10 de julio de 2020, 19:12:39
Distritos


El colegio de Lavapiés que lleva 15 meses precintado pierde al 30% de sus alumnos en un año

Por Javier López Macías


Llegar a clase es una odisea para los alumnos del CEIP Antonio Moreno Rosales. Pese a está situado en Lavapiés, cada mañana tienen que coger un autobús acompañados de un monitor para recorrer cuatro kilómetros desde el parque Casino de la Reina hasta llegar al Colegio Perú, en Carabanchel. Todo, porque el suyo se cae. Literalmente. En 2011, el centro no logró pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, después de algún que otro tímido arreglo, finalmente siete años después el Ayuntamiento de Madrid, que es propietario del inmueble pese a no tener competencias educativas, decidió desalojarlo para llevar a cabo las obras necesarias. Sin embargo, los alumnos llevan 15 meses fuera del centro y las mismas todavía no han empezado, tal y como denuncian los padres.

"Las familias estamos totalmente desesperadas", asegura Alina, miembro del AMPA del centro. En una conversación con Madridiario, cuenta la incertidumbre en la que se encuentran. Primero, recuerda que la "responsabilidad" es de la Consejería regional de Educación, que se ha "desentendido", y luego cuenta cómo el comienzo de las obras de consolidación, proyectadas por el anterior Gobierno municipal de Ahora Madrid, se han ido retrasando hasta ahora.

Esto ha provocado que el colegio haya pasado de tener 135 a 90 alumnos en tan solo un año -el que han estado fuera-, lo que supone una reducción del 30 por ciento que amenaza con seguir adelgazando la lista: el actual Ayuntamiento les ha dicho que, como mínimo, no volverán a dar clase allí hasta 2021.

"De nuevo se golpea a los de siempre", denuncia Alina, que asegura que el edificio "es muy goloso" y que esos alumnos son, en su mayoría, inmigrantes. Deja así entrever una posible desaparición del centro que tampoco descarta el PSOE. "Se está poniendo en serio riesgo la existencia del único colegio público del barrio de Lavapiés", denuncia el edil socialista Alfredo González. En declaraciones a este diario, asegura que pedirá al Gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos un "plan de acción" para que las obras de conservación, que, insiste, no terminarán hasta "finales" de 2021, se ejecuten "ya".

"Mentiras" que el Ayuntamiento niega

Alina persevera mucho en que el Consistorio "ha engañado" a los padres en varios aspectos. Tras denunciar que no les dan las actas de las reuniones mantenidas, cuenta que el concejal de Centro, José Fernández (PP), excusó el no comienzo de las obras diciendo que el colegio "estaba peor" de lo que esperaban y que Ahora Madrid llevó al inquilino de uno de los bajos del centro a juicio por no dejarles realizar las obras, provocando su retraso.

Sin embargo, ella asegura que quien judicializó el asunto fue el actual Gobierno municipal, una versión que coincide con la otorgada por la Concejalía de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Fuentes del departamento de Pepe Aniorte explican que se solicitó autorización judicial para entrar en el local del sótano "a efectos de poder acometer los trabajos de refuerzo, consolidación y reparación de la red de saneamiento", algo que se ha logrado ahora.

Asimismo, desde el Área de Ciudadanos excusan el retraso en que se ha tenido que nombrar una nueva dirección por la renuncia de la anterior a realizar unas obras que costarán 318.000 y que se realizarán "una vez se tramiten los contratos de Seguridad y Salud". Además, también enumeran que la Junta Municipal ha autorizado otra inversión de 250.000 euros para completar las actuaciones pendientes. Todo ese dinero se sumará a 2,3 millones de euros más que invertirá la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, que ha rescindido el contrato con los arquitectos a los que se les encargó la rehabilitación integral del colegio para, después, redactar un nuevo proyecto.

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