11 de diciembre de 2019, 5:01:58
Política


Aguirre y su entorno crearon la Dirección de Seguridad para espiar a rivales

Por MDO/E.P.

El informe de la comisión de corrupción de la Cámara regional concluye que Esperanza Aguirre es la responsable de crear durante su mandato en la Comunidad de Madrid una Dirección General de Seguridad en la que se empleó dinero público para espiar a a sus rivales políticos. Además, también señala a Ignacio González y Francisco Granados como responsables 'in vigilando'.


La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid concluye en su informe, conocido este jueves, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su entorno crearon durante su mandato regional la Dirección General de Seguridad para hacer seguimientos a sus rivales políticos.

Según las propuestas de conclusiones elaboradas por los tres partidos de la oposición (Cs, PSOE y Podemos), hubo seguimientos "demostrados" de varios asesores del Ejecutivo autonómico, exagentes de la Policía y la Guardia Civil, a varios políticos del PP.

Los seguimientos se realizaron en un periodo previo a la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia, en un momento de rivalidad de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy por una parte, y de enfrentamiento no solapado entre Aguirre y el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, recuerdan.

"Las personas que fueron objeto de seguimiento comprobado estaban claramente posicionadas políticamente frente a Aguirre en el seno del PP, lo que induce a concluir que solamente podían tener en interés en conocer los movimientos o actividades de esas personas la propia Aguirre y su entorno más cercano", señalan.

Para realizar estos seguimientos se necesitaba un dispositivo de seguridad del que la Comunidad de Madrid carecía "y para ello se creó la Dirección General de Seguridad y se incorporaron a ella los asesores de seguridad procedentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil", indica la investigación llevada a cabo por los diputados autonómicos.

Esa dirección fue ocupada por Sergio Gamón, que fue cesado tras conocerse el registro del Campus de la Justicia. Entonces, fue sustituido por Enrique Barón, "pero bien por su relación con Aguirre o bien por la necesidad de mantener un dispositivo que permitiera continuar con las actividades irregulares que se realizaban bajo su dirección, fue nombrado responsable de una nueva dirección de seguridad que se creó 'ad hoc' para él".

En ese sentido, la comisión anticorrupción apunta que entre los años 2008 y 2010 existieron y se mantuvieron con dinero público dos direcciones generales de seguridad en una comunidad autónoma "que no tiene ni tenía ninguna competencia en la materia".

Aunque todos los asesores de seguridad que comparecieron en la comisión declararon que ellos no habían realizado estos seguimientos, "la negación fue en primera persona y es más que evidente que sí se produjeron ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran", concluyen.

Y es que para los tres grupos de la oposición en la Asamblea "existió un mal uso de los fondos públicos por parte del Gobierno regional porque se realizaron seguimientos a personas que trabajaban en la Administración, empleando medios humanos y materiales pagados por la administración pública, con fines personales o partidistas y se utilizaron empleados públicos para hacer seguimientos a políticos como los señores Alfredo Prada, que fue consejero del Gobierno, y Manuel Cobo, concejal del Ayuntamiento de Ruiz Gallardón".

Las conclusiones de la comisión son tajantes al afirmar que para dichos seguimientos se utilizaron coches, teléfonos y ordenadores y realizaron partes de trabajo "de unos seguimientos que nada tenían que ver con la finalidad para la que fue concebida la Dirección General de Seguridad, según las informaciones oficiales".

"Del hecho demostrado de la existencia de seguimientos y de las declaraciones efectuadas por asesores de seguridad que afirmaron que Sergio Gamón, siguiendo instrucciones de Ignacio González, les ordenó seguir a varios responsables políticos, se puede concluir que pudieron realizarse más seguimientos a cargos del Partido Popular o de otros partidos políticos", añaden.

Responsabilidad

Por todo ello, los parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos aseguran que la responsabilidad del Gobierno en este caso es más por acción que por omisión, ya que los hechos "se llevaron a cabo por asesores y cargos públicos nombrados 'a dedo' por los responsables del Gobierno regional" y queda claro que desde la Presidencia y las Vicepresidencias "se hacía y deshacía (nombramientos, ceses, creación de supraestructura administrativa, etc.) al antojo de los intereses personales y partidistas y no del interés general".

En base a la investigación realizada por la comisión, establecen una responsabilidad política 'in vigilando' sobre Sergio Gamón, pues como director del Área de Seguridad "tuvo conductas omisivas en cuanto a sus quehaceres como jefe". Y también lo consideran responsable 'in eligendo', ya que fue "él quien fichó a los asesores procedentes de la Policía Nacional que dependían funcionalmente de la Dirección General y responsable 'in organizando' de "definir y repartir el trabajo entre sus subordinados y de una incorrecta organización de la actividad de su Dirección".

La comisión también culpa al consejero Francisco Granados como responsable 'in vigilando', ya que los asesores de seguridad que presuntamente realizaron los seguimientos empleando medios públicos para cometer acciones que no estaban dentro de los cometidos de la Dirección General de Seguridad ni de la Consejería dependían orgánicamente de él.

Y responsable 'in eligendo' de la contratación de los asesores de seguridad procedentes de la Guardia Civil e 'in organizando' por "permitir, y presuntamente impulsar, conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad", además de considerarle supuestamente también responsable de la contratación de detectives para hacer seguimientos a otros.

Además, la comisión considera al entonces presidente Ignacio González como responsable "in vigilando", ya que bajo su departamento "se realizaron los seguimientos a responsables políticos de su propio partido utilizando medios públicos para acometer acciones que no estaban dentro de los cometidos del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Es responsable 'in eligendo' por ser él parte responsable de la contratación del director general y del subdirector general de seguridad y responsable 'in organizando' por crear un dispositivo de seguridad en función de intereses partidistas y por permitir, y presuntamente impulsar, seguimientos y conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad".

Por último, las conclusiones de la comisión anticorrupción creen que la entonces presidenta autonómica es, como creadora de la Dirección General de Seguridad, responsable 'in eligendo' del nombramiento de Sergio Gamón como director general y de encomendarle la labor de organizar una estructura para dar servicio a la Comunidad de Madrid. Y también responsable 'in vigilando' por "no haber detectado (voluntaria o involuntariamente) las irregularidades y actividades al margen de la legalidad que se pudieron realizar".

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