22 de octubre de 2019, 8:33:15
Opinión


2019 de combate contra la desigualdad

Por Jaime Cedrún


En 2019 la región de Madrid no puede seguir soportando tanta desigualdad entre territorios ricos y pobres, entre personas que aumentan escandalosamente su riqueza y personas que se ven excluidas de la sociedad.

La Comunidad de Madrid no puede seguir soportando tantas muertes en los tajos como consecuencia de la precariedad y subcontratas inmisericordes. Tampoco nuestra región puede continuar contabilizando asesinatos y violencia machista sin políticas presupuestarias regionales que aborden la tragedia.

Madrid, con la capital de España al frente, debe abandonar la senda de los nuevos empleos precarios. Madrid, tierra tolerante y de acogida, debe promover políticas solidarias que enfrenten situaciones de soledad, pobreza y exclusión entre las personas más mayores, fundamentalmente mujeres.

Porque Madrid puede. Madrid es la región más rica de España, pero es la región de los contrastes. Si la desigualdad se ha instalado como norma en España, en nuestra región, laboratorio ultra durante años, la situación es, en muchos casos, abrumadora.

En España, la lucha contra la desigualdad tiene un epicentro: derogar la reforma laboral de 2011 en asuntos radicales, acompañado de políticas públicas ambiciosas gracias a una política fiscal justa.

Esto supone, por ejemplo, impedir que un convenio de empresa no pueda empeorar los salarios de un convenio sectorial; evitar que un convenio desaparezca si no se renueva; el control horario para evitar el fraude en la contratación a tiempo parcial y condicionar cómo subcontratan las empresas porque externalizan sus actividades para pagar menos salario. La derogación de la reforma laboral esté quien esté en el Gobierno de la nación, no puede esperar más.

También supone recuperar el diferencial de ingresos públicos que nos separa de Europa por culpa de una fiscalidad para ricos. Como bien demuestran los presupuestos de la Comunidad de Madrid, crisol de las políticas fiscales de las derechas españolas.

En España hemos dado algunos pasos con medidas pensadas para las personas más desfavorecidas. Hace un año suscribíamos un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 20 por ciento, hasta 850 euros mensuales. El SMI entraba en la agenda política y tras el cambio de Gobierno, se impulsaba hasta los 900 euros.

En junio, tras larga negociación, conseguíamos un acuerdo salarial para los convenios colectivos con una subida en torno al 3 por ciento anual, y un salario mínimo de convenio de 14.000 euros. Previamente el “II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público” iniciaba la vía de la recuperación de derechos para más de tres millones de personas.

También en Madrid el dialogo social ha avanzado en comparación con lo que fue el tiempo de Esperanza Aguirre. “La Estrategia por el empleo” dirigida a personas en el paro de larga duración se ha renovado y agentes sociales y administración continúan trabajando en los planes director de Salud laboral.

El año 2018 ha concluido con acuerdos y luchas ganadas. La persecución sindical no sólo no ha triunfado, si no que la afiliación y representación del sindicalismo de clase crece.

Los sindicatos tenemos músculo suficiente para combatir esa desigualdad y lo demostraremos con movilizaciones, presionando para negociar. A pesar de tratarse de un año electoral, volverá a haber una fecha clave: el 8 de marzo, símbolo de la igualdad de derechos. Y es que a las brechas de todo tipo, los techos de cristal, la violencia machista viene a sumarse ahora las amenazas de la nueva ultraderecha, que calan en toda la sociedad, pueden ir empapando de desigualdad civil a nuestra joven democracia.

Los sindicatos de clase seguiremos ahí en la barricada del combate contra la desigualdad, con la mano tendida para negociar y avanzar con buenos acuerdos hacia una sociedad más cohesionada y donde nadie se quede fuera.

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