17 de noviembre de 2019, 4:48:37
Política


El Pleno concluye que sí hubo indicios de corrupción en la Comunidad

Por Paula Díaz

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba las conclusiones de las comisiones de investigación sobre la corrupción y la auditoría de la deuda sólo con los votos en contra del PP. La mayoría de diputados, en cambio, considera probado que sí hubo indicios de corrupción en la Comunidad, tanto entre la clase política como en las empresas públicas y la contratación con las entidades privadas. Mañana la comisión de universidades dictaminará sobre el máster de Cifuentes.


Indicios de corrupción que se dejan ver, también en la auditoría de la deuda de la Comunidad. Esa es la conclusión que la Asamblea de Madrid ha extraído de las correspondientes comisiones de investigación sobre corrupción y endeudamiento, cuyos dictámenes han sido votados este jueves en el Pleno. Ambos han recibido el apoyo de Ciudadanos, PSOE y Podemos mientras el PP ha protestado por lo que considera un "circo", una "manipulación", una "cacería" y una "causa general contra un partido político".

Así se ha manifestado el diputado popular Alfonso Serrano tras las intervenciones de sus homólogos de Ciudadanos -César Zafra-, PSOE -Encarnación Moya- y Podemos -Miguel Ongil-, que se felicitaron por los trabajos realizados en ambas comisiones. "Nos acusan (al PP) de un delito sin tener pruebas", insistió el popular tras insistir en que no tiene sentido abrir una comisión de investigación sobre temas que, en su mayor parte, "están judicializados".

La bronca entre los grupos de la oposición y la bancada derecha del Salón de Plenos fue continua. Tanto que el diputado naranja se vio obligado a utilizar, por primera vez desde que se aprobó el nuevo Reglamento de la Asamblea, la tarjeta azul que permite solicitar a la Mesa un turno extra de réplica. Lo consiguió, no sin antes discutir con la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados.

Al final, todo transcurrió según lo previsto y lo ya expresado en las correspondientes comisiones: Ciudadanos, PSOE y Podemos se aliaron para aprobar los dictámenes con las conclusiones de las mismas mientras el PP emitió enmiendas que fueron tumbadas en el Pleno.

Aguirre, González y Granados, el "triunvirato corrupto"

La Asamblea insta a los responsables de la corrupción a devolver el dinero quebrantado al patrimonio público

Según la oposición, está probado que en la Comunidad de Madrid hubo "una trama continuada de corrupción" en las épocas de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ambos expresidentes, junto a Francisco Granados, son considerados en el dictamen como "un triunvirato corrupto" al ser, dicen, los "responsables máximos" de la red que "afectaba a todas las instituciones y a las empresas públicas" como habrían puesto de manifiesto los casos de los espías, Lezo, Canal, Telemadrid, Arpegio o Ivima, entre otros.

"Sin duda, las empresas públicas de la Comunidad de Madrid fueron instrumentos para eludir o minimizar los controles propios de la Administración, que son mucho más rígidos en materia de contratación, de pagos y de contratación de personal", reza el texto. Ello indica "una deliberada intención de no ejercer ese control o de ejercerlo sesgadamente en base a sus intereses", añade.

Además, las conclusiones destacan las sospechas sobre la posible financiación irregular del PP, no sólo en cuanto a campañas electorales se refiere, sino también al uso de fondos públicos para fines personales como los de mejorar la imagen de uno u otro dirigente.

En resumen, las conclusiones de dicha comisión apuntan a la existencia de una "red clientelar" que se benefició de forma "ilegítima" del dinero de los madrileños. Un dinero que ahora exijen que se devuelva a la Comunidad. "Instamos al Gobierno a promover cuantas acciones judiciales sean necesarias para exigir responsabilidades civiles contra los responsables de los quebrantos patrimoniales de los recursos públicos para la recuperación del daño económico provocado al patrimonio público, en particular en los casos en los que la Comunidad está personada", solicitan en el documento.

El dictamen fue aprobado por los 80 votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos frente a los 47 en contra del PP.

Gestión "no transparente" de los contratos

Del mismo modo, la comisión sobre el endeudamiento de la Comunidad establece que la gestión del Gobierno regional no fue transparente ni se realizó en defensa del interés público.

La comisión sobre el endeudamiento de la Comunidad insta al próximo Gobierno a revisar las concesiones con empresas

"Hay ausencia de planificación y de informes técnicos que justifiquen las inversiones independientemente si se trata de Metro Ligero, M-45, hospitales o Campus de la Justicia. Las decisiones se han tomado sin estudios de necesidad o de alternativas", reza el texto. "El sobrecoste es muy alto. Los gastos realizados son más altos de los previstos y han generado una deuda por muchos años", añade. "Es una irresponsabilidad política hipotecar sin justificación sectores tan importantes como la Sanidad o el Transporte a futuro", apostilla.

Asimismo, "los concursos presentaban deficiencias", "los contratos son poco claros con cláusulas que benefician a las concesionarias mayoritariamente", empresas que, además, "aparecen en los sumarios judiciales de las tramas de corrupción". Es decir, "podría haberse hecho una gestión fraudulenta del sistema de contratación", concluye la comisión haciendo referencia al caso del Canal de Isabel II o el Campus de la Justicia.

"Hay sospechas razonadas sobre la mala gestión de estos asuntos por parte de los responsables de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid en el período de investigaciones de la Comisión" (2008-2014), continúa el texto, que pretende ser elevado a la Fiscalía y que busca, como en el caso de la comisión anticorrupción, "la reparación del daño económico" causado al erario público.

Además, insta al futuro Ejecutivo a "revisar las concesiones para reducir el endeudamiento futuro", ya sea por vía de denuncia a la justicia de los contratos o de renegociación, concluye el texto.

Éste dictamen fue aprobado, también, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos y pese a la oposición del PP.

El máster de Cifuentes, este viernes

Por otro lado, mañana se celebrará la sesión de la comisión de investigación de universidades que dictaminará las conclusiones de la Asamblea sobre el presunto máster falso de la expresidenta Cristina Cifuentes.

Esta sesión llega tras tres sesiones de comparecencias en las que la mayoría de los citados ha utilizado su derecho a no declarar. Este es el caso de la propia exmandataria, que este mismo miércoles apeló a su inmersión en una causa judicial (el 'caso Máster', en el que la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel por un presunto delito de falsedad documental) para no responder a las preguntas de la oposición.

La mayoría de los encausados por el 'caso Máster' se acogieron a su derecho a no declarar en la comisión de universidades

Del mismo modo, la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito y la docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado prefirieron no declarar ante la comisión de la Asamblea. Sí lo hicieron el director del periódico que destapó el caso, Eldiario.es, Ignacio Escolar, el catedrático considerado responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, o el consejero de Educación, Rafael van Grieken.

Por su parte, el rector de la URJC, Javier Ramos, aseguró el pasado lunes que la institución retirará el título a Cifuentes si se produce una sentencia firme que declara falsa el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Mientras, el PP emitirá un voto particular al dictamen de la comisión, mientras Ciudadanos y Podemos consideran cojo el cierre de la comisión, al no haber logrado, gracias al pacto de PP y PSOE, que también acudieran a declarar el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad socialista Carmen Montón. Los socialistas, por su parte, se defendieron alegando que "se trataba de esclarecer la responsabilidad institucional" en el presunto documento falso y consideran que sí hubo "asistentes que han aportado datos claros" que demostrarían que hubo "presiones del Ejecutivo autonómico a la URJC para tratar de cerrar la crisis del 'caso Máster'.

Madridiario.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.madridiario.es