7 de agosto de 2020, 17:46:26
Educación


Los alumnos sordos, sin asesores ni intérpretes desde marzo

Por Teresa Aísa Gasca


A la Comunidad de Madrid se le llena la boca hablando de Educación inclusiva, pero de eso nada”, denuncia a Madridiario una de las integrantes de la junta directiva de la Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos (ABIPANS) de la Comunidad de Madrid, Antonia Espejo. A largos años de problemas “con las contrataciones y los pagos” de los asesores y los intérpretes de lengua de signos que trabajan en los centros educativos madrileños se suma ahora “una nueva muestra de que no les importamos nada”, dice Antonia.

Madre también de dos jóvenes sordas, Antonia hace hincapié en “lo primordial y esencial” que es el trabajo que hacen los asesores y los intérpretes de lengua de signos en los colegios e institutos, puesto que estos profesionales aseguran que los chicos y chicas con problemas auditivos pueden acceder y mantener el mismo nivel educativo que los alumnos oyentes. El cumplimiento de este derecho de los niños y niñas sordos, “una vez más”, no ha tenido lugar durante la crisis sanitaria después de que la consejería de Educación cesara el contrato con la empresa que realiza estos servicios.

Si bien la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Juventud, tomó medidas para que los alumnos de la región madrileña pudieran continuar con sus lecciones de manera on line después del cese de las clases presenciales el día 10 de marzo a causa de la extensión de la pandemia del coronavirus en la región, “no se aseguró de que los estudiantes sordos pudieran también realizar sus tareas de manera adecuada”. Pero no solo ha sido la Adminsitración madrileña, señala Antonia, quien expone que “ni siquiera TVE ha puesto clases destinadas a niños sordos entre el contenido educativo especial que ha emitido durante el confinamiento, ni tampoco ha añadido un intérprete o especialista”.

Según documentación a la que ha tenido acceso Madridiario, el día 11 de marzo el área dirigida por Enrique Ossorio envió a las empresas encargadas de dar este tipo de servicios una orden por la que se declaraba la suspensión de la ejecución de determinados contratos administrativos de la Consejería. En esta se expone que “con motivo de la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados y niveles de enseñanza”, se dispone “la suspensión del contrato de Atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos mediante la prestación del servicio por parte de asesores/sordos especialistas en lengua de signos española curso 2019- 2020”.

Por ello, desde ese momento los centros educativos que cuentan entre sus alumnos con chicos y chicas con problemas de audición no han contando con asesores e interpretes. Todos estos profesionales dependen de servicios externalizados por la Comunidad de Madrid, la cual saca a concurso público la licitación de los trabajos. “Es una vergüenza que esto siga siendo así, llevamos años y años pidiendo que cambie y desde la asociación hemos mandado cartas, correos y hemos pedido reuniones con la Consejería, pero no hemos conseguido nada”, dice Antonia. A su modo de ver, que la labor de unos profesionales educativos tan necesarios para los alumnos dependa de una licitación con empresas externas da muestra de que “no saben ni cuál es el perfil profesional ni la importancia que tienen”.

En cualquier caso, la suspensión del contrato de Atención educativa a alumnos sordos por parte de la Comunidad de Madrid, como sucediera con la gestión del servicio de las escuelas infantiles de titularidad, ha conllevado objetivamente que la Consejería de Educación haya dejado de pagar a la empresa encargada de proporcionar los servicios de intérpretes de lengua de signos en los centros educativos madrileños, en este caso Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. Las consecuencias que esto ha acarreado han sido varias, entre ellas que “ha habido niños que han necesitado contar con su intérprete para poder seguir el ritmo de las clases y no han podido”, exponen fuentes que han preferido permanecer anónimas debido a su relación directa con los hechos.

Estas mismas señalan que “cuando se denunció la situación desde la Consejería se dijo que los centros educativos y los profesionales que trabajan en ellos se tendrían que encargar de atender a estos chicos con su capacidad docente”, al tiempo que subrayan que muchos de los 590 alumnos sordos de toda la Comunidad de Madrid “no se han estado enterando de nada de lo que dice el profesor”, con los que han tratado de seguir las clases a través de correos electrónicos o Whats'App.

La necesidad de que los alumnos sordos contasen con estos profesionales ha llevado a algunos centros privados o concertados a contratar de manera individual y con sus propios fondos a intérpretes de lengua de signos. Las mismas fuentes cuentan a Madridiario el caso del Colegio Concertado Ponce de León de Madrid, el cual ha contratado a cuatro intérpretes de lengua de signos con sus propios recursos después de que los siete profesionales que trabajaban en el centro derivados de los servicios contratados por la Comunidad de Madrid fueran cesados. “Estos alumnos han sido unos privilegiados, su centro ha podido pagarlo, el resto no ha podido y por eso no han seguido con las clases”, dice una de estas fuentes.

Las dificultades de vivir siendo intérprete

“Ha sido una dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid”, dice otra de estas fuentes, que además expone que Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., empresa licitadora de los servicios se ha visto obligada a realizar un ERTE que ha llevado a que todos estos intérpretes, un total de 52 personas, se encuentren en estos momentos en paro y sin haber cobrado sus salarios de marzo, abril y mayo debido al actual colapso del SEPE. “Después de que el 10 de marzo se suspendieran los contratos por parte de la Consejería de Educación, esta dice que estudiará posibles indemnizaciones a las entidades perjudicadas”, comenta esta fuente, que señala sin embargo que el ERTE ha llevado a otro dilema.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son la medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha fomentado entre las empresas frente a la crisis sanitaria del Covid-19, decretando además que los ERTE finalicen cuando acabe el estado de alarma. Si bien no existe período máximo ni mínimo de extensión del ERTE, ya que la duración se determina en cada caso dependiendo de las circunstancias, en este caso se prevé que los ERTE duren lo mismo que el estado de alarma, algo que haría que los intérpretes se reincorporaran en torno a junio o julio a sus puestos de trabajo. “¿Pero qué puestos de trabajo? Estos profesionales son fijos-discontinuos y se les contrata por curso escolar, por lo que en junio o julio no van a tener trabajo”, dicen estas fuentes.

Esta situación ha derivado en “una controversia” dentro de la empresa, empezando porque se ha hecho notable que el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad obliga a que los contratos de estos profesionales sean fijo-indefinido, algo que no se ha cumplido en muchos casos. Por otro lado, si bien en un primer momento Eulen sometió a la totalidad de la plantilla en activo a un ERTE por Covid-19, con posterioridad “se ha despedido de manera temporal a 16 trabajadores fijos-discontinuos” que hace que estos no puedan acogerse a las medidas del Real Decreto Ley 8/2020 al tramitar la prestación por desempleo en el SEPE. En consecuencia, estos trabajadores están “a día de hoy viviendo de su paro, que no hay que olvidar que es poco porque por su contrato consumen casi tres meses de paro al año, durante las vacaciones de verano”, explican a Madridiario.

Tramitación tardía

A principios de curso, Madridiario se hizo eco del inicio de las clases que la licitación de los servicios de asesores e intérpretes de lengua de signos para centros educativos madrileños permanecía sin adjudicatario a tan solo dos días del comienzo de las clases. Según indicaban en ese momento fuentes de la Comunidad de Madrid, el concurso público -convocado a principios de 2019- había quedado desierto por la renuncia de la empresa a la que se le había adjudicado, Aires Creativos S.L., tal y como han indicado fuentes anónimas a este diario, y que habría ganado el concurso a 18,90€/hora. Esta renuncia motivó que la Consejería de Educación, ya una vez iniciado el curso, tuviera que llevar a cabo un “un procedimiento administrativo de urgencia”.

El motivo de las renuncias es que el importe ofertado por la Comunidad de Madrid para estos servicios no es el adecuado para cumplir con la normativa laboral y con lo establecido en el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2019 la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. se subroga a toda la plantilla y comienza una encomienda de servicio por un periodo de un mes prorrogable a tres meses al precio de 29€/hora, un precio muy superior al pagado en años anteriores y también al ofertado en la licitación.

Hasta el pasado 10 de marzo de 2020, cuando la consejería de Educación ha cesado el contrato, estos servicios han sido realizados por Eulen. Este hecho da muestra de que la Administración ha mantenido una encomienda de servicios prorrogable a tres meses hasta casi ocho meses, en los cuales no ha convocado un nuevo concurso público para la prestación de estos servicios, algo que finalmente será realizado el próximo 15 junio 2020, cuando salga a licitación el concurso por un periodo de dos cursos (2020-2021 y 2021-2022) con un importe reservado de 2.771.307,00€.

Actualmente, el concurso se encuentra en la fase de trámites con un presupuesto anual de casi 3 milllones de euros, (2.772.307,00 euros) a repartir en 11 meses. El precio por el que ahora se oferta la licitación de los servicios “llama mucho la atención, es mucho más alta que otros años”, señalan fuentes a Madridiario. Sin embargo, estas indican que “lo es porque lo ahorrado estos meses de crisis sanitaria en los que los chicos no han contando con intérpretes y asesores se ha sumado a la nueva licitación”. Asimismo, señalan que “es la primera vez que la cifra supera los 600.000 euros por curso”, algo que según explican estas fuentes es “un reconocimiento a que los tres años anteriores los recursos han sido deficitarios”.

Madridiario.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.madridiario.es