26 de junio de 2019, 0:06:39
Opinión


El maltrato a la atención primaria

Por Jaime Cedrún


Uno de los sorprendentes sustentos propagandísticos del discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, durante el pasado debate del estado de la región fue la sanidad madrileña, sin duda, una de las mejores de Europa gracias a los profesionales que empujan de ella con más voluntad y vocación que dignas condiciones de trabajo.

Dentro de la sanidad, mención aparte merece la atención primaria que, siguiendo la Ley General de Sanidad, “debería ser el pilar básico del funcionamiento de nuestro sistema sanitario y la garantía de una atención sanitaria para toda la población”, tal como reza el último informe sobre la atención primaria en la comunidad de Madrid realizado por el Observatorio Madrileño de Salud.

Dicho informe destaca el desinterés de la administración sanitaria hacia la atención primaria, algo que se evidencia con una escasa dotación presupuestaria, como en un mayor impacto de los recortes presupuestarios y en una insuficiencia de medios.

Estas afirmaciones hay que sustanciarlas en datos, y estos son discrepantes entre sí a pesar de ser oficiales. Me refiero concretamente a las “Memorias del SERMAS”, por una parte, y el “Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid. 1985-2017, Salud y Servicios Sociales”. Ambas fuentes constatarían que la comunidad de Madrid dedica a la atención primaria menos que el promedio de las comunidades autónomas. Asimismo, el porcentaje dedicado a la atención primaria del total de presupuestos sanitarios ha sido menor entre 2010 y 2016. Con todo, los datos del Ministerio de Sanidad constatan el maltrato presupuestario crónico de la asistencia primaria madrileña.

Este maltrato tiene su base en la falta de recursos humanos tanto en enfermería como médicos de familia, pediatras y administrativos. Así las cosas, el principal problema de la atención primaria a que lleva esta situación son las demoras.

Parece que la población ya tiene asimilado que transcurran más de 24 horas desde que se solicita la cita y se es atendido. El problema es que una demora mayor disminuye la accesibilidad. Además, se favorece que ante la imposibilidad de ser atendidos con prontitud se acuda a las urgencias hospitalarias públicas, saturándolas; o privadas, desviando a ésta un derecho universal, generando otro foco de desigualdad y desvirtuando el carácter asistencial de la atención primaria tal como fue concebida.

Según el “Barómetro Sanitario” se observa un retroceso en el porcentaje que recibe la atención primaria en 24 horas, retroceso que es mayor en la Comunidad de Madrid, que en el promedio español (-4,9 días frente a -4,68), que ya se situaba por debajo del promedio del país y muy lejos del objetivo del 100 por cien en 24 horas.

Esta situación se confirma con los datos de la encuesta de Comisiones Obreras sobre demoras en atención primaria realizada el pasado mes de marzo. Esta encuesta certifica la gran demora existente, no sólo en la media, sino especialmente en el rango máximo. Es decir, llegan a darse siete días de espera en medicina de familia y enfermería y tres en pediatría, con situaciones escandalosas como las demoras en fisioterapia con una media de 71 días de espera. En fisioterapia nadie es atendido antes de 15 días, llegándose a los 180 días de espera. La odontología infantil también presenta relevantes demoras con casi 64 días de espera de promedio.

Con todo, se diga lo que se diga desde el Gobierno regional, aumenta a pasos agigantado el número de personas que piensan que la atención primaria ha empeorado en los últimos cinco años, tanto es así que, esta pregunta tan obvia, desapareció del “Barómetro Sanitario” de 2017. Por ello, las últimas cifras datan de 2016, donde el 29 por ciento de los encuestados consideraban que la situación había empeorado, frente al 12 por ciento que lo opinaba el 2010.

También en este escenario hay que destacar el gasto farmacéutico, con la aplicación del copago ampliándolo a pensionistas. El copago ha generado situaciones tan dramáticas como que 234.000 personas no puedan retirar los medicamentos prescritos con los consiguientes efectos negativos sobre su salud.

Es decir, la situación de la atención primaria y el gasto farmacéutico son otra cara del poliedro madrileño de la desigualdad imperante en la región más rica de España.

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