18 de agosto de 2019, 9:11:52
Municipios


La huida de los policías locales de Galapagar

Por Alba Cabañero

Desde 2012, los agentes de la Policía Local de Galapagar trabajan sin un convenio al que ampararse, situación que ha llevado a muchos de ellos a “huir” del municipio por las inestables condiciones laborales que el Consistorio galapagueño les ofrece. Por su parte, el Ayuntamiento asegura que se encontrará abierto del todo a negociar cuando se resuelva el recurso ante lo Contencioso Administrativo interpuesto contra la instrucción de Policía Local.


Al ritmo al que avanzan los acontecimientos, el municipio de Galapagar va a quedarse sin agentes de Policía Local. En los últimos años, la plantilla ha descendido considerablemente, solicitando la mayoría de los policías –un número entre 30 y 35– el traslado a otras localidades.

Los trabajadores de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Galapagar son los más afectados por la decisión del Consistorio de no negociar un nuevo acuerdo convenio que sustituya al aprobado en el año 1991 y que, con motivo de la crisis, quedó obsoleto en 2012 tras anularse varios de sus puntos.

Esto se traduce en que los 38 agentes más sus mandos no poseen un horario de entrada o salida, trabajan turnos de 24 horas, no libran en festivos y se limitan a seguir las instrucciones dictadas desde el Consistorio.

Ante esta situación, los agentes y el resto de la plantilla del Ayuntamiento se han movilizado, manifestándose hasta en cuatro ocasiones, con el objetivo de solicitar al Grupo Municipal (PP) un nuevo acuerdo convenio que reconozca y regle los derechos y obligaciones de los empleados públicos.

“No hay voluntad de sentarse a negociar”

“No damos pasos hacia adelante, sino todo lo contrario”, destaca José Cordero, policía local de la localidad y delegado del sindicato CSIF. El agente explica a Madridiario que desde el grupo municipal se niegan a sentarse con los locales hasta que no pidan disculpas por la manera en la que están reclamando un cambio en sus condiciones de trabajo y añade que estas circunstancias están llevando a que varios trabajadores sean expedientados.

“Los concejales de recursos humanos nos transmitieron que no hay voluntad de sentarse a negociar por la manera en la que hacemos las cosas y lo harán si pedimos disculpas. Nosotros solo estamos reclamando condiciones dignas de trabajo”, denuncia.

En esta lucha, cuentan con el apoyo del grupo Galapagar en Común-IU. “Reclamamos la negociación de un nuevo acuerdo-convenio con el que recuperar todas aquellas condiciones, que fueron suspendidas debido a la crisis y que deben restablecerse y actualizarse. Además, ​instamos al gobierno de Galapagar a que se inicie un expediente de contratación para la valoración de puestos de trabajo, ​la confección de la RPT correspondiente a 2018, la catalogación de los mismos y el estudio en profundidad de las necesidades de personal, con carácter urgente”, rezaban desde el partido galapagueño en un comunicado.

Una moción aprobada no vinculante

Como asunto a tratar en el Pleno Ordinario de Febrero, la formación liderada por su portavoz, Celia Martell, presentó una moción para la urgente apertura de Mesa General de Negociación de un acuerdo-convenio para el personal del Ayuntamiento que fue suscrita por Cambiemos Galapagar.

Con el voto en contra del Partido Popular se aprobó, por lo que el Pleno de Galapagar acordó así instar al Gobierno municipal la apertura urgente de la mesa e iniciar un expediente de contratación para la valoración de los puestos de trabajo de los empleados en el Ayuntamiento.

Aun así, Cordero señala que lo pactado en el Pleno parece ser no vinculante porque no hay indicios de que esa Mesa vaya a celebrarse: “No está abierta la puerta de la negociación. Aunque la moción se aprobó, el PP votó en contra y con eso ya decían directamente que no. Por lo visto no es vinculante, así que dudo que se lleve a cabo”.

Hacer ruido, su única alternativa

A la pregunta “¿Cree que pronto cambiará la situación?”, el delegado de CSIF responde tajante: “No”. “No sé si irá a peor. Lo único que puede cambiarlo es que entre un nuevo equipo de Gobierno que, no sé si será mejor para los ciudadanos, pero será un éxito para nosotros”, indica.

“Quieren confundir al personal diciendo que pedimos dinero. Ellos se quedan más cómodos si no nos manifestamos, pero debemos hacer ruido”, critica Cordero.

Y por ahora, eso es lo único que pueden hacer: seguir manifestándose para “hacerse más visibles” y acudir a las reuniones que los vecinos del municipio mantienen con los concejales del Ayuntamiento.

Hace unas semanas, los policías fueron invitados a la reunión con los vecinos de Parquelagos –encuentro al que no acudió el PP–, preocupados por la oleada de robos que está sufriendo la zona y por la situación en la Policía Local que amenaza su seguridad.

Varios policías que llevan 12 años en la localidad destacan que la situación comenzó a torcerse a los dos o tres años de mudarse a Galapagar, y, hasta nuevo aviso –quizá hasta la próxima legislatura–, parece que seguirá así.

Un asunto judicializado

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Galapagar comentan que el Equipo de Gobierno siempre ha estado abierto a negociar, pero no lo hará hasta que los tribunales de lo Contencioso Administrativo –o los propios sindicatos– resuelvan el recurso interpuesto por los mismos frente a la instrucción de Policía Local, por lo que sí existe una puerta a la esperanza, pero queda lejos.

"Por parte del Equipo de Gobierno siempre ha habido y hay voluntad negociadora con todas las secciones sindicales, pero ellos han interpuesto un recurso ante lo Contencioso Administrativo frente a la instrucción de Policía Local, por lo que se demuestra que no existe por su parte ninguna voluntad negociadora al judicializar este asunto, incluso antes de trasladar sus reivindicaciones al Equipo de Gobierno. Por lo tanto, el Ayuntamiento esperará a lo que dispongan los tribunales de lo Contencioso Administrativo", explican fuentes municipales.

El Caso ‘Mastergate’, también en Galapagar

La polémica del Máster de la presidenta Cristina Cifuentes ha salpicado a numerosos políticos, entre ellos el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, y el concejal de seguridad, Borja Luján. “El alcalde ahora se ha hecho famoso por hacer el ridículo y descubrimos que el concejal de seguridad decía que tenía un doctorado y por lo visto ahora “se está doctorando”. Son unos caraduras”, comenta el agente José Cordero a Madridiario.

Pérez se graduó en el mismo Máster en Derecho Autonómico y Local que Cristina Cifuentes, asistiendo a clase, realizando los exámenes y presentando el Trabajo de Fin de Máster entre 2006 y 2008, según informaron a través de un comunicado desde el Ayuntamiento.

Destacaron también, que el primer edil se reservaba el derecho a iniciar actuaciones judiciales en “defensa de su honor y sus intereses personales” y de “interponer la correspondiente denuncia” ante la Fiscalía y la Agencia de Protección de Datos contra las personas que se atreviesen a sustraer los datos “de carácter reservado” de su expediente académico.

Por su parte, Borja Luján inició su doctorado en ‘Terrorismo. Aspectos legales y de política criminal y penitenciaria’ en noviembre de 2015 en la Universidad de Alcalá, y, aunque en su CV en la web del Ayuntamiento y redes sociales queda plasmado que está cursando el doctorado, se cree que anteriormente podría figurar como “Doctorado en Derecho”.

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