27 de mayo de 2022, 18:32:18
Política


La juez rechaza imputar a Simón porque solo investiga las decisiones del delegado del Gobierno en Madrid

Por MDO/E.P.


La juez del caso del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, tal y como solicitaba la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por covid-19 y cuya personación como acusación popular es la única admitida por el momento.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 recuerda a esta parte --cuya permanencia en la causa condiciona a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza-- que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

Añade, en relación a Simón, que esta causa no se dirige contra él y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el director del CCAES por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretende acusar, por lo que les conmina a que se dirijan a dichos juzgados.

Causas contra Simón pendientes de admitir

Las causas contra Simón aludidas por la juez Rodríguez-Medel han recaído en lo juzgados de instrucción números 11 y 53 de Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, y se encuentran pendientes de admisión, en el trámite de informe previo por parte de la Fiscalía. También entró en el Juzgado de Instrucción número 9 la que presentó una víctima de covid-19 antes de morir por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque ésta última podría haber decaído.

En cuanto a la del Juzgado de Instrucción número 11, ha sido presentada por la abogada Verónica Suárez en representación del hijo y del nieto de una mujer fallecida por covid-19 también contra Simón por homicidio imprudente. Esta segunda familia ha pedido la cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para el epidemiólogo.

Las mismas fuentes descartan que podían haberse presentado incluso querellas en otros juzgados diferentes aún pendientes de tramitar, como la instada por la propia Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena tambien contra Simón y otros cargos del Ministerio de Sanidad, según puede consultarse en la página web de esta organización.

No amplía la denuncia

Por otro lado, la magistrada ha rechazado la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno, por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del 8 de marzo.

"No procede admitir la ampliación toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí enunciados", explica Rodríguez-Medel en su providencia, que también remarca que la petición de la asociación no identifica a esos funcionarios.

En otro punto de la providencia dada a conocer este viernes, la magistrada acuerda citar como testigos el 11 de junio, un día después de que acuda Franco a declarar, a los promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.

El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigían a "sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria creada por el covid-19". Algunos testigos hablaron de que les llamó "una funcionaria", otros dijeron que "un funcionario" y en un caso se dio el nombre de "un tal 'José Luis'".

Para valorar el alcance y aclarar estos hechos descritos por el Instituto Armado, a partir de las 15.30 horas del 11 de junio, Rodríguez-Medel cita, por este orden, a representantes de varios colectivo: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

Una causa en la que muchos quieren personarse

También deniega la juez la personación en la causa de letrado Javier Fernández Torres, al no cumplir su escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Crimal (LeCrim) ; y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con las cuestiones formales y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria, "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento", insiste.

Ante la "multitud de escritos que se están recibiendo en este procedimiento por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación", la juez reitera que estas solicitudes sólo pueden articularse por representaciones legales que formalmente hayan sido tenido por parte en este procedimiento, "personación como acusación popular que hasta ahora nadie ha cumplido" por lo que únicamente se contaba con las representaciones que ejercen el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Abogacía reprocha a la juez del 8-M que devuelva el informe al forense para volver a imputar lesiones a Franco

Por su lado, la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en la causa por la que le investigan por permitir la marcha feminista del 8 de marzo, ha reprochado a la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel que devuelva su informe al médico forense con el "afán" de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.

La Abogacía ha presentado un recurso contra la decisión de remitir de nuevo la causa al forense al considerar que es "innecesario, inútil e impertinente" en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga.

Para la abogada del Estado Rosa María Seoane, que firma el escrito, devolver el informe a su autor "sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes".

Añade que ello permitiría "la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy no hay personada en forma ninguna acusación, ni la Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla". "Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada solo por la instructora", dice.

"Relación de causalidad"

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid acordó el pasado 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al juzgado.

El perito descartó la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus, ya que, según explica, "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días (entre el 5 y el 14 de marzo) y que haya resultado infectada por el virus de covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".

Por esta conclusión, la juez Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación por lesiones imprudentes y continuar la investigación por una presunta prevaricación administrativa. No obstante, el perito añadió un último párrafo en su informe que decía que "lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

Ante esto último, la juez de Plaza de Castilla de Madrid acordó en una providencia con fecha del pasado 25 de mayo remitir de nuevo la causa al médico forense adscrito al juzgado por si considera preciso "ampliar" su informe, una vez recibido el encargado a la Guardia Civil como policía judicial.

Sin "datos objetivos"

Según dice la Abogacía del Estado en su escrito, el informe del forense "no contiene ninguna información sobre los extremos que en su momento se le habían encomendado informar", que era analizar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

La abogada del Estado señala que la afirmación que hace el forense sobre que las manifestaciones han podido causar "una amplia difusión de la enfermedad" no tiene "ningún sustento científico ni técnico", ni tampoco es razonado ni se apoya en algún "dato objetivo".

"Es una afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid", subraya el recurso.

Seoane apunta que en los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus aún continuaba "toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, políticos, etc., que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos".

Añade también que, según los datos públicos publicados en la web del Metro de Madrid, en febrero de 2002 viajaron unos "15.100.000 viajeros de media en una semana, como la inmediatamente anterior al día 8 de marzo", que "compartieron elementos comunes en un reducido espacio cerrado".

"Mención genérica" a documentos

Asimismo, los servicios jurídicos del Estado afean que en el informe se haga una "mención genérica a documentos que han estado en constante evolución por el avance científico en el conocimiento del virus, y que además no dicen lo que el forense afirma con semejante simplicidad".

En este contexto, la Abogacía asegura que es "falso afirmar" que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, recomendaran cancelar los eventos multitudinarios, "sin distinción alguna". Destaca que el forense omitió que el informe emitido por el centro europeo seis días antes del 8 de marzo recomendaba la cancelación de evento "en los escenarios 3 y 4 y sólo excepcionalmente cuando concurra una causa especial, en los escenarios 1 y 2".

La Abogacía del Estado también critica el informe elaborado por la Guardia Civil y lo rechaza por tener un "claro sesgo acusatorio". Para los servicios jurídicos del Estado, en este documento no se encuentra "ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense".

Declaración de Franco

Por otro lado, la Abogacía del Estado pide también en su recurso, presentado este miércoles, la suspensión de la declaración de Franco prevista, inicialmente, para el próximo 5 de junio. Si bien, la magistrada acordó, en una providencia con fecha de ese mismo día y tras recibir "tres escritos" de los servicios jurídicos del Estado, retrasar la comparecencia al próximo 10 de junio, que será presencia.

La representación de José Manuel Franco reitera en su escrito que la declaración no puede tener lugar porque los plazos procesales, que fueron suspendidos por la declaración del estado de alarma, continúan suspendidos, al menos hasta el próximo 4 de junio. Así, al igual que hizo en el recurso contra el auto por el que la juez acordó investigar al delegado del Gobierno, alega la "indefensión" ocasionada.

"Pese a todo ello y a sabiendas de que no se trata de ninguna actuación urgente, el juzgado viene de forma ininterrumpida ordenando la práctica de diligencias, que carecen de urgencia y que pueden ser aplazables y lo viene haciendo cercenando el derecho de defensa, al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto, eso sí, amparándose en la suspensión de los plazos procesales", asevera Seoane en su escrito.

Por último, afea que la juez Rodríguez-Medel no motive en su providencia por qué acuerda citar a declarar a Franco como investigado, mientras que en el auto por el que se admitía la denuncia y se acordaban las primeras diligencias de investigación, no se le llegara a declarar tal condición "por no encontrar en ese momento los indicios necesarios para ello".

"¿Qué ha cambiado para que ahora se le cite como investigado?", pregunta la abogada del Estado, ante la "falta de concreción de los hechos imputados".

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