24 de junio de 2019, 23:42:41
Opinión


Reducir la masificación en las aulas: una urgencia educativa

Por Isabel Galvín


Cualquiera que haya trabajado en un aula es consciente del enorme impacto que tiene la ratio de alumnos por aula en la calidad educativa. En las clases masificadas, mantener el orden consume una cantidad de tiempo desproporcionada y prestar una atención individualizada al alumnado se convierte en una utopía. Por no hablar de los equilibrismos que tenemos que realizar los profes para conseguir reunirnos con todos los padres y corregir a tiempo los exámenes de decenas de alumnos y alumnas.

Esta situación es perfectamente conocida por la Consejería de Educación, pero le importa muy poco. Solo así se explica la orden escrita que remitió el mes pasado a varios colegios de Moratalaz, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. En ella se les instaba a aumentar la ratio por aula en Educación Infantil y Primaria. No debería sorprendernos, ya que las órdenes verbales de este tipo han sido habituales en los últimos años. Lo que sí resulta insólito, sin embargo, es que la directriz se haga por escrito, lo que constituye un hecho no solo extraordinario sino sobre todo amenazador, porque con ello la Consejería se ha quitado definitivamente la careta y nos deja frente a una evidencia incuestionable: el derecho a una educación pública de calidad nunca será una prioridad para el Gobierno del PP.

Por mucho empeño y esfuerzo que pongamos los docentes, apenas llegamos a sanear, a duras penas, las muchas grietas de la enseñanza tras estos años de desmantelamiento de lo público. Solo en Villa de Vallecas hacen falta más de doscientas plazas escolares, el mismo número que de niñas y niños necesitados del acceso a una escolarización digna. El dato no es nuevo ni la carencia sobrevenida: ya faltaban en todo el distrito más de 700 plazas escolares en las diferentes etapas y enseñanzas en el curso 2016/2017. Esa falta de plazas en los centros públicos es un problema estructural en Moratalaz, en Vallecas así como en otros distritos de Madrid; y en muchas otras ciudades de nuestra comunidad. Por eso el curso ha empezado, un año más, con las aulas al límite del desborde y la certeza de que la norma de reversión de recortes que está preparando el Ejecutivo de Pedro Sánchez quedará en papel mojado en Madrid debido a la irresponsabilidad del Gobierno regional y su clara apuesta por la educación privada.

Cumplir la legalidad parece un precepto de sentido común. Respetar las ratios de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato no debería ser inviable , por tanto, en una Comunidad que puede presumir de ser la más rica de España, según el Gobierno de Madrid. Y sin embargo la Consejería se aferra a las circunstancias de excepcionalidad que permite la LOMCE para imponer unas ratios abusivas haciendo norma lo que debería ser excepción.

Por si esta falta de voluntad no fuera lo suficientemente nociva, desde la Comunidad de Madrid atribuyen la culpa de esta situación a la “errática política migratoria de Sánchez” y a la llegada de alumnos venezolanos y africanos este verano. A pesar de la gravedad de la acusación, se han negado a aportar cifras del número de inmigrantes que están siendo escolarizados, del motivo por el que han sido inscritos en esos centros en concreto o de cuándo se han producido esas matriculaciones. Es extremadamente preocupante que el gobierno regional alimente un discurso xenófobo -máxime cuando el crecimiento de la ultraderecha copa la agenda mediática- en vez de asumir su propia responsabilidad en la crónica de una saturación anunciada.

Y es que no cabe duda, por mucho que se intenten echar balones fuera, de que las cifras no mienten. No se trata de un problema relacionado con la inmigración, sino con la falta de planificación desde la Comunidad de Madrid. El curso pasado, por ejemplo, hubo un aumento de 17.000 alumnos repartidos en diversas etapas educativas, y en los últimos años el crecimiento ha sido escalado. Bastaba, por tanto, con prever la situación en vez de inventarse un enemigo imaginario para buscar la confrontación social y justificar la desprotección pública de las zonas más desprotegidas de la región.

Así las cosas, en CC. OO. seguiremos dando la batalla en los tribunales. Nos vamos a resignarnos a que Madrid tenga las ratios por aula más altas de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha emitido cuatro sentencias (la última ha llegado hoy mismo) que otorgan legitimidad a nuestras demandas sobre la necesidad de cumplir las ratios para poder ofrecer una enseñanza pública digna y de calidad. Mientras la Consejería dirigida por Rafael Van Grieken se pone de perfil, continuaremos peleando en los juzgados -pero sobre todo en las calles junto a las familias y al alumnado- hasta que logremos que el fin de la crisis deje de ser una ficción con la que algunos se hinchan el pecho y se convierta en una realidad en la enseñanza pública.

Isabel Galvín
Secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid

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