25 de octubre de 2020, 21:21:11
Educación


En pie de guerra por las cuotas 'voluntarias' de la concertada

Por Teresa Aísa Gasca


La primera semana del mes, aquella en la que las cuentas bancarias se llenan rápido y se vacían aún más. El pago de la hipoteca, los gastos de la casa, las diferentes suscripciones o las cuotas de los colegios y actividades de los niños agrandan el agujero del bolsillo. Este abril, dada la actual situación de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, las subidas y bajadas en las cifras bancarias han cambiado para la mayor parte de las familias, aunque en algunos casos de manera inesperada e “ilógica”.

“Esperábamos que con la llegada del recibo de este mes viéramos la regulación del mes de marzo y que no nos cobraran nada de abril, pero no ha sido así”, cuenta la madre de un alumno de Primaria del Colegio Los Ángeles, en Getafe. La mensualidad recibida tanto por ella como por el resto de las familias del centro asciende en esta ocasión a casi 300 euros por estudiante, incluyendo en dicho importe los servicios de comedor y desayuno (en ambos casos menos una reducción del 60 por ciento del mes de marzo), gabinete de orientación, gabinete médico, actividades extraescolares y la denominada por la institución como 'cuota tecnológica', dos euros con los que los padres “ayudan” al mantenimiento de la red Wifi del colegio, tal y como indica la progenitora.

Según comenta con Madridiario, “entiendo que puedan cobrarme el gabinete de orientación, porque en el caso de mi hijo no es necesario pero en el caso de otros niños puede que sí, pero no encuentro argumento para el cobro del comedor o del desayuno, por ejemplo”. En ambos casos, el centro ha aplicado una reducción del 60 por ciento de la mensualidad del mes previo y el total de este abril, pero “en ningún caso ni mi hijo ni otros chicos han ido a comer o desayunar ahí, y tampoco las cocinas se están usando ni los cocineros trabajando”, explica.

Asimismo, los estudiantes no tienen a su disposición la atención médica cuyos servicios están incluidos en la cuota mensual, de la misma manera que el centro tampoco está haciendo uso de las redes de conexión a Internet ni otros dispositivos tecnológicos. “Además, al inicio del curso todas las familias pagamos un extra por la plataforma digital que el centro usa para colgar deberes o tareas”, añade esta madre.

El Centro Los Ángeles oferta una serie de “actividades extraescolares” orientadas al refuerzo del bilingüismo de sus alumnos, cuyo precio es de 67.75 euros cada mes. De nuevo, “estas actividades extra no se están dando, pero nos las han cobrado”, explica. “Estamos haciendo de madres, de cocineras, de profesoras, trabajando y además pagando, y nos parece injusto”, indica. Por este motivo y ante la llegada de los recibos, varios padres enviaron cartas a la junta directiva del centro indicando su desacuerdo, una serie de misivas que desde Los Ángeles han catalogado como manifestaciones de “actitud negativa y falta de comprensión”.

Rechazamos y no entendemos la actitud negativa y falta de comprensión manifestada a través de algunos correos electrónicos de determinadas familias, que conocedoras del comportamiento del Colegio ante las necesidades tanto económicas como de cualquier otro tipo, no se adecuan a la conducta que el Colegio ha tenido con ellos. Nuestro Colegio enseña valores que creemos que hay que aplicar en la vida”, indica una carta enviada y firmada por el Consejo Rector a todas las familias. Este cargo, igualmente, indica que “cuando oímos comentarios incluso de autoridades académicas que hablan de no abonar recibos y cerrar colegios, debemos entender que no se refieren al tipo de colegio en el que está su hijo, sino a una mayoría de centros urbanos cuyas instalaciones y personal son solo los docentes y las aulas donde se impartes las clases”.

Sin embargo, el centro aclara que “cuando acabe el curso, en la fecha que sea, el Consejo Escolar del Centro será puntualmente informado de todos los cargos realizados y se ajustarán las cuentas totales y los servicios prestados y no prestados”, lo cual deja la puerta abierta a posibles devoluciones económicas.

Sobre esta polémica han salido al paso desde Escuelas Católicas de Madrid. "Se trata, en definitiva, de que si hablamos de gratuidad, sepamos de qué hablamos; si lo hacemos de cuotas, hablemos de cuotas; si lo hacemos de precios, pues obviamente nos refiramos a los precios; y si hablamos de donaciones, pues hablemos de donaciones. Perogrullo, ¿verdad?", señala Emilio Díaz, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de ECM. "En el caso del centro concertado -recuerda-, la enseñanza reglada es gratuita. Se financia con los presupuestos generales destinados a la Educación. Pero por desgracia, se financia mal". Y pone un ejemplo: "Es como si el dinero percibido permitiera pagar la luz, la limpieza y la recepción hasta el día 20 de cada mes, más o menos, quedando el resto a la intemperie".

Concretando en las donaciones, Emilio Díaz expone que no se ven afectadas por la suspensión como otras actividades extraescolares y otros servicios que no se están prestando en este periodo de estado de alarma ya que no hay servicio o bien que contraprestar. "Una suspensión que, en cambio, no afecta a las donaciones que, al igual que siempre, están únicamente sometidas a la liberalidad o voluntariedad del donante. Unas donaciones que, a diferencia con los precios, no son finalistas ni están vinculadas a un fin concreto, sino que únicamente persiguen que la entidad receptora o donataria, normalmente las congregaciones, fundaciones o entidades titulares, las destinen a un fin propio y previsto en sus estatutos, es decir, a un fin asistencial, humanitario, social, sanitario, educativo...".

“La solidaridad que no demuestran”

Esta madre no es la única que se ha visto en las mismas. Según comenta otra progenitora cuyo hijo acude a un centro concertado del sureste de la capital, este mes ha recibido el cobro de las “actividades complementarias” que ofrece el colegio de su hijo y que corresponden a “tres horas más a la semana de inglés, servicio de enfermería, orientación psicopedagógica, etc.” y cuyo coste es de 175 euros mensuales. “Ninguna de estas actividades extra se están llevando a cabo, por lo que tampoco tiene sentido que se tengan que pagar”, indica.

Como consecuencia, tanto ella como otras familias han indicado al centro que debido a que estas tareas no se están realizando, sino que “se están limitando a recibir listas de tareas para nuestros hijos en las que además necesitan nuestra ayuda”, durante el tiempo que dure el confinamiento y los estudiantes no tengan clases presenciales, prefieren “prescindir de pagar dicha cuota y de tener derecho a esos servicios para, cuando se retomen las clases, volver a darles de alta”.

Ante esto, la contestación del colegio fue “que devolviéramos los recibos y que ellos nos volverían a remitir los recibos con las cuotas correspondientes, pero es que no tiene que haber ninguna cuota que pagar”. Asimismo, indica la progenitora el centro ha indicado que “las cuotas de las actividades extra están concebidas en meses naturales, por lo que si mi hijo vuelve a las clases el 5 de mayo, por ejemplo, hasta el inicio de junio no podría tener derecho a las actividades complementarias”.

“Se está mostrando muy poca humanidad por su parte. Yo puedo ahora mismo pagar esa cuota, pero puede que el mes que viene no, por no hablar de que en muchas familias este mes se han quedado los padres sin trabajo o han dejado de percibir sus sueldos. El colegio podría arrimar un poco el hombro y demostrar la solidaridad de la que tanto se habla a nuestros hijos con los que no pueden”, sentencia.

Falta de justificación

Los sindicatos no han parado de recibir notificaciones de este tipo de incidencias por parte de los colegios concertados y privados de la Comunidad de Madrid. “A muchos padres les está llegando el pago de las llamadas 'cuotas voluntarias' que, como se está viendo, no son tan 'voluntarias' como se dice desde los centros”, explica Teresa Justado, de UGT Madrid. “Se están cobrando actividades extraescolares, comedor escolar y otros servicios que no se están dando y esto constituye en toda regla un hecho fraudulento”, indica.

“Hay que distinguir en todo momento los servicios que se están prestando y los que se están cobrando en estas cuotas. El curso sigue y la enseñanza, según la Constitución Española, es obligatoria y gratuita, por lo que los centros no pueden cobrar por ella. Otra cosa es que se estén dando además otras actividades adicionales, pero en lo que se refiere al seguimiento del curso escolar la normativa sustenta el hecho de que no se tienen que pagar esas cuotas voluntarias”, dice la de UGT a Madridiario.

La secretaria regional de Educación de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, Isabel Galvín, va más allá y señala que “algunos profesores de centros concertados nos alertaron de que se les estaba obligando a ir a trabajar a puerta cerrada y tuvimos que hablar con la patronal al respecto. Creemos que tiene algo que ver con el hecho de que los centros han intentando justificar de alguna manera el cobro de estas cuotas voluntarias”.

“Las cuotas voluntarias que en este caso no se justifican de ninguna manera: el mantenimiento no tiene gasto, las extraescolares están suspendidas y las empresas que las suelen impartir han decretado ERTE, los profesores están en pago delegado (son pagados por la Consejería de Educación), por lo que no hay justificación de ningún manera. Es una carga contra las familias que en un momento como este está fuera de cualquier justificación”, explica Galvín haciendo referencia a estos cobros indebidos.

Asimismo, Galvín menciona las últimas instrucciones dadas por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, dirigida por Enrique Ossorio, sobre las evolución del sistema educativo madrileño durante el periodo de estado de alarma. “La Consejería hizo unas instrucciones conjuntas que hemos recurrido porque consideramos que existe ambigüedad a la hora de considerar si la concertada puede o no puede trabajar de manera presencial en los centros. Las instrucciones no son suficientemente claras”, justifica.

Como explica, el sindicato ha presentado un recurso a la Administración en el instan al Gobierno a dejar claro que “el personal docente, de administración y servicios y otro personal destinado en los centros educativos públicos y en otros servicios educativos de la Comunidad de Madrid no deberá asistir a los mismos para desarrollar su trabajo. Dichos centros se cerrarán, salvo las excepciones debidamente justificadas” y que “en todo caso, se mantendrá en los mismos términos la prestación del servicio educativo a distancia o mediante teletrabajo”.

El cualquier caso, “quien tendría que intervenir en toda esta problemática es la Consejería de Educación, y este mes la estamos encontrando muy ausente”, indica Galvín. “Las familias tienen que recurrir a Inspección educativa y denunciar, y la Consejería tiene que intervenir dirigiendo y actuando con Inspección. Estamos en una situación en la que todos estamos contribuyendo para salir lo mejor posible y no se puede permitir que haya quienes pretendan sacar beneficios de esto, menos a costa de personas que ahora mismo están en situaciones de dificultad”, sentencia la de CCOO.

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