2 de diciembre de 2020, 14:28:57
Municipios


La desescalada rural: el doble de familias vulnerables y ayudas económicas para los vecinos

Por Teresa Aísa Gasca


Entre trifulcas políticas y quejas permanentes de unos hacia otros, la Comunidad de Madrid va descendiendo peldaños en la escalera del confinamiento decretado por la crisis sanitaria del Covid-19. Más de tres meses después de que los madrileños comenzaran a encerrarse y de que la principal crítica social pasara por la literal huida de miles de madrileños a sus segundas residencias y los hogares familiares en pueblos de los alrededores de la capital, la llegada de las fases 1 y 2 han permitido el movimiento legal a todos estos lugares.

Estos días han podido verse y oírse nuevamente en edificios y comunidades de vecinos a muchos de los 'desaparecidos' de este encierro, algunos de los cuales decidieron salir de la gran ciudad en busca de una cierta “flexibilidad” que parecía que iba a existir en el ámbito rural. Algo “ni mucho menos real”, dicen la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas a Madridiario. Tres meses después de que este periódico digital hablara con vecinos y regidores de la denominada 'España vaciada' sobre cómo iban a afrontar el confinamiento, ahora toca preguntar por la desescalada y las consecuencias que el paso del virus ha dejado en sus municipios.

Una de las más graves y, por desgracia, más comunes para todos los consistorios entrevistados en esta ocasión ha sido el notable aumento en el número de familias y personas en riesgo económico. Hasta ahora, la mayoría de ayuntamientos, junto a Servicios Sociales -a veces dependientes de mancomunidades- y parroquias municipales registraban unas cuantas familias residentes en estos pueblos a las que a través de Cáritas, bancos de alimentos o subvenciones consistoriales se les echaba una mano. Ahora, un trimestre después, el número de solicitudes “se ha duplicado en muchas localidades”, cuenta a este diario Borja de Jorge, responsable de comunicación de varios consistorios de la Comunidad de Madrid.

De Jorge explica que “es verdad que ha habido muchas donaciones individuales, anónimas y solidarias por parte de los propios vecinos a los bancos de alimentos o a Cáritas, así como de empresas y entidades, pero en algunos casos también han sido necesarias las inyecciones de dinero por parte de los ayuntamientos”. En la localidad de Campo Real, por ejemplo, su Consistorio ha decidido hacer una donación de 1.500 euros a Cáritas Parroquial para la compra de alimentos, cuenta De Jorge, mientras que en Morata de Tajuña, la ayuda ha tenido que ser mayor.

Según relata su alcalde, Ángel M. Sánchez, en las últimas semanas el banco de alimentos de la localidad ha pasado de atender a 50 a familias a ofrecer la ayuda a unas 90 en base a los últimos datos que maneja, y que hace que sean “en torno a 270 personas las que estamos ayudando a día de hoy”, calcula el regidor. Además, Sánchez comenta que el Ayuntamiento ha conseguido llegar a un acuerdo con un carnicero de la zona para que a partir de esta semana y durante las próximas diez quincenas, “se ofrezca 120 kilos de carne para que junto a todo lo demás que pueden llevarse estas familias tengan productos frescos, no solo no perecederos y enlatados”.

Por otro lado, Morata de Tajuña ha detectado durante este confinamiento que los menús de Viena Capellanes que los niños becados en el comedor escolar recibían resultaban “insuficientes”, por lo que estos han sido “reforzados” con la disposición de “un menú de comida y cena casera” que ha sido financiado por el Consistorio y que en las últimas semanas ha sido entregado a más de una treintena de menores. Asimismo, en los últimos días los miembros del Ejecutivo consistorial han creado un fondo solidario al que destinan todos los meses el 10 por ciento de su sueldo para la adquisición de productos para bebé y recién nacidos.

Cerca de este municipio, en la localidad de Estremera, las consecuencias del paso del Covid-19 han presionado para que se cree un banco de alimentos: “Era una objetivo y un proyecto desde hacía tiempo, funcionábamos con el pueblo vecino e iba bien, pero después de todo esto hemos trabajado para que a partir del mes de julio lo podamos activar aquí”, dice Carmen Sánchez, su alcaldesa. En el pueblo, cuenta su regidora, se han duplicado el número de familias que solicitan ayuda de este tipo al Consistorio y a los Servicios Sociales, alcanzando casi el medio centenar. Por eso, y para evitar los desplazamientos de los vecinos -”que obviamente cuestan dinero, dependen de horarios de transporte público y además es ahora más inseguro de cara al contagio”-, se ha decidido la puesta en marcha de un banco de alimentos propio.

Miguel Ángel Medranda, regidor de Valdeolmos-Alarpardo, explica a Madridiario que esta cuestión está gestionada -en este caso- por la Mancomunidad 2016, de la cual él mismo es presidente. Esta entidad integra 12 ayuntamientos de la zona del Jarama en una asociación orientada a los servicios sociales. A lo gestionado por esta entidad, en el caso de Valdeolmos-Alalpardo se suma lo repartido por Cáritas y lo recolectado hace unas semanas en una campaña solidaria organizada por el Ayuntamiento y el Club de Fútbol Alalarpado. En este evento “se recogieron más de 480 litros de leche y grandes cantidades de alimentos no perecederos, de los que aún siguen tirando a día de hoy”, dice el alcalde. Sabedor de la situación que futura, no descarta que en unas semanas tengan que utilizar "una partida de dinero de las fiestas patronales para estas familias”.

Similar es la situación de Soto del Real, municipio cuyos servicios sociales se gestionan a través de la Mancomunidad Las Cañadas, en la que también se encuentran los municipios de El Boalo (El Boalo, Cerceda y Mataelpino), Manzanares El Real y Miraflores de la Sierra. En el caso particular de Soto del Real, comenta su alcalde, Juan Lobato, si bien se ha notado cierto incremento de la petición de estas ayudas, este no ha sido notable dado el perfil de los vecinos del lugar. Sin embargo, comenta que la Mancomunidad sí ha incrementado un cuarto de millón de euros para destinarlos a las necesidades que muchos ciudadanos de estas localidades tienen a raíz de la crisis del Covid-19.

Ayudas la hostelería

Y es que la parálisis total de la vida comercial durante estos meses ha supuesto que muchos madrileños hayan tenido que ser sometidos a un ERTE, hayan cerrado sus negocios, o sus horas de trabajo se hayan visto reducidas. Las terribles consecuencias económicas y laborales del paso del virus por la región han dado lugar ahora, en tiempos de desescalada, al diseño de medidas que les hagan frente. Una de ellas se enfoca a eximir a los hosteleros de pagar la tasa de terrazas y veladores -aunque se trata de una decisión que debe ser aprobada en Pleno consistorial- y la ampliación siempre que sea posible del espacio para dichas mesas y veladores.

La normativa del Gobierno Central que limita el aforo de las terrazas al 50 por ciento ha empujado a que muchos consistorios madrileños traten de ayudar al sector ampliando de manera gratuita el espacio disponible para este uso, para lo que han llevado a cabo estudios junto a la Policía Municipal para delimitar nuevos lugares que no afecten a los transeúntes y permitan agrandar las terrazas. “Nosotros hemos aprobado una disposición adicional a la ordenanza de tasas para eximir de manera extraordinaria el servicio y hemos rediseñado el espacio de la plaza, con lo que conseguimos cumplir el principio del 50 por ciento de aforo pero ampliamos el espacio en todos los bares que se puede”, cuenta el alcalde de Morata.

En Miraflores de la Sierra, su alcalde, Juan Guadalix, relata que “a los hosteleros cuyos negocios pueden ampliarse en la calle sin molestar a peatones se les ha permitido poner más mesas”, las cuales no están siendo cobradas por parte del Ayuntamiento por falta de datos sobre la ocupación y en aras de saber qué va a pasar este verano. Juan Lobato, alcalde del vecino pueblo de Soto del Real, ha preferido dar priorizada peatonal y hacer cortes en las calles principales de gran parte del municipio todos los fines de semana para permitir que la ampliación de terrazas. “Casi todas las terrazas han duplicado su espacio y así tienen la autorización para el mismo número de mesas que antes”, comenta Lobato, que asegura que “en años pasados había bares que no tenían terraza y ahora sí”.

En Estremera, el Ayuntamiento ha decidido aumentar el espacio para poner más mesas y ha suprimido el impuesto de Vía Urbana, y en Valdeolmos-Alalpardo el consistorio ha aprobado “poner más mesas siempre que se pueda y eximirles de todo pago de terrazas durante el año 2020”, comenta Medranza antes de subrayar: “Hay que echarles una mano y no se les pueden poner más problemas”. Eva Gallego, por su parte, comenta el paradójico caso de Madarcos, una de las localidades más pequeñas de la región madrileña: “Tenemos un único bar y está ya en funcionamiento. Lo bueno de estos sitios pequeños es que hace ya más de dos o tres semanas que estábamos hablando de cómo poder ampliar la terraza y hacer uso el bar sin que en ningún momento se 'baje la guardia' en el pueblo sobre las medidas seguridad. Es verdad que somos un municipio muy pequeño y que se podría haber flexibilizado un poco las medidas, pero no se ha hecho”.

Otras medidas económicas

Casi desde el inicio del confinamiento, muchos de los ayuntamientos de la región decidieron aprobar un nuevo calendario fiscal que permitiera retrasar el pago de algunos impuestos o hacer que dichos abonos pudieran realizarse de forma fraccionada en varios plazos. “A sabiendas de lo que iba a pasar y dentro de nuestras posibilidades como Ayuntamiento, entre las que no se encuentra la de eximir de los impuestos a los vecinos, en el mes de abril ya decidimos ampliar su periodo de pago hasta el día 20 de julio”, cuenta el regidor de Morata de Tajuña.

Lo mismo señala Juan Lobato, de Soto del Real, quien indica que “aprobamos un nuevo calendario fiscal por el que el IBI se pasó del 30 de abril al 30 de mayo, el impuesto de vehículos al 30 de junio”, y similares son los relatos al respecto de los regidores de Estremera, en Valdeolmos-Alalpartodo y el Madarcos. Por su parte, el alcalde de Miraflores de la Sierra, cuenta a Madridiario que por el momento no se ha tomado esa medida, pero que “cualquier vecino que requiera de ello puede solicitarlo directamente al Consistorio y lo valoraremos”.

Por otro lado, en Soto del Real una de las ideas que esta misma semana han planteado desde al resto de grupos políticos ha sido la de crear un programa destinado a la conciliación familiar: “Este verano el tema de las colonias infantiles va a estar muy complicado y seguramente muchos niños no van a poder ir”, explica Lobato. El plan pasa por crear una lista de vecinos cualificados para el cuidado de los niños, de manera que se incentive el empleo, y subvencionar hasta 200 euros al mes por hijo a las familias que requieran de estos servicios para poder continuar con sus jornadas laborales. “Incentivamos el empleo y echamos una mano para que todos los vecinos puedan seguir trabajando o teletrabajando durante el verano”, cuenta el alcalde.

Varios regidores, además, se encuentran diseñando otras serie de ayudas que esperan poder aprobar en Pleno para “echar una mano a los que más lo necesitan”, como describe Miguel Ángel Medranda, de Alalpardo. En su localidad, están estudiando crear subvenciones para dar un respiro a los autónomos y pymes, aunque asegura que aún no cuentan con una cuantía oficial. En cualquier caso, el dinero que se destine está previsto que proceda de lo que iba a destinarse a las fiestas patronales, las cuales han sido suspendidas por unanimidad. “No está la cosa para fiestas”, dice el alcalde, que explica que esa partida “va a ir, por un lado, para hacer test para la población y, por otro, para subvenciones” de este tipo.

Lo mismo pasa en Morata de Tajuña, donde su alcalde se reúne con “entidades sociales y sindicatos, con la oposición y con los vecinos para estudiar una serie de medidas económicas y elevar las ayudas para autónomos, pymes, entre otras, para tratar de dar ayudas de otra índole que alivien la presión fiscal para las personas que más lo necesiten”. Este dinero está previsto que salga de lo que en un principio iba a destinarse a la celebración de las fiestas patronales, que de hacerse será “simbólico y lo más básico”.

Inversión de los Ayuntamientos

Lejos de que alegrarse de la imposibilidad de llevar a cabo los festejos de las fiestas patronales en estos municipios, algunos de sus alcaldes reconocen que las cuentas consistoriales no dan para mucho más. El pago de la limpieza y desinfección, el refuerzo del presupuesto para servicios sociales, la realización de test a todo el personal público o la compra de material sanitario de protección para todos los vecinos ha ido poco a poco mermando las arcas de muchos ayuntamientos.

Desde que comenzó la pandemia, el Consistorio de Morata de Tajuña lleva gastados en torno a 130.000 euros, un desembolso “muy importante para el Ayuntamiento, pero que se hará todo lo necesario para asegurar la salud y la seguridad de los ciudadanos”, dice su alcalde. De hecho, esta localidad fue una de las primeras en llevar a cabo “un muestreo de la enfermedad en puntos y empleados más críticos” a través de la realización de test a “empleados públicos, comerciantes, personal sociosanitario o personal de construcción y obras, entre otros”. “No fueron tests masivos, entendimos que eso no era adecuado, se trataba de detectar positivos con el objetivo de minimizar el riesgo bajando la exposición de los vecinos al virus”, dice Ángel M. Sánchez.

En Estremera, como también en Morata de Tajuña, el Ayuntamiento ha adquirido una máquina de ozono con la que se va a desinfectar todos los días el pueblo en su totalidad, dice su alcaldesa. “Hasta ahora, los agricultores nos han ayudado con la desinfección prestándonos sus maquinarias”, comenta Carmen Sánchez, que reconoce que muchos gastos “no estaban presupuestados, como es lógico” y esto les ha llevado a “hacer auténticas maravillas para que todos los vecinos estén seguros”. En su caso, la alcaldesa señala que su Ayuntamiento no ha dejado de lado a todos los vecinos que, sin estar censados en Estremera, viven en las urbanizaciones aledañas y que “tienen todo el derecho a tener los mismos servicios que el resto, no hay ciudadanos de segunda”, algo que por otra parte ha diezmado las cuentas.

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