18 de agosto de 2019, 5:02:37
Política


El PP tira de 'autoplagio' para asegurar las bodas en fincas rurales

Por Javier García Martín

El debate sobre las bodas en fincas rústicas está más de actualidad que nunca. El PP consiguió la pasada semana paralizar el intento de la izquierda para prohibir la moda de celebrar fiestas en lugares protegidos. Esta semana, la formación quiere sacar adelante su contrapropuesta para, aseguran, clarificar la ambigüedad reinante, todo un problema judicial. La reforma, en realidad, calca unos párrafos del borrador de la Ley del Suelo presentado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en abril y que está paralizado ante un millar de enmiendas. Este autoplagio es un ejercicio de coherencia para el partido de gobierno y un atajo reprochable para la oposición. Mientras los ecologistas creen que el objetivo último del PP es legalizar la barra libre actual, los hosteleros publican listas negras de fincas "ilegales". El futuro de esta parcela de la vida pública madrileña dependerá, una vez más, de lo que decida Ciudadanos.


El PP lleva al Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves la reforma del artículo 9 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Es el segundo intento en unos días por hacer algo con este apartado de la normativa madrileña, que desenrolla la alfombra roja a algo tan de moda como organizar bodas, bautizos o simplemente cumpleaños en medio de la naturaleza.

No se sabe qué va a pasar. Ciudadanos se descolgó la pasada semana por sorpresa del acuerdo para prohibir de facto estos eventos tras haberlo pactado con PSOE, Podemos, ecologistas y hosteleros.

Así, la izquierda se quedó sola defendiendo que este tipo de festejos en zonas no sectorizadas o protegidas no solo no favorecen el desarrollo sostenible de los pueblos -como justifica la ley que los ampara-, sino que meter invitados, coches y decibelios cada fin de semana conlleva una grave afección al medio ambiente y perjudica a los hosteleros, sometidos a una regulación más exigente.

Negocio de moda

El tema no es menor. Tan vago es ese artículo 9 que, desde su aprobación, ha sido fuente de conflictos en los tribunales. Eso no ha evitado el auge de los banquetes en fincas rústicas. Decenas de propietarios sacan partido a espectaculares parcelas en barbecho gracias a esta ley, que les exige poco más que una licencia municipal. De hecho, los hosteleros denuncian que hay decenas de peticiones pendientes para abrir más.

Ahora, los populares quieren "clarificar" la ley porque reconocen que el texto actual -aprobado hace cinco años por ellos mismos- crea "inseguridades jurídicas" al estar lleno de "conceptos indeterminados". Según Podemos, estos usos se incorporaron a la Ley de Medidas Fiscales en tiempos de mayorías absolutas para favorecer exclusivamente a amigos personales del expresidente Ignacio González.

El PP ha propuesto un articulado para reducir esa ambigüedad y quiere que el partido 'naranja' se sume a su contrapropuesta, que podría aprobarse por la vía rápida en el Parlamento regional y entrar en vigor en unos días. No obstante, desde el entorno de Ignacio Aguado se asegura que no hay contactos entre el matrimonio de investidura sobre este tema y que todo está abierto.

La reforma de la Ley del Suelo por llegar

La polémica viene, sobre todo, por el contenido de la propuesta del PP, que calca el borrador de nueva Ley del Suelo presentado en abril por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Según ha podido corroborar este periódico, es, de hecho, un extracto literal de ese texto recogido en el Boletín de la Asamblea.

La nueva Ley del Suelo es una prioridad para Cifuentes.

Con el 'sí quiero' de Cs, el PP podría adelantarse a la tortuosa aprobación de esta compleja normativa que la jefa del Ejecutivo quiere ver en marcha este curso, pero que se enfrenta a un duro porvenir con casi mil enmiendas.

Desde las filas populares reconocen esta suerte de autoplagio, pero explican a este medio que es una cuestión de coherencia interna y un procedimiento lógico que recoge lo que ellos han negociado con los hosteleros, con el diputado Luis del Olmo a la cabeza.

Las "presiones" de la aristocracia

La portavoz de Podemos, Laura Díaz, entrevé, sin embargo, un atajo. A su juicio, el calco es una maniobra para "blindar" las "presiones" de la aristocracia y los terratenientes ante la posibilidad de que la Ley del Suelo no llegue a aprobarse y el borrador decaiga al final de la Legislatura.

Su partido y el PSOE han presentado sendas enmiendas a la totalidad y censuran que los populares pretendan legalizar de paso la instalación de carpas.

Está por ver qué decide Ciudadanos ahora. El portavoz de esta formación, Enrique Veloso, justificó su repentino 'no' a la propuesta de la izquierda porque el tema debía encauzarse a través de, precisamente, una modificación de la Ley del Suelo.

¿Qué dice la ley hoy?

El artículo que la oposición quería derogar y el PP quiere modificar es el 9 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Dice esto:

Tendrán la consideración de usos permitidos y autorizables que favorecen el desarrollo rural sostenible, los usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad, así como los usos caninos y ecuestres, en edificaciones existentes que puedan ser habilitadas a esos exclusivos fines, que se ubiquen en suelo no urbanizable con cualquier protección y suelo urbanizable no sectorizado.

Los usos previstos en el párrafo anterior se considerarán, en todo caso, compatibles con las normas de protección establecidas en la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid.

Estos usos podrán ser autorizados mediante el procedimiento de calificación urbanística previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y deberán contar en todo caso con la preceptiva licencia municipal. Se exceptúan los supuestos en que el planeamiento municipal expresamente los prohíba.

Legalización tapada para ecologistas

Pero, ¿qué dice la propuesta del PP copiada al borrador de la nueva Ley del Suelo? Los populares eliminan la referencia a "actos sociales y eventos familiares de especial singularidad" y abogan por permitir en su lugar la celebración de "actos culturales, ocio, banquetes o similares" siempre que tengan lugar en "edificaciones rurales declaradas Bien de Interés Cultural o Patrimonial". También, en aquellas con "algún tipo de valor arquitectónico", sin más concreción.

La propuesta del PP incluye banquetes en BIC y en granjas de caballos y perros.

El texto que podría aprobarse este jueves permite igualmente la rehabilitación de edificaciones para organizar "actividades deportivas, recreo, exhibiciones o análogas" en espacios en principio dedicados a la cría ecuestre o canina.

Para Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, este último punto es una legalización de tapado de "salones de bodas" en estos parajes que utilizan la ganadería como un pretexto pero que crean inmuebles de tipo hotelero.

La activista señala a Madridiario que, de aprobarse, el nuevo articulado no concreta nada, sino que busca paralizar procesos judiciales y que permitirá todo tipo de actividades "con una licencia municipal". "Esto no tiene nada que ver con el uso natural de este tipo de terrenos", indica.

Plataforma de denuncia

El asunto ya ha provocado la creación de una plataforma de afectados por espacios y fincas ilegales en Madrid, Feide, integrada por la Asociación Empresarial y Hotelera de Madrid (AEHM) y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER).

Esta plataforma tiene habilitado un buzón de denuncias y exhibe un listado con 26 fincas investigadas "sin los mínimos exigidos en licencias y permisos municipales". También, con diez parcelas con orden de "cese de actividad" por toda la región.

Los hosteleros critican que, "aunque parezca mentira", muchas de estos negocios operan "al margen de la legalidad". "Dicen que no son hosteleros sino arrendadores de la finca a la que acuden los novios, y por ello se dispensan de seguir todas las normas que se les exigen a cualquier establecimiento público", sostienen en su web. En ella, enumeran posibles problemas como la ausencia de controles de seguridad alimentaria, de higiene, seguridad o laborales.

Su objetivo, dicen, no es solo evitar el "intrusismo" o criticar la pasividad de algunos consistorios. También, "orientar" al consumidor para que la boda de sus sueños no se vea arruinada ante la falta de garantías que, afirman, precede a estos emplazamientos.

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