23 de mayo de 2022, 5:01:47
Opinión


Cumplir y hacer cumplir la ley

Por Regina Plañiol


De un político, de un gobernante, de un consejero, de un servidor público se espera mucho. Se espera que cumpla su programa electoral, que asuma las obligaciones del cargo público que desempeña, que tenga siempre presente el bienestar general, y que sirva con su máxima dedicación y entrega a los ciudadanos que han depositado en él su confianza.

El programa electoral es un compromiso público, un contrato con los ciudadanos, exigido y exigible. Del político que se presenta a las elecciones se espera un programa de gobierno o de legislatura, creíble y realista pero ambicioso e ilusionante y que concrete objetivos claros y precisos a cumplir en su mandato-

A todo gobernante se le exige además un comportamiento ético y que refleje los principios y valores que defiende como persona y como miembro del partido al que representa.

Desde el primer día y hasta el final de la legislatura los ciudadanos van a evaluar continuamente su grado de cumplimento y comprobar que los objetivos prometidos se cumplen y se respetan los principios y valores que defiende

Lo que se da por hecho es que los políticos van a cumplir la ley.

En realidad todos los ciudadanos tienen que respetar la ley, pero los cargos públicos no sólo deben cumplir la ley como todos los ciudadanos, sino que su cumplimiento debe ser ejemplar.

Y aunque hablamos de cosas obvias, nada se deja al azar.

Cuando un político asume un cargo público, tiene que formalizar su toma de posesión mediante un acto protocolario, formal y público. Tiene que jurar o prometer por su conciencia y honor, que va a cumplir fielmente las obligaciones del cargo que asume con lealtad al Rey y que va a guardar y a hacer guardar la Constitución como norma fundamental del estado y, en su caso, el Estatuto de Autonomía que corresponda.

Es más, no sólo tiene que comprometerse públicamente a cumplir la ley, sino que se tiene que comprometer también a hacerla cumplir. Y se convierte por tanto en el máximo valedor de la legislación vigente aunque no esté de acuerdo con ella. Es más, puede cambiarla o tratar de cambiarla, pero siempre dentro del marco de la ley. Podríamos decir que el cumplimiento de la ley es el primer compromiso ético de un gobernante.

El respeto de la ley es por tanto la primera obligación de todo político y la segunda es garantizar que todos los demás la cumplen también. Es obvio no?

Pues parece ser que no, al menos en todas las Comunidades Autónomas no, en toda España no.

En el ecuador de la legislatura se hace balance del cumplimiento de programa electoral. En la Comunidad de Madrid acabamos de celebrar el Debate del Estado de la Región y la Presidenta, Cristina Cifuentes, ha presentado el estado de la Comunidad con sobresaliente. Los compromisos asumidos se cumplen, el empleo se recupera día a día, la economía mejora y Madrid vuelve a ser la locomotora de España, la red de transporte es ágil y eficaz, los ciudadanos están muy satisfechos con la sanidad, universal, gratuita y de la mejor calidad, el informe Pisa reconoce la excelencia de la educación de Madrid, los impuestos de los madrileños son los más bajos de España…….. y el gobierno de Madrid sigue asumiendo nuevos objetivos y compromisos para los madrileños.

Pero no hablamos de cumplir y hacer cumplir la ley, es obvio, la ley se respeta en Madrid y los gobernantes se responsabilizan de que se respete por todos y dan ejemplo. Pero el cumplimiento de la ley y el respeto a la Constitución como norma fundamental del estado no está en cuestión, se da por hecho, es un deber para todos y la primera obligación ética de todo gobernante.

Pero no en toda España es así, en alguna Comunidad se cuestiona lo básico, se cuestiona el cumplimiento de la ley y, por lo tanto, se cuestiona la democracia, pero la democracia no está por encima de la ley.

Estamos viendo estos días como los gobernantes irresponsables incumplen sus juramentos o promesas y se ponen al frente del ataque a la ley

Se hurta a los ciudadanos el balance del cumplimiento de un programa electoral y un plan de gobierno, como se debería hacer al menos una vez al año en el Debate del estado de la Región. Se evita hablar de economía, empleo, educación o sanidad. Se secuestra la democracia y se reviste de falsa legalidad el ataque a las normas compartidas por todos y base de nuestra convivencia.

Se pone en cuestión la Constitución que configura las Autonomías y se quiere quebrar la norma suprema que mejor garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos. Se pretende romper nuestra Constitución y lo que es peor, se rompe el espíritu de consenso con la que se elaboró.

Lo españoles no lo van a permitir. Con todos los mecanismos que nos permite la ley, tendremos que exigirles el cumplimiento de sus juramentos o promesas, de los compromisos asumidos en su toma de posesión y recordarles que el primer compromiso ético de un gobernante es cumplir la ley y hacerla cumplir.

Regina Plañiol es diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid

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