricadas en el poblado e incluso llegaron a cortar la A-3.

El Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reclamar una intervención de urgencia, como la instalación de generadores, pero el Comisionado de la Cañada descartó esta medida al entender que “no es viable”. Las administraciones involucradas derivan de una a otra la responsabilidad sobre el problema mientras los habitantes de los sectores V y VI de la Cañada continúan su periplo de manifestaciones para denunciar una situación insostenible e inhumana: se han registrado hasta 40 intoxicados por inhalación de gas al no tener electricidad. La Comunidad de Madrid insiste en que la solución pasa por desmantelar las plantaciones y la Policía Nacional ya ha acometido macrorredadas. Sin embargo, la luz no ha vuelto y siguen pagando justos por pecadores.

A los problemas sociales surgidos este año se unen otros endémicos, como la okupación, presente distintos municipios de la región. Si el año pasado se desalojaron dos bastiones como La Ingobernable y La Dragona, este 2020 comenzó expulsando a los okupas de Hogar Social Madrid en Malasaña y se cierra con la recuperación del Solar Maravillas este mes de diciembre, después de que fracasara el lanzamiento en enero. Para frenar los asentamientos ilegales en inmuebles de titularidad municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha articulado un plan de vigilancia presencial.

Crisis de refugiados y sobreocupación en centros de menores

La era pre-pandemia se vislumbra muy lejana, pero este 2020 que despedimos también se caracterizó por la culminación del proceso para acoger a la oleada de solicitantes de asilo que llegaron a la capital en 2019. El Año Nuevo trajo consigo el inicio de la construcción de la ‘ciudad de los refugiados’ de Las Caracolas, en Vallecas, casi 300 plazas distribuidas en 32 barracones prefabricados. Los primeros inquilinos estrenaron este recurso el 8 de febrero.

Por otro lado, la persistente sobreocupación la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza se agudizó en los últimos meses. Los trabajadores denunciaron en marzo no contar con espacio para afrontar situaciones de emergencia ni para hacer aislamientos. El Gobierno autonómico acordó entonces derivar a los menores extranjeros no acompañados que residen en el centro a un chalé en Miraflores de la Sierra. Poco después del anuncio, la cocina de la vivienda fue incendiada. Meses después, el foco se situó sobre otro centro, el albergue juvenil temporal Richard Schirmann, en la Casa de Campo.

Algunos vecinos dieron la voz de alarma ante un supuesto aumento de las agresiones y los robos en la zona desde su llegada. La concejala presidenta del distrito incluso llegó a solicitar el traslado de los menores, pero la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, rechazaron esta opción al tiempo que parte del vecindario se concentraba contra la “criminalización generalizada” de estos chicos. Vox azuzó el debate e instó a Ayuso a priorizar a las familias madrileñas antes que a los Menas. Nada nuevo en el partido de ultraderecha, que mantiene una ‘cruzada’ contra estos jóvenes al igual que contra las declaraciones institucionales para apoyar el 8-M o condenar la violencia contra la mujer el 25-N, que se ha negado a firmar por segundo año consecutivo.

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