20 de julio de 2019, 3:40:46
Política


La Asamblea refuerza la protección del patrimonio de los adultos tutelados

Por Paula Díaz

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves la Ley de reforma de la Ley para la creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos que busca garantizar una mayor transparencia y seguridad de los recursos de los mayores con discapacidad que dependen de dicha institución. La normativa recibió los votos a favor de Ciudadanos -impulsor de la misma-, PSOE y Podemos y el voto en contra del PP.


La Asamblea ha aprobado este jueves reforzar la protección del patrimonio de los mayores tutelados. El dictamen ya pactado en comisión de la proposición de Ley para la reforma de la Ley de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (de 1995) ha salido adelante con los votos de Ciudadanos -impulsor de la medida-, PSOE y Podemos. El PP votó en contra.

Se trata de una normativa en la que Cs propone "añadir como principios rectores de la citada agencia, los de transparencia, coordinación, neutralidad patrimonial e información y participación". En concreto, los naranjas quieren promover la adaptación de la ley a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la obligación de auditar externamente todas las cuentas que se presentan a los juzgados, la de realizar memorias anuales y la de elaborar un Código de buenas prácticas.

Todo para evitar irregularidades en la tutela de mayores incapacitados, dado que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) ha duplicado sus nombramientos como tutor pasando de 2.295 personas tuteladas en 2008 a 4.451 en la actualidad. Además, recuerda el texto de la propuesta, "la función de tutela abarca desde la protección personal del tutelado hasta la administración de su patrimonio".

Con los cambios en la ley y la inclusión de la obligada transparencia y rendición de cuentas se pretende ofrecer "una garantía adicional para la correcta gestión del patrimonio de las personas tuteladas". De hecho, el artículo 5 relativo a los principios de información y participación, la norma establece que las personas tuteladas serán informadas -"en un lenguaje adaptado y comprensible"- de las cuestiones personales o patrimoniales que les afecten.

También el artículo 15 obliga a la Comisión de Protección del Patrimonio de las Personas con Discapacidad a asesorar al Ministerio Fiscal "en el examen de la rendición de cuentas de gestión del administrador del patrimonio protegido de las personas con discapacidad" y a elaborar "una memoria anual sobre la protección patrimonial de las personas con discapacidad".

Asimismo, la Memoria anual de actividades de la AMTA deberá constar el resultado de las auditorías externas, así como "información estadística relativa a las quejas o reclamaciones presentadas a la Agencia por los propios adultos tutelados, sus familias o por los órganos judiciales". También incluirá "los datos de las retribuciones judiciales obtenidas por el ejercicio del cargo de tutor al que tiene derecho la AMTA y que supondría una posible obtención de recursos propios" así como si dicha institución "ha sido beneficiaria de algún legado o herencia".

Por último, la AMTA tendrá prohibido "tomar dinero a préstamo o emitir títulos para la financiación del presupuesto de gasto de la Agencia, así como crear empresas o participar en el capital de las ya existentes" como medida para "salvaguardar el carácter no lucrativo" de la misma. "Tampoco podrá vender ni hipotecar el patrimonio de las personas bajo tutela para financiar las actividades de la Agencia", concluye el texto de la ley.

Una ley "innecesaria" para el PP

En el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero ha defendido que esta medida contribuirá a realizar "avances considerables" en los adultos tutelados, así como el cambio "de sociedad" respecto a la inclusión de los mismos. "Esta ley es reformista, como lo es mi grupo, no revolucionaria. Podemos mejorar las cosas poco a poco", defendió.

Por su parte, la diputada morada Isa Serra se mostró satisfecha por cumplir las expectativas de quiene llevan años "luchando por denunciar esta situación de maltrato y sufrimiento y violación de los derechos humanos" de los mayores tutelados. "Los servicios sociales son derechos, no caridad, aunque el PP insista en ello a veces", lamentó.

Josefa Navarro (PSOE) valoró el "espíritu constructivo" de los grupos parlamentarios que han trabajado en la ley. "Hemos trabajado desde el máximo rigor para mejorar la Institución y la calidad de vida de las personas tuteladas", aplaudió.

Del otro lado, Ana Camins (PP) justificó su posición en contra arremetiendo contra Cs. "Pretenden sembrar la duda sobre la profesionalidad de los funcionarios del AMTA", opinó. Y concluyó: "Es una ley innecesaria".

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