16 de septiembre de 2019, 0:27:40
Opinión


Las abominables mentiras de la izquierda

Por Ana García


Cuando en el año 2004 se aprobó por unanimidad la Ley contra la Violencia de Género, me vi en la obligación moral, como mujer y como abogada, de dar un paso adelante y aportar mi granito de arena. Por eso, comencé a dar charlas en los municipios de mi Extremadura natal, especialmente, en las zonas rurales, donde el aislamiento y el silencio han sido crueles compañeros en la vida de muchas mujeres. Y en esas charlas hablé tanto a mujeres como a hombres para que todos conocieran la nueva ley, los derechos que asistían a las víctimas y, sobre todo, los nuevos recursos legales y sociales disponibles para poner fin a su calvario.

Han pasado ya 15 años de la aprobación de esa norma. Durante todo este tiempo, mi compromiso me ha llevado a elegir el Turno de Oficio de Violencia de Género y la asistencia letrada a las víctimas como mi principal actividad profesional. En paralelo, he seguido dando charlas de manera altruista.

Como concejal de Ciudadanos y miembro del grupo de trabajo de Igualdad del partido en el Congreso y la Asamblea de Madrid, mi experiencia me ha permitido impulsar y participar en la elaboración de propuestas (algunas de ellas, felizmente aprobadas) destinadas a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, a erradicar la violencia machista, a mejorar la atención a las víctimas y a prevenir y detectar los casos de acoso y extorsión sexual que sufren nuestros jóvenes cada vez a edades más tempranas.

Desde que tomé la decisión de luchar por las mujeres y por la igualdad desde el ámbito político encontré en Ciudadanos un partido abierto, que ha trabajado de forma incansable para apoyar una causa que es de todos. Sin embargo, por esta misma labor he tenido que asistir, incrédula, a los insultos, las vejaciones y las abominables mentiras de una izquierda radical que ha pretendido utilizarnos a las mujeres como arma arrojadiza.

En marzo de 2018, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, declaró que su partido nunca trataría de “capitalizar políticamente” los movimientos sociales transversales. Un año más tarde, sin embargo, nos hemos encontrado con que su compañero Fernando Grande-Marlaska ha azuzado la expulsión de los miembros de Ciudadanos de la manifestación del Orgullo en Madrid y hemos visto como Carmen Calvo pretendía adueñarse del feminismo con su ya tristemente famoso “no, bonita, no”.

Calvo es una de las cabezas visibles de una turba que acosa a cualquiera que no profese su ideología. La misma turba que pretende extender, incluso desde puestos de responsabilidad en las instituciones públicas, el embuste de que ellos son los únicos defensores de la igualdad y que los demás, incluidas las mujeres y los hombres de Ciudadanos, estamos en contra. Y también son los mismos que condenan el feminismo liberal, que ni tutela ni excluye. Prefieren, a tenor de lo que hemos visto, colgarle al feminismo la etiqueta de “propiedad privada socialista”, para poder usarlo a su antojo cuando les convenga.

¿O alguien duda de que todos aquellos que trabajamos por los derechos de las mujeres -ya sean abogados, trabajadores sociales, psicólogos, profesionales sanitarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, políticos y un largo etcétera- somos feministas? ¿Desde cuándo un ciudadano que crea en la igualdad debe pedir permiso a la izquierda sectaria para luchar por ello? ¿Tenemos los españoles que aguantar que los intolerantes, los que expulsan a otros de las reivindicaciones transversales, nos digan si somos ‘buenos’ o ‘malos’ feministas?

Jamás he preguntado a una víctima de la violencia machista a qué partido político vota. Nunca he juzgado si su ideología me gustaba antes de prestarle ayuda. La lucha de las mujeres en el siglo XXI se caracteriza por la unidad, la inclusión y la tolerancia. Nuestra desgracia, sin embargo, es que estás etiquetas ya no forman parte de la genealogía socialista ni de los radicales que les acompañan.

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