10 de agosto de 2020, 18:46:07
Opinión


Presupuestos regionales, presupuestos para la desigualdad

Por Jaime Cedrún


A nadie se le escapa que la Comunidad de Madrid vive inmersa en un lodazal inaugurado en su día por Esperanza Aguirre. En 2003, tras el golpe que supuso el Tamayazo, se instauró un sistema ultraliberal basado en regalos fiscales y un modelo privatizador que ha venido alentando la corrupción de todo el sistema. Recientemente se aprobaban los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017, acordados entre el PP y Ciudadanos, que mantienen el escenario ultraliberal y no suponen la recuperación social, sino más privatizaciones, congelación de plantillas y menos inversión productiva.

El presupuesto para 2017 está dotado con 18.538 millones de euros y, aunque a un primer golpe de vista el Gobierno pueda “vender” mediáticamente que todas las partidas de las consejerías se han incrementado, globalmente estaría por debajo de los presupuestos de 2009.

La Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza de las regiones ricas, la recesión ya es historia aunque la crisis se mantenga, precisamente por no aplicar la medicina correspondiente, sino continuar con recetas políticas insuficientes para dar salida a los problemas reales de las personas. Así, el presupuesto regional continúa hurgando en la herida del desempleo, la precarización laboral, la devaluación salarial, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos.

Efectivamente, a pesar de la salida de la recesión, el panorama sigue siendo de crisis: el número de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa, se sitúa en 474.100 personas, solo el 18 por ciento de la contratación en 2016 fue indefinida, y los contratos a tiempo parcial se concentran en un 72 por ciento en las mujeres. El paro de larga duración se cronifica con un 58,2 por ciento de personas en esta situación. Las familias madrileñas que tienen a todos sus miembros en paro alcanza el 6,3 por ciento; además 300.000 personas desempleadas no tienen prestación por desempleo.

A ello hay que añadir la pobreza salarial que se extiende como una mancha de aceite empujada por las reformas laborales. El 31 por ciento de los trabajadores madrileños perciben salarios inferiores a los 900 euros mensuales, de los cuales un 14 por ciento cobran menos delo que marca el Salario Mínimo Interprofesional, convirtiéndose en trabajadores pobres. Además, el 20,5 por ciento de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social.

En este escenario, tiene también especial protagonismo el deterioro de la calidad de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales auspiciados por el permanente austericidio mantenido por el Gobierno regional durante el último lustro.

Así, la sanidad perdió 1.000 millones de euros, de los que 525 millones han sido en personal, lo que ha supuesto la pérdida de más de 9.000 puestos de trabajo. Para el año 2017, los conciertos y convenios sanitarios con empresas privadas siguen creciendo, en este caso un 4 por ciento, hasta alcanzar los 905,5 millones de euros. Mientras que se presupuesta un solo nuevo centro de salud en Mejorada del Campo y los hospitales públicos sufren desperfectos por no tener un mantenimiento suficiente.

Por su parte, la educación sufrió una reducción de 600 millones, de los que el 50 por ciento han sido en costes de personal, que se ha traducido en una disminución de más de 7.000 trabajadores y trabajadoras. En los presupuestos de 2017 en educación incrementan la desigualdad y el desequilibrio y apuestan por la privatización, la escuela concertada ya supone el 30 por ciento del presupuesto con casi 1.000 millones de euros. Mientras que las inversiones para nuevos colegios e institutos públicos continúan siendo insuficientes, y en la mayoría de los casos se trata de compromisos de ejercicios pasados.

Tampoco se avanza con el Presupuesto de Política Social y Familia. Se dota la Renta Mínima de Inserción (RMI) para atender a 39.000 familias cuando según nuestros datos, tendrían necesidad 87.000 familias que no perciben ningún ingreso. Además, la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid sigue siendo una asignatura pendiente con una lista de espera que casi alcanza a 20.000 personas con derecho a ser atendidas.

Especialmente trágico resulta que los programas contra la violencia de género y a favor de la igualdad, alcanzan los 22,5 millones de euros, un 50 por ciento menos que en el año 2009, mientras que el número de mujeres asesinadas y maltratadas por sus parejas no para de incrementarse. Ayer mismo era asesinada, junto a su hijo, la víctima número 29.

En materia de gasto no podemos obviar que un pilar básico para que sea posible el cambio de modelo productivo en la región, esto es, la inversión en I+D+i alcanza los 166,77 millones de euros, lo que supone el 0,89 por ciento del gasto total.

Por otra parte, en el apartado de ingresos, vuelve a consolidarse una política fiscal injusta, destacando la bonificación al 100 por ciento del Impuesto de Patrimonio o al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que sólo beneficia al 6 por ciento de los contribuyentes madrileños, precisamente aquellos con mayores rentas y patrimonios, a costa de que el resto de la ciudadanía sufra recortes en los servicios públicos que reciben.

Esta política fiscal iniciada en el año 2003, ha significado según datos de la propia Consejería de Economía y Hacienda, un detrimento en las cuentas públicas de más de 36.000 millones de euros, cifra equivalente a la actual deuda de la Comunidad de Madrid estimada en 31.000 millones de euros.La consecuencia más inmediata de esta injusta fiscalidad es el detraimiento de recursos económicos, en un momento donde son muy necesarios, para la cobertura de los servicios públicos básicos como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o el transporte entre otros.

Así pues, no son, como reza el lema del Gobierno Regional, los Presupuestos para avanzar en la recuperación social, bien al contrario, son unos presupuestos que ahondarán en las desigualdades sociales. No obstante, considero un elemento muy positivo la recuperación del dialogo social que ha propiciado las partidas dedicadas a políticas activas de empleo. Esta mejora es consecuencia de la firma de la Estrategia por el Empleo acordado con los agentes sociales. En esta línea, también hay que reconocer el mantenimiento del impulso generado en beneficio de la salud y la seguridad en el trabajo con la reciente firma del V Plan Director, así como la recuperación de las mesas sectoriales, aunque los avances, a día de hoy, siguen siendo insuficientes.

Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid

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