5 de diciembre de 2019, 16:20:16
Política


La Asamblea aprueba la ley de Puntos de Encuentro Familiar por mayoría absoluta

Por Paula Díaz

La normativa, que prioriza la protección y seguridad de los menores, así como de las víctimas de violencia de género, ha sido aprobada por los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos -75, en total- y la abstención del PP -47votos-.


Con mayoría absoluta. Así ha salido la Ley reguladora de Puntos de Encuentro Familiar del Pleno de la Asamblea de Madrid. El texto fue aprobado por mayoría absoluta gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos -75, de los 122 diputados presentes en la Cámara- y la abstención del PP -47 diputados-.

La normativa busca aunar la regulación de estos recursos que no sólo pertenecen a la Comunidad, sino también a algunos Ayuntamientos o a instituciones sociales privadas que los gestionan. El objetivo fundamental es garantizar la seguridad de los menores que, por distintas circunstancias, se ven obligados a utilizarlos como único método para tener contacto con sus familias, así como proteger a las posibles víctimas de violencia de género o cualquier otro maltrato a tipo de abuso.

La nueva ley fue impulsada por el PSOE, que este jueves ha agradecido el apoyo del resto de grupos parlamentarios y ha lamentado que el PP "se quede al margen de una ley que avanza en los derechos de los menores y las familias". Así se ha expresado la portavoz socialista en la Comisión de Políticas Sociales, María José Navarro, que explicó los motivos por los que esta norma era necesaria.

"Este grupo la presentó por la necesidad de regular un recurso que no está regulado", comenzó con su discurso. Después, destacó tanto el intento de acabar con las actuales listas de espera -fijando criterios y prioridades de acceso al servicio-, como el carácter "temporal" del uso de estos "espacios sociales" que buscan, también, la educación de los padres con el fin de que las famliias tengan "la autonomía suficiente para relacionarse fuera de este servicio".

Mientras tanto, establece la obligatoriedad de contar con profesionales -jurídicos, psicólogos y trabajadores sociales- especializados en Intervención Social, Infancia y Violencia de Género. Algo, dijo, en lo que "todos" los grupos están de acuerdo. Del mismo modo, hubo unanimidad en la correspondiente comisión para que dichos servicios fueran gratuitos y que la seguridad de los mismos fuera un "elemento decisivo".

Ese mismo punto, el del acuerdo, fue el que destacó su homólogo en Ciudadanos, Alberto Reyero. "En sólo tres sesiones hemos conseguido llegar a un acuerdo", aplaudió el diputado naranja. "Este es un servicio social necesario e imprescindible que ha sido maltratado por la Comunidad en los últimos años", lamentó haciendo referencia a los recortes que, durante la crisis, provocaron el cierre de varios de estos centros.

En la misma línea se expresó Isabel Serra, diputada de Podemos: "Cuando llegó la crisis también aumentó el espacio de violencia contra las mujeres y niños. Justo cuando más se necesitaba, el PP recortó 5 de 8 centros. Dejó tres recursos para 6,5 millones de habitantes", expuso. Además, Serra denunció el "copago" instalado en 2012 que ahora se revertirá.

Esta cuestión fue negada por la representante del PP, Anka Moldovan, que justificó su negativa a aprobar la ley por incluir "juicios de valor" en su preámbulo. "Se da a entender que hay un coste y unas tasas que nunca se han cobrado", aseguró la diputada popular. Ella defendió que la Comunidad ya tenía normativas suficientes para garantizar la seguridad de los ahora llamados Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF). Por ello, pese a estar de acuerdo en que la Proposición de Ley era necesaria y había recabado un gran acuerdo, su grupo decidió abstenerse.

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