21 de julio de 2019, 2:13:49
Transportes


Mucha política y poco lerele

Por Javier López Macías

Por fin ha llegado el día: la capital inaugura este viernes Madrid Central, la macroAPR de Centro que ha copado el debate político en los últimos dos meses. Una restricción de 472 hectáreas al tráfico privado que ha enfrentado a Comunidad y a Ayuntamiento en una guerra sin cuartel en la que los ciudadanos han visto de todo: reproches mutuos, declaraciones incendiarias y hasta recursos judiciales.


Cansados de tanto 'procés' catalán, los políticos madrileños han buscado y rebuscado su día histórico, que es hoy. Histórico porque Madrid Central fue una propuesta de Ana Botella hace años -los justos como para utilizar este adjetivo- y porque solo a un asunto de esta envergadura le fiaría su futuro político -como parece que ha hecho- el mismísimo presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Y es que, su partido ha sido la némesis de un proyecto similar al que años atrás paró su antecesor Ignacio González y que ahora ha servido para unir a un PP desorientado tras la marcha de Cristina Cifuentes y de Mariano Rajoy. Eso sí, todo comenzó mucho antes.

Desde que Ahora Madrid llegó al Palacio de Cibeles, la movilidad se ha convertido en uno de los ejes de su Gobierno y de eso han presumido siempre. Bajo esa premisa, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático el 21 de septiembre de 2017 con Madrid Central como primer punto. Aunque sin fecha -ni nombre-, ese documento sí delimitaba la zona y explicaba los motivos de la macroAPR de Centro con un entusiasmo que dejaba ver que este era -y es- el gran proyecto con el que Manuela Carmena se juega repetir en el Consistorio en las municipales de mayo.

Con esas cartas encima de la mesa, los siguientes meses sirvieron para ir desgranando datos clave que no levantaron gran polvareda hasta octubre de este año. Una vez se puso fecha a la entrada en vigor de la fase de pruebas, comenzaron los reproches, tanto políticos como ciudadanos: las manifestaciones a favor y en contra del proyecto con concentraciones y plataformas de afectados fueron la mecha de una batalla que dinamitó José Luis Martínez-Almeida al interponer un primer recurso judicial pero que ha liderado estas semanas la Comunidad de Madrid.

El presidente del Ejecutivo pidió por primera vez de manera formal la paralización del proyecto tras el Consejo de Gobierno celebrado en Collado Villalba a finales del mes pasado. Un paso que fue continuado con una ristra de titulares los días siguientes con la amenaza de un recurso que ha terminado convertido en tres: uno presentado por el Grupo Municipal Popular y otros dos por el Ejecutivo regional, contra la Ordenanza de Movilidad y contra el acuerdo de Junta de Gobierno de Madrid Central.

Una medida que casi no arranca

Como medida estrella de la Legislatura, Madrid Central no podía entrar en vigor sin suspense, pues la Justicia no aseguró su arranque definitivo hasta ayer al mediodía. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidiese no estudiar los recursos del PP aún, los magistrados sí deliberaron sobre la petición de paralización de última hora de los Automovilistas Europeos Asociados, que no consiguieron su propósito. Así, lo que pretendía ser un golpe al Ayuntamiento se convirtió en un espaldarazo judicial que, en Cibeles, esperan se repita en las próximas semanas. Si no, la APR podría llegar a pararse una vez en marcha.

Un viaje que ha dividido al PSOE

En el viaje que ha supuesto la gran APR de Centro destaca también la división que se ha producido en el PSOE. Socios necesarios de Carmena en el Ayuntamiento, la postura oficial del partido a nivel regional ha ido virando hacia separarse del grupo municipal. En este sentido, se ha podido ver cómo el secretario general José Manuel Franco pedía retrasar el proyecto hasta establecer las alternativas necesarias a los ciudadanos mientras el concejal de movilidad del Consistorio, Chema Dávila, defendía a capa y espada una idea que consideran suya.
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