9 de diciembre de 2019, 7:10:20
Política

LA DECLARACIÓN, EL DÍA 5


González y el Canal, imputados por un contrato para la web

Por MDO/E.P.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar como investigado al expresidente madrileño Ignacio González por un presunto amaño en un contrato de una web del Canal, entidad que también aparece en la lista de imputados.


El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar para el próximo 5 de marzo como investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web interactiva.

Tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la información adelantada por El Confidencial, González está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Querella de una empresa de publicidad

Junto a él también ha sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria; el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica.

La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros más IVA.

Sin embargo, perdió el contrato frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertado una cifra menor a dicha cifra: 298.600 euros más IVA.

El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70 por ciento de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30 por ciento restante para que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.

González, "conocedor"

La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de marketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama Púnica, Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.

Señala que González era "conocedor de lo que estaba ocurriendo" en el Canal Isabel II, mientras que atribuye el delito de cohecho a Victoria, que presidió el Canal Isabel II después que González. También imputa la prevaricación a este y a Casanueva y el de malversación a todos los querellados.

Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron traspasos de efectivo "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción, que continúa investigando el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, ya indicaron en su día que Eico y Madiva, recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública.

Dos empresarios reconocen pagos al PP

Dos empresarios dedicados al análisis sociológico y electoral han reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el marco del Caso Púnica, que facturaron algunos de sus pagos en el año 2011 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), cuando en realidad eran trabajos realizados para el Partido Popular de Madrid.

En su declaración ante el juez instructor, a cuyos audios ha tenido acceso Europa Press, tanto Josefa Barral, socia fundadora y administradora solidaria de Hermanos Barral- dedicada a análisis cualitativos de investigación social- como Alfonso del Corral, de la empresa Demométrica -que realiza sondeos electorales- reconocieron que realizaron trabajos para el PP en períodos justamente anteriores a las campañas y dentro de las mismas, aunque los habrían facturado a través de Fundescam.

Demométrica se fundó en el año 2000, con Hermanos Barral como socio minoritario. Así, colaboraron "estrechamente" para realizar investigaciones electorales. La primera se dedicaba estrictamente al sondeo mientras que la otra realizaba análisis "técnicos muy concretos de carácer cualitativo".

Barral narra cómo participaron en la campaña como candidato a la alcaldía de Valdemoro del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en 2003, unas elecciones que finalmente acabó ganando. Alrededor de un año antes, Demométrica firmó un contrato con el PP para realizar un análisis precisamente de la calidad de vida en Valdemoro, que la empresaria "no sabe a quién se facturó", pese a que asegura que ella "nunca ha contratado directamente con el PP o Fundescam, solo a través de Demométrica".

De ahí que negara conocer a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid en aquella época y que supuestamente se encargaba de realizar los pagos a estas empresas, según ha relatado Del Corral.

En este punto, el presidente de Demométrica ha explicado que trabajó para los populares desde las primeras elecciones de Esperanza Aguirre, en el año 2003, pero que su cliente era "cualquiera". "Los políticos funcionan de una manera muy rara. A veces me llamaba Borja Sarasola (exsecretario ejecutivo territorial del PP) para los encargos de encuestas y otras también Ignacio González", apunta el empresario.

El que le pagaba, no obstante, era Gutiérrez, según sus palabras: "Me dijo que facturase a alguna fundación. Me decía que unas las pasara directamente al PP y otras a Fundescam". Sin embargo, asegura que "nunca trabajó directamente para la fundación, sino para el PP".

Factura de 2011

Por otra parte, Barral ha detallado que en el año 2011 Del Corral le pidió que hiciera una factura para Fundescam porque "había llegado a un límite en los presupuestos". Preguntada insistentemente por la fiscal, ha terminado reconociendo que entiende que esos trabajos eran electorales, "sobre intención de voto".

"Él me dijo: por favor necesito que hagas esa factura. No me dijo nada del trabajo en sí. Para mí el cliente era Fundescam, no el PP", cuenta la empresaria. Del Corral, por el contratio, niega el testimonio de la mujer: "Le pedí que hiciera la factura porque realmente hicieron el estudio, yo se lo encargué".

Finalmente, a preguntas del abogado de Francisco Granados, Del Corral ha reconocido que "le reportaba los trabajos realizados" a Aguirre en reuniones en las que "a veces estaba y otras no". En cualquier caso, ha reiterado que la expresidenta estaba "al corriente" de la naturaleza de estos trabajos, aunque no ha podido confirmar si conocía o no los importes o la forma de los pagos. Sí que ha asegurado que tenía "trato directo con ella".

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